La diplomacia de Torre Tagle -en esto, mucho más consistente que la de Santiago y, desde luego, que la de La Paz- entiende que su problema no es Chile, sino Bolivia. Y su desafío es encubrirlo: mientras solidariza con las aspiraciones bolivianas, crea los obstáculos para que Chile no progrese en sus relaciones con Bolivia.
La "fujimorización" de las relaciones entre Chile y Perú fue inesperada solamente para el gobierno chileno, que parece haber sido el único actor que ni siquiera imaginaba la posibilidad de que el ex Presidente peruano se dejara caer en Santiago. Como recochineo en la imprevisión y el desorden político, el canciller chileno fue informado de esa novedad por la voz más inapropiada que podía oír ese día: la del embajador de Perú.
Pero fuera de la anécdota, lo importante es que si Alberto Fujimori planeó aterrizar en Chile, fue para complicar las relaciones bilaterales, no para simplificarlas. Con la astucia que hasta sus peores enemigos le reconocen, el ex Presidente escogió a Chile como la escala adecuada para iniciar el "vía crucis" mediático que necesita para regresar a Perú después de su poco decorosa huida de noviembre del 2000.
El caso es que esa escala introduce variantes dramáticas en la política peruana. Además de consolidar su popularidad "dura", Fujimori se introduce desde Santiago como un factor real, y ya no sólo virtual, en las próximas elecciones presidenciales, con una probabilidad significativa de competir por la mayoría popular. De obtenerla, podría dar origen a un insólito gambito: que el Presidente Alejandro Toledo, el perseguidor de hoy, se convierta en el perseguido de mañana.
Esto significa que el fujimorismo y el toledismo juegan en la capital chilena una partida tremenda: el destino personal de sus respectivos caudillos. Se necesita la fe del carbonero para creer que el rigorismo judicial chileno podrá ponerse al margen de esa lucha encarnizada. Pero La Moneda perdió la oportunidad de esquivar el embrollo y ahora está en manos de la pesada maquinaria judicial, cuya parsimonia sólo puede alimentar el nerviosismo de los peruanos.
¿Y todo esto es casual?
La "región" Tacna-Arica
Fujimori tomó su avión privado cuando los gobiernos de Santiago y Lima se miraban con caras agrias, tras la decisión del Parlamento peruano de aprobar una ley de líneas de base sobre la cual la diplomacia de Torre Tagle prepara su impugnación del límite marítimo con Chile. Desde el punto de vista chileno, y más allá de la mortífera batalla entre Toledo y Fujimori, este es el problema de fondo.
El límite marítimo no estuvo entre los "asuntos pendientes" de Perú con Chile por más de 70 de los años transcurridos tras la Guerra del Pacífico. Esos asuntos -los serios- derivaban del tratado de 1929, tras la fijación de la frontera, y terminaron de resolverlos los cancilleres Francisco Tudela y José Miguel Insulza en 1997.
Aunque la cuestión del límite marítimo parece haber sido mencionada antes en Perú con un cierto aire de interrogación académica, adquirió su verdadera fuerza hacia fines de la dictadura de Juan Velasco Alvarado, un caudillo del irredentismo sobre Tarapacá, que siempre ha sido una doctrina apreciada entre los militares peruanos. Ahora se sabe que Velasco Alvarado pensó en aprovechar el golpe de estado en Chile en 1973 para lanzar una blitzkrieg sobre el norte, pero entre los disensos y las dudas, se le pasó la oportunidad. En ese momento no era el límite marítimo, sino la ocupación territorial, la idea dominante en el Estado Mayor de Velasco Alvarado.
Dos años después, anticipando la peligrosa proximidad del centenario de la Guerra del Pacífico, el general Pinochet propuso a su colega boliviano, el también dictador Hugo Banzer, negociar un canje territorial que resultaría en un corredor al norte de Arica, por el cual Bolivia obtendría salida al mar. Las tratativas se iniciaron con el "abrazo de Charaña", un encuentro altiplánico entre Pinochet y Banzer a bordo de un vagón ferroviario, con la rara reminiscencia de las rendiciones de Alemania y Francia en la Primera y Segunda guerras mundiales.
