Pretensión peruana sobre el Territorio Chileno Antártico

El 10 de abril de 1981, Perú adhirió al Tratado Antártico y, en 1983, mediante el Decreto Supremo del 11 de julio, creó la Comisión Nacional de Asuntos Antárticos (CONAAN), organismo asesor del Gobierno. Desde entonces, algunas voces peruanas no han parado de insistir en la existencia de una fracción de territorio antártico situada al Oeste del límite chileno en el continente y superpuesto al mismo que le correspondería en virtud de estas gestiones. Con esta intención, Instaló su primera base antártica y, hacia 1987, aprobó el Plan de Política Nacional Antártica, para las expediciones sobre el territorio.

Algunas fuentes peruanas incluso se han aventurado a especular sobre la supuesta "delimitación" de un supuesto territorio peruano antártico, señalándola en propuestas que van desde una pequeña y estrecha tajada que ocupa una fracción Oeste del Territorio Chileno Antártico, hasta otras que avanzan desde el paralelo 90º hasta la posición de isla Rey Jorge, cercana al 62°, acaparando la mayor parte de la Península Antártica. Se autodefine el Perú como "País Miembro del Tratado Antártico" y se argumenta que, por este mismo acuerdo, su pretensión estaría reconocida.

Hasta ahora, la pretensión sigue siendo más imaginaria que real, fomentada por al menos dos autores peruanos que han escrito libros exaltando con exageración la supuesta "relación histórica" del Perú con el continente blanco. Inclusive, ciertos grupos "etnonacionalistas" del Perú, copiando la iniciativa chilena de proclamar la existencia del Mar Presencial Chileno, han propuesto su propio "Mar Presencial Peruano" que, supuestamente, tendría un vínculo histórico con tradiciones náuticas de origen inca. Como era de esperar, este enorme mar abarcaría incluso la isla de Pascua (afirman que sus habitantes son descendientes de incas, teoría demostrada como falsa por la ciencia y los estudios de ADN), la totalidad de las costas de Chile y desembocaría, finalmente, en el territorio antártico donde, según la fantástica historia, el Imperio Inca habría llegado en jurisdicción marítima.

Desde luego, los "argumentos" para estas pretensiones son pobrísimos: el fracaso rotundo de proyectos de navegación de naves de totora o junco como la "Viracocha" y la "Matarangui" -inspiradas a su vez en las experiencias del célebre antropólogo noruego Thor Heyerdhal- han arrojado la teoría de la navegación incásica al terreno de la seudo ciencia y del realismo fantástico. Suponiendo que existen materiales autóctonos del Perú para construir una balsa o nave marina, como cuero, telas, cuerdas y totoras, estos creativos autores concluyen que el imperio incásico ¡navegó hasta la Antártida!. (Nota: presas de esta misma interpretación sin rigores científicos y de la manipulación delirante de las posibilidades de la arqueología, en 1975 el investigador norteamericano Jim Woodman y el aeronauta inglés Julian Nott, construyeron en la meseta peruana de Nazca un globo aerostático con forma de pirámide invertida y sólo con materiales típicos de la zona, el "Condor I", que, aunque se mantuvo volando a penas un par de minutos y luego cayó casi dando muerte a sus dos tripulantes, les permitió especular que los incas proyectaban la confección de las famosas líneas y figuras gigantes de aquella pampa, "volando en globos aerostáticos").

Las autoridades limeñas también crearon su propio Instituto Nacional Antártico Peruano (INANPE), que fundamentalmente sigue las actividades científicas del buque "Humbold" y de su única estación de verano en el territorio antártico, la "Machu Picchu", situada en la costa de Isla Rey Jorge, en pleno Territorio Antártico Chileno. La ley que ordenó la creación de esta base, le otorga la misión de:

"...lograr la presencia permanente e histórica del Perú en el Continente Antártico para cautelar los intereses nacionales en el campo estratégico y geopolítico, consolidando la posición del Perú en ese continente..."

Es así como el consultor peruano de biología pesquera, Malcom Allison, escribe en un artículo publicado por la Revista Internacional Nº 36 de la Sociedad Nacional de Pesquería, edición de octubre 2005, bajo el título "Pesca Responsable":

"A Perú se le ha concedido una pequeña base en una pequeña isla (King George Island), 'frente' a tierra antártica: allí nos "apiñamos" junto a Brasil, Polonia, China, Corea del Sur, además de Chile, Argentina y Rusia".

"¿Saben los peruanos que se nos ha arrinconado en una isla minúscula frente a la Antártida, en un claro gesto de menoscabo de injerencia en los asuntos antárticos?"

"El INANPE, creado en 2002, está encargado de formular, coordinar, conducir y supervisar la denominada Política Nacional Antártica. Es decir, es un juez y fiscal al mismo tiempo: INANPE formula la política y le da el visto bueno, tiene poder omnímodo y no hay poder que lo cuestione. Todo un despropósito legal. En ese sentido, ¿podemos aceptar que la explotación de petróleo, minerales y reservas de agua dulce en la Antártida no nos conviene porque harían caer los precios de esas materias primas? Aquellas son meras galimatías".

Sin embargo, hay un punto fundamental para toda eventual pretensión peruana: el Tratado Antártico de 1959 reconocía sólo las aspiraciones y propuestas de los países firmantes. Todas aquellas naciones que, como en caso del Perú, firmaron en años posteriores, son consideradas en calidad de asociados o consultores del grupo, pero de modo alguno se reconoce con ello alguna reclamación posterior o alguna cualidad "antártica" por el sólo hecho de entrar al círculo. El mismo Tratado establece:

"No se harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártica, ni se ampliarán las reclamaciones anteriores hechas valer, mientras el presente Tratado se halle en vigencia..."

Por lo anterior, pretender que la misma entrada del Perú al acuerdo internacional le otorga "derechos antárticos" es sólo un disparate alucinógeno.

La pretensión peruana en la Antártida estaría, entonces, absolutamente fuera de lugar y carente de sustento para cualquier intención de obtener algún reconocimiento internacional, valiéndose únicamente de la buena voluntad que se exige a los firmantes para permitir la presencia de otras naciones en el continente y el compromiso de no hacer efectiva ninguna clase de ejercicio de soberanía excluyente.