Nota: Este es el editorial del diario peruano Expreso, del 21 de abril de 2007. No me voy a explayar sobre todos los errores que enuncian, sólo voy a "destruir" su postura con un argumento. Afirma este medio que la frontera entre Perú y Ecuador sí está definida por el Tratado de 1952 entre Perú, Ecuador y Chile, pero niega la definición de la frontera con Chile por no existir una isla o islote frente a las costas chilenas en Arica. Dice el editorial: "resulta inaplicable en la frontera marítima del Perú con Chile porque allí sencillamente no existe isla o islote alguno que admita incluir el criterio del paralelo para el límite fronterizo."
El Tratado de 1952 (Perú si reconoce ese estatus a este documento) dice: "IV.- En el caso de territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicará en todo el contorno de la isla o grupo de islas. Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los Estados respectivos."
Pues bien, resulta que frente a Arica si existe un islote llamado Isla Alacrán, que es citada incluso en la historia de Perú, pues en ella lucho el heroe nacional de ese país, Leoncio Prado, en la defensa de la ciudad durante el conflicto de 1879 con Chile.
Podemos leer en Wikipedia sobre la biografía de Leoncio Prado: "Por fin se le encomienda la organización de un cuerpo de torpederas que debía actuar en la isla Alacrán del puerto de Arica. Se instala en un islote y desde ahí “prestó importantes servicios al Perú, ya vigilando las costas peruanas, ya haciendo retroceder al enemigo cuando intentaba sus sorpresivos ataques, ya luchando en cooperación con el Manco Cápac”, tal como consta en los partes de guerra del combate naval que se realizó el 24 de febrero de 1880. Leoncio Prado estaba satisfecho del puesto que le habían dado. Jefe de guerrilleros."
http://es.wikipedia.org/wiki/Leoncio_Prado_Guti%C3%A9rrez
De mas está decir lo absurdo que resulta que un país nigue el status de Tratado de Límites a un documento y dé el mismo estatus a otro documento (de 1954) de similares características legales, más aun, cuando además Chile SI puede apoyar su postura en el documento que Perú si reconoce a Ecuador, como lo he demostrado en este comentario.
La prensa del Perú y Chile tiene la tarea de informar y orientar acerca del estado actual de las relaciones bilaterales de ambas naciones: por un lado sobre la necesidad de solucionar asuntos limítrofes pendientes y, del otro, buscar la integración económica de cara al futuro.
Más que recordar ilustraciones cronológicas que abarcan desde el Tratado Rada Gamio–Figueroa Larraín (1929) hasta acuerdos –ojo, no tratados– posteriores, como hizo el domingo 15 de abril el diario El Comercio y al día siguiente sospechosamente reprodujo El Mercurio de Chile, lo que urge es comprometer a los líderes de ambos países a sostener un diálogo franco y sincero sin argucias ni pretextos.
Empecemos por precisar que la prensa peruana debe proscribir el uso de argucias e interpretaciones maliciosas al tratar la hermenéutica de documentos oficiales que guían las relaciones diplomáticas. Por ejemplo, y sin pecar de suspicaces, todo indica que la reproducción in extenso que hizo El Mercurio sobre la mencionada opinión de El Comercio se debe a que su contenido –una reseña impertinente e inoportuna de textos y acuerdos comerciales que Chile pretende convertir en Tratado bilateral– conviene al interés chileno.
Es más, El Comercio insiste en fortalecer la peregrina idea de los usos y costumbres que beneficia a Chile. En este caso, el concepto apunta a que Perú y Chile suscribieron sendos acuerdos comerciales –fundamentalmente pesqueros– que acabaron ofreciéndole laxitud al vecino sureño para interpretar a su favor la cuestión limítrofe marítima, acuerdos comerciales que hoy se pretenden convertir en vademécum para fortalecer la teoría chilena de que existe un tratado de límites marítimos. Sin embargo acá lo único cierto –y pétreo– es precisamente que no existe un tratado de límites marítimos. Por lo menos no hay documento alguno en ese sentido aprobado por el Congreso del Perú.
De otro lado, tampoco es exacto que sólo hace un lustro el Perú inició el reclamo por la delimitación marítima, sugiriendo El Comercio que nunca antes lo hizo porque estuvo distraído enfrentando guerrillas en 1965 o enfrascado en conflictos bélicos en la frontera norte. No, de ninguna manera. Tanto es así que precisamente en 1986, durante el primer gobierno del presidente Alan García, la Cancillería del Perú cursó una nota a su par chilena señalando la improcedencia de la línea marítima basada en el paralelo. En consecuencia, desde entonces –por lo menos– Chile ya estaba notificado del hecho.
De otra parte, en el plano de la delimitación terrestre, todavía no perfeccionada, resulta deplorable defender, como lo hace Chile, la tesis que la demarcación terrestre empieza en el Hito Nº1 y no –como corresponde según el Tratado de Límites– en el punto llamado de la Concordia. Dice El Mercurio: “Ese hito, según sus demarcadores, se instaló en ´la orilla del mar´ y no ´en el agua´, para resguardarlo de su destrucción y teniendo en cuenta las mareas”. Pero nosotros, invocando además el sentido común, consideramos que la orilla del mar no queda a trescientos metros “del agua”. Y si Chile se siente tan seguro que así cumplió con las instrucciones del Tratado del 29, entonces, ¿qué temor existe de revisar la ubicación correcta del Hito Nº1? Es más, si dos comisiones mixtas han trabajado sobre el terreno, ¿por qué ahora no se conforma una tercera para que despeje dudas o posibles errores, máxime cuando los adelantos tecnológicos pueden ayudar a un mejor entendimiento a los cuestionamientos sobre lo hecho o visto anteriormente en el terreno fronterizo? Aquí no se discute el tratado sino la ejecución correcta de sus instrucciones.
