Peru: Fuerzas Armadas: ¡Deberes y derechos!

Germán Parra Herrera General EP (r)

El asunto de las FUERZAS ARMADAS (FF. AA.) es un tema frecuente en la agenda de la opinión pública; algunas veces con informaciones vinculadas a la inconducta de algunos generales; otras como cajas de resonancia del rencor, el revanchismo y la persecución de los que fueron derrotados y de sus simpatizantes, los llamados “caviares”; y hasta la irracional posición de los que se proclaman neoliberales y que no creen en la necesidad de los gastos de Defensa Nacional y, por consiguiente, intentan minimizar el presupuesto de las FF.AA. hasta dejarlas en la inopia.

El presente ensayo se eleva por encima de las críticas y desde un punto de vista ético, formula una reflexión sobre los DEBERES Y LOS DERECHOS de las FF.AA.

Antes una digresión previa. La dialéctica entre LIBERTAD Y SEGURIDAD nos orienta a la conclusión que sin seguridad la libertad no es duradera; seguridad significa atenuar los riesgos. La despreocupación por los riesgos, genera tranquilidad y certeza para todas las actividades humanas.

Las FF. AA. cumplen funciones públicas relacionadas con la Seguridad y la Defensa Nacional; las FF. AA. son organismos públicos y sus integrantes son servidores públicos, con características propias que lo diferencian de los demás servidores públicos; su tratamiento, diferente, está previsto en el Artículo 168º de la Constitución. Esto explica por qué el personal militar no está sujeto a las normas de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, DLeg Nº 276 y a las normas de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público.

Las FF. AA. cumplen sus deberes públicos en el ámbito de los tres elementos componentes del Estado: en el PODER, defendiendo la soberanía nacional; es decir, la capacidad de ejercer el PODER en todo momento y en todo el país (Art. 44 de la Const.); en LA POBLACIÓN, protegiendo de las amenazas contra su seguridad (Art. 44 de la Const.); y, en el TERRITORIO, garantizando su integridad. (Art. 165 Const.).

La evaluación de los deberes de las FF. AA. con el ESTADO, tiene que concluir dejando constancia que las limitaciones en su cumplimiento, se explican por razones propias del Estado: falta de decisión política y por la reducción del presupuesto, que no han permitido cumplir entre otros la defensa de la soberanía nacional y la garantía de la integridad territorial afectadas por la actitud prepotente de CHILE con respecto a nuestra frontera terrestre y al límite marítimo. Recientemente, se ha revelado, en el Congreso de la República, que hay “zonas liberadas” excluidas de la soberanía del Estado. Si la afirmación es cierta, sería también un deber incumplido de las FF. AA. por las mismas razones antes expuestas.

En relación a LOS DERECHOS DE LAS FF. AA., tendríamos que referirnos a las REMUNERACIONES Y PENSIONES. En principio, repetimos que el personal de las FF. AA. son servidores del Estado, pero con características propias por razones de las funciones públicas que cumplen. Las remuneraciones son la retribución por los servicios prestados. En cumplimiento a la norma constitucional, la remuneración tiene que ser equitativa y suficiente que procure para el servidor y su familia el bienestar material y espiritual (Art. 24º de la Const.). Las remuneraciones del personal de las FF. AA. y, también, de la PNP, son inequitativas con relación a los demás servidores del Estado e injustas; además inequitativas internamente con respecto a lo que debería percibir un Tte. Crl. con respecto a lo que percibe un coronel.

La ex ministra del Interior Dra. PILAR MAZZETTI, en la primera reunión de la Comisión de Alto Nivel, en presencia del ministro de Economía y Finanzas, reveló que cuando era ministra de Salud, creyó que los médicos de ese sector eran los peor pagados de la administración pública; pero que, ahora, en su calidad de ministra del Interior, había comprobado que los peores pagados son los policías. Esa es la realidad; militares y policías son los peor pagados y, sin embargo, los enemigos de estas instituciones han hecho creer a la opinión pública que los militares son los privilegiados de la administración pública.

La situación es crítica; la desinformación unida a la incomunicación, está empujando a determinados grupos a demostraciones desesperadas, en un ambiente en el que la Política Pública del Gobierno está abortando primero la homologación, cumpliendo lo establecido en la Ley Nº 28212 (Ley de Jerarquía y Remuneraciones de Funcionarios y Autoridades), reduciendo legalmente las remuneraciones de los que ganan mucho y posponiendo la solución de los muchos que ganan poco. La familia militar y policial, han sido muchas veces engañadas, viven en zozobra e incredulidad, pese a las decisiones del gobierno de ordenar las remuneraciones del sector público. Lo mismo sucede con las pensiones. Ellas son el seguro de vida que hemos obtenido con nuestros aportes para el futuro, son una propiedad inenajenable conforme al Art. Nº 174 de la Constitución. Existen proyectos de remuneraciones y pensiones que amenazan la tranquilidad de la familia militar y policial.

Como parte del balance de los Deberes y Derechos de las FF. AA. nos complace conocer la iniciación de la recuperación de su capacidad operativa; sin embargo, el componente esencial de ésta es la moral del personal; en la que las remuneraciones y, consecuentemente las pensiones, no se están tomando en cuenta.

http://www.laprimera.com.pe/noticia.php?IDnoticia=41271