Nada bueno puede esperarse del proyecto del gobierno nacional para eliminar el sistema privado de jubilaciones y crear un único régimen previsional de reparto, administrado por el Estado. Lejos de constituir un intento de proteger los aportes de los futuros jubilados, como se ha deslizado desde el kirchnerismo, la iniciativa oficial implica un nuevo manotazo sobre los ahorros de la población para seguir financiando el derroche de recursos públicos.
Antes de cualquier consideración particular, corresponde recordar que los aportes que los trabajadores realizan a las AFJP no son fondos que pertenezcan a estas administradoras ni al Estado. Pertenecen a los aportantes, quienes han confiado su administración a aquellas entidades con el fin de preservarlos de la inescrupulosidad con que, históricamente, las administraciones públicas manejaron los fondos previsionales.
Esto se desprende de la legislación previsional vigente, que determina que el fondo de jubilaciones y pensiones es un patrimonio independiente y distinto del de la administradora y que pertenece a los afiliados a las AFJP. En tal sentido, las cuotas partes de esos fondos constituyen una propiedad del aportante y gozan plenamente de las garantías del artículo 17 de la Constitución, que establece que "la propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley".
Cualquier apropiación de aquellos fondos previsionales por parte del Estado implicaría una expropiación, la cual sólo puede ser calificada por ley en función de una causa de utilidad pública y debe ser previamente indemnizada.
La ingenuidad de los argumentos del Gobierno para saquear los recursos de los trabajadores administrados por las AFJP es notable. Se pretende justificar la medida en función de las pérdidas que ha experimentado en el último año ese patrimonio, como si el Estado argentino, que vio caer la cotización de sus bonos a la mitad, fuese garantía de mejor administración. Para comprobarlo, basta con observar lo que les ha pasado a millones de jubilados que durante toda su vida laboral aportaron al Estado para recibir hoy una porción insignificante del ingreso que percibirían si estuvieran en actividad.
Se pretende ignorar también que las pérdidas que han sufrido en los últimos tiempos los ahorros de los aportantes a las AFJP obedecen en buena medida al intervencionismo estatal, que ha forzado a estas administradoras a invertir una parte no menor de los fondos en bonos del Estado nacional, que han caído en picada, con el agregado de que las autoridades nacionales falsearon las estadísticas de inflación del Indec, lo cual provocó bajas adicionales en los títulos públicos ajustables por esa variable.
Pretender, por lo tanto, que el Estado será un mejor custodio de los ahorros que las AFJP es un asalto al sentido común.
Más que una preocupación por la protección de los fondos previsionales, parece imperar en el Gobierno la ambición de tener a su disposición una masa impresionante de recursos para seguir sosteniendo su fiesta de gasto público y clientelismo de cara al próximo año electoral, además de seguir haciendo negocios cada vez menos transparentes desde el poder político. No sería, por cierto, la primera vez que el gobierno kirchnerista trata de asfixiar a un sector empresarial para forzarlo a pactar la estatización de sus negocios. Los casos de Aerolíneas Argentinas y de otras empresas de servicios públicos privatizados están muy frescos en el recuerdo.
Es de esperar que el Congreso de la Nación evite la convalidación de este auténtico robo que se busca legalizar. No sólo para evitar la destrucción de un necesario mercado de capitales, sino para impedir que, como tantas otras veces, los sueños de miles de trabajadores que aguardan vivir con dignidad los últimos años de sus vidas no sufran una nueva defraudación.
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