En ese sentido, la negativa al diálogo en el diferendo terrestre es también preocupante. Inclusive El Mercurio de Chile reconoce en su editorial que “El manejo del problema así suscitado pasa por dejarlo latente y avanzar en los grandes temas de la agenda bilateral”. Es decir, coincide con nosotros en que existe un problema, aunque se inclina por “dejarlo latente”.
En cuanto al debate interno disentimos de El Comercio porque de manera indiscreta, en muy mal momento y como si fuera primicia, revive documentos que en rigor constituyen apenas acuerdos comerciales. Insinuar, por ejemplo, que pactos como el que suscribieron Perú, Chile y Ecuador para fortalecer la naciente tesis de las 200 millas constituyen antecedentes de un inexistente tratado de límites marítimos con Chile es más que temerario. Asimismo, sugerir que los usos y costumbres darían forma a lo que Chile considera errónea e interesadamente un imaginario acuerdo de límites marítimos es todo un despropósito.
Por eso resulta muy grave lo que en la misma edición del 15 de abril afirma El Comercio: “Entender adecuadamente la situación fronteriza con Chile implica colocarnos en el contexto de los hechos sucedidos desde 1929, año en que se firmó el tratado de límites. Implica comprender complejos momentos históricos de las últimas siete décadas en las que el país se dedicó prioritariamente a impulsar la Doctrina de las 200 millas, solucionar el conflicto con Ecuador, culminar los temas pendientes de cumplimiento por parte de Chile derivados del Tratado de 1929 (como el terreno de El Chinchorro y el muelle de Arica)...”. Pensamos que aquí se mezclan las cosas peligrosamente porque, incluso, no todo está resuelto respecto a El Chinchorro y el muelle de Arica. Y peor si como agrega el mismo diario: “Entenderlo adecuadamente implica también conocer la existencia de algunos instrumentos adoptados por el Perú que hoy, en otro contexto histórico, pudieran verse como poco favorables a nuestra actual estrategia.”.
Repetimos, es mucho más delicado desde que Chile aduce que aun si el Perú se adhiere a la Convención del Mar (Convemar) no podría ampararse en su artículo 15 porque si bien deja en claro que la “línea media” es una medida de solución, sin embargo ésta solamente es válida en caso de no existir “acuerdo en contrario”. Y según Chile, uno de esos acuerdos en contrario es el “Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima” firmado en Lima en diciembre de 1954. Sin embargo este documento, en el que también está la firma de Ecuador, nació a raíz de una problemática concreta: la dificultad de los pescadores artesanales para reconocer la posición exacta de las fronteras marítimas. Y para ayudarles en sus faenas diarias –sólo para ello– se optó crear una zona especial de pesca. Esa fue la verdadera intención por lo que aquel acuerdo no tiene jerarquía para fijar límite marítimo territorial alguno entre Perú y Chile.
Lamentamos entonces que El Comercio haya difundido inoportunamente este tipo de documentos. Empezando porque, como sostiene el jurista Javier Valle Riestra, su validez está cuestionada desde que muchos no fueron publicados en "El Peruano". En ese sentido, si algún documento habla del "paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países" éste no servirá a Chile porque, si bien dicho criterio fue tomado como base para la delimitación fronteriza marítima entre Perú y Ecuador, esto último tuvo su origen en la existencia de islas ecuatorianas cercanas a la frontera marítima peruana, lo que resulta inaplicable en la frontera marítima del Perú con Chile porque allí sencillamente no existe isla o islote alguno que admita incluir el criterio del paralelo para el límite fronterizo.
Cabe precisar que aquel “Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima” fue parte de la batalla diplomática que libraron en conjunto Perú, Chile y Ecuador para crear la Comisión del Pacífico Sur, como instrumento de presión a la Comisión de Derecho Internacional que venía negociando la primera codificación del Derecho del Mar, a los efectos que dicha codificación delimitase un espacio marítimo de soberanía plena para los Estados ribereños de las 200 millas.
De otro lado, tampoco creemos pertinente que El Comercio abogue –a última hora– porque el Perú se adscriba a la Convención del Mar o Convemar. Aquello no es hoy indispensable de cara a una eventual demanda del Perú ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Convemar –que maneja su propio tribunal de asuntos divergentes– fue necesario en tanto y en cuanto no apeláramos a La Haya. Recordemos que Estados Unidos de América y otros países importantes no están adheridos a la Convemar. Por lo demás, cuando en 1997 Chile suscribió la Convemar declaró que no aceptará los procedimientos establecidos en la Sección 2 de la Parte XV respecto a disputas referidas a la interpretación o aplicación de la delimitación de las zonas marítimas, bahías o títulos históricos. Por tanto no se podría obligar a quien se ha suscrito con reserva a los procedimientos de solución que establece aquella Convención.
No obstante el hecho de no estar adscritos a la Convemar no significa que fuera de ella no exista derecho internacional marítimo ni que se arroje por la borda cualquier otra normativa. La propio Convemar basa su existencia en las normas vigentes del derecho internacional de las que el Perú es partícipe.
Pensamos que Chile no debe desconocer unilateralmente un hecho singular: que la orientación geográfica de la costa peruana –en la zona de aproximación a la frontera con Chile– adquiere una conformación muy especial que, al proyectarse, hace que las zonas marítimas de 200 millas de los espacios marítimos de ambos países se superpongan. En ese sentido, si bien el Perú sostiene la tesis de la perpendicular al plano costero en el punto de encuentro fronterizo, por último, de acuerdo