Con una baja prima de riesgo, las principales agencias calificadoras otorgan además elevadas notas al país sudamericano, que cerró 2012 con un fuerte crecimiento económico del 5,6 %, una inflación contenida en el 1,5 % y un desempleo de solo el 6,1 %.
A septiembre de 2012, la deuda bruta del Gobierno equivalía al 11,3 % del PIB, cifra que se compensaba con activos -muchos de ellos provenientes de los fondos soberanos- equivalente al 19,2 %.
De hecho, según la Dirección de Presupuestos, los fondos soberanos sumaban al cierre de 2012 un total de 20.881 millones de dólares, mientras que los otros activos del tesoro público ascendían a 10.418 millones de dólares.
Esos fondos se invierten en bonos soberanos de otros países que tengan buena solvencia o en depósitos de bajo riesgo.
"De esta forma, el Gobierno central se encuentra en una posición acreedora equivalente al 7,9 % del PIB, lo que supone unos 20.500 millones de dólares", explica a Efe Ignacio Briones, coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda.
Además, según cifras preliminares, en 2012 Chile logró un superávit equivalente al 0,6 % del Producto Interno Bruto.
También en 2011 hubo superávit (1,3 %), mientras que en los ejercicios previos se incurrió en déficit, tanto en 2010 (0,5 %) como en 2009 (4,3 %), en este último caso, influido por el plan de estímulo fiscal implementado para reducir los efectos de la crisis financiera internacional de ese año.
Ese plan se pudo llevar a cabo gracias a la llamada "regla de balance estructural", implementada en 2001 por el gobierno del socialista Ricardo Lagos y que se basa en un cálculo a medio plazo del crecimiento económico y del precio del cobre, principal producto de exportación del país.
Esa estrategia permite autorizar un nivel de gasto público acorde con una estimación de ingresos, independientemente del ciclo económico. De esta manera, los ingresos adicionales que se perciben en tiempos de bonanza se ahorran para poder gastarlos en coyunturas adversas.
El principal mentor de esa regla fue el entonces ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre y junto a él trabajó, entre otros, Luis Felipe Jiménez, entonces economista de ese departamento y hoy experto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Jiménez defiende que esta regla permite dar estabilidad al conjunto del gasto fiscal, incluidos los gastos para financiar los programas sociales y en concreto a los de lucha contra la pobreza, que disminuye a paso lento y que aún afecta al 14,4 % de la población.
La Cepal, explica Jiménez a Efe, aboga por que cada país de la región adopte mecanismos a su elección para garantizar la estabilidad en los programas sociales, y evitar que, como en Europa, algunos países se hayan visto obligados a recortarlos debido a la crisis.
Este experto advierte de que no es conveniente tener una alta dependencia de un solo recurso -en el caso de Chile, la minería aporta entre un 14 y un 20 % de los ingresos estatales, según el año- y anima a los países a diversificar sus fuentes de recaudación.
Según cifras de la Cepal, en Latinoamérica el promedio de la deuda pública interna y externa es del 30 %, actualmente muy por debajo del nivel europeo.
Entre los que registran menos deuda figuran Paraguay (11 %), Chile (12 %) y Perú (17,6 %), mientras que en el otro extremo se sitúan Brasil (55 %), Uruguay (43 %), El Salvador (42 %) y Argentina (41 %), aunque en su mayoría se trata de deuda interna.
En el caso de Chile, la estabilidad de sus cuentas públicas se refleja en la buena clasificación crediticia que le dan las tres principales agencias, que en los últimos tres años han subido sus notas.
Moody's y Standard & Poor's (S&P) le otorgan actualmente un sobresaliente según sus propias escalas (Aa3 y AA-, respectivamente), mientras que Fitch le da un notable alto (A+).
Con ello se sitúa en la posición 23 a nivel mundial, al lado de Japón, entre los países con mejor clasificación, según un ránking de S&P.
Aunque Chile no tiene necesidades de financiación externa, sí acude periódicamente a los mercados de deuda, pero no lo hace para financiar gastos estructurales.
El experto de Hacienda Ignacio Briones señala que el principal objetivo es "generar una referencia de mercado para el sector privado de la economía".
La última colocación en el exterior se hizo en octubre de 2012, cuando se emitieron dos bonos a 10 y a 30 años, por un monto de 750 millones de dólares cada uno, con tasas del 2,37 y 3,71 %, respectivamente.
Según el Ministerio, esas son las mejores condiciones que un país latinoamericano o emergente haya obtenido jamás.
En ese momento, la prima de riesgo del bono a diez años se situó en 55 puntos básicos (medida respecto a la rentabilidad a diez años de los bonos del Tesoro estadounidense), lo que, según Ignacio Briones, está al nivel de países desarrollados.
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Resumiendo, mientras todos nuestros envidiosos vecinos que acostumbran meterse a postear tonteras deben harta plata, a Chile el mundo le debe 20 mil millones de dolares.
ResponderBorrarPor eso estan calladitos en esta nota jejeje