Aquella fue la primera vez que Perú vislumbró que Chile podía allanarse a dar una solución a la mediterraneidad boliviana, y que esa solución -el corredor- pasaría por interponer a otro país, cancelando para siempre el irredentismo sobre Tarapacá. Perú alegó que el tratado de 1929 comprometía a Chile a consultarle sobre cualquier cesión en lo que llamaba -y así hace hasta hoy- "una misma región de Tacna y Arica". Y cuando el gobierno de Pinochet lo hizo, la diplomacia peruana no negó el corredor a Bolivia, sino que puso a Chile condiciones que lo hacían inviable. (Una jugarreta de la historia es que el Presidente peruano que logró de Chile esa concesión, Augusto Leguía, da el nombre a la calle donde por muchos años tuvo su oficina privada Ricardo Lagos).
De Charaña a la ley de bases
Desde entonces, la diplomacia de Torre Tagle -en esto, mucho más consistente que la de Santiago y, desde luego, que la de La Paz- entiende que su problema no es Chile, sino Bolivia. Y su desafío es encubrirlo: mientras solidariza con las aspiraciones bolivianas, crea los obstáculos para que Chile no progrese en sus relaciones con Bolivia.
Este patrón estratégico puede rastrearse por muchos años, pero ha sido del todo evidente en los últimos dos. Cuando el atrevido Presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada planteó la posibilidad de sacar su gas por Iquique, inmediatamente el gobierno peruano creó una inexistente alternativa en Ilo, condenando al gas altiplánico a la infatuación en que está hoy. Cuando su sucesor, el inexperto Carlos Mesa, emplazó a Lagos en Guadalajara, Perú guardó un discreto silencio, apreciando que la airada reacción del Presidente chileno agriaría por un buen rato los contactos Santiago-La Paz. Cuando Insulza fue elegido a la cabeza de la OEA, haciendo posible que el órgano interamericano favoreciese el acercamiento con Bolivia, Perú desempolvó un reclamo sobre ventas de armas a Ecuador para fundar un discurso muchísimo más duro que el del representante boliviano. Y cuando Lagos completaba tres reuniones de acercamiento con el Presidente provisional de Bolivia, Eduardo Rodríguez, el gobierno peruano aceleró la tramitación de la ley de líneas de base para discutir el límite marítimo.
Tal como ha sido planteada, esa discusión podría acarrear serios perjuicios para Chile en cuanto a recursos pesqueros y otras explotaciones marítimas. Pero entrañaría un daño mortal para Bolivia, porque podría darse el fantástico caso de que Perú accediera a un corredor cedido por Chile y luego se encontrara con que el mar al que llega es reclamado por Perú. A esa patética figura se la conoce en política internacional como "costa seca".
Por eso es improbable que ocurran incidentes marítimos entre Chile y Perú; por eso suenan algo destempladas las "misiones extraordinarias" enviadas por Lagos a Brasil y Ecuador, al margen de sus magros resultados; y por eso es previsible que Fujimori, y no la ley de bases, ocupe el centro de la relación bilateral.
La diplomacia peruana hace bien su trabajo; ha llegado a ser eximia en el ajedrez de las políticas fronterizas, y mantiene un horizonte estratégico que no es conmovido por las frecuentes convulsiones políticas de sus gobiernos. En cuanto a límites, Perú es gobernado desde el palacio de Torre Tagle, no desde el domicilio del Presidente.
A la inversa, si algo puede reprochársele a la Cancillería chilena no es la estulticia de la policía fronteriza, sino la falta de fuerza para instalar en La Moneda, y sobre todo en los muy disponibles adláteres del Presidente, el siguiente principio básico, que su Dirección de Fronteras y Límites conoce a la perfección: cuando el Jefe de Estado de Chile dialoga con el de Bolivia, debe preocuparse instantáneamente de lo que planea Torre Tagle.
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