Tomado de diario Expreso, Lima - Peru
Según el Informe Global de Competitividad, esta se define como la capacidad que tiene un país para lograr altas tasas de crecimiento, por lo que es necesario desarrollar un “clima” económico, político y social que le permita incrementar la productividad de sus factores de producción. En otras palabras, con este índice se intenta resumir las principales características estructurales que pueden pronosticar un crecimiento a mediano plazo.
Apoyar a mejorar la competitividad de nuestro país es contribuir al mejoramiento sostenible de la calidad de vida de la población peruana, que se hace posible si se genera empleo digno, de calidad y formal. Ser competitivos implica dinamizar la economía a través de la facilitación de la inversión privada dentro de un marco de creciente inserción al mercado global.
Pero, ¿cuál es nuestro punto de partida en el presente gobierno en el tema de la competitividad? El World Economic Forum, con el aporte de especialistas de todo el mundo, elabora el índice de competitividad para 117 países, entre los cuales se encuentra el nuestro. Según este indicador imparcial, el Perú ocupó el puesto 36 en el índice de competitividad global en el año 1999. Sin embargo, para el año 2005 nos encontramos en el puesto 68. La pregunta que todos nos formulamos: ¿Por qué descendemos de lugar si el crecimiento ha sido sostenido el último quinquenio?
La evolución de nuestra economía en la gestión toledista ha seguido un curso bastante publicitado por sus autores: estabilidad en los indicadores macroeconómicos. Estas cifras en azul han contrastado con el enorme malestar e insatisfacción de la población que no ve reflejarse en su vida diaria el supuesto bienestar que las estadísticas oficiales indican. El descenso en el índice de competitividad global podría revelarnos parte del misterio de la paradoja de la economía peruana, pues si analizamos los componentes de este indicador nos encontramos en los últimos lugares en: manejo del gasto público (103), efectividad del gobierno para reducir la pobreza (106), informalidad (114) costos de la violencia y el crimen (104), calidad del sistema educativo público (108), entre otros.
El deterioro que observamos en estos indicadores nos muestra una realidad que el gobierno saliente no ha querido ver; y que ser competitivos no sólo es un buen manejo macroeconómico sino que implica mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, invertir en investigación y tecnología, reducir la brecha en infraestructura mediante inversión, mejorar la efectividad de nuestras leyes y del Poder Judicial.
Nuestra economía tiene que crecer, pero de tal forma que genere desarrollo sostenible. No se pueden negar recursos a sectores claves como salud y educación. No se puede seguir disminuyendo los niveles de inversión pública. Y debemos iniciar una industrialización en aquellos sectores en los que tenemos potencial competitividad.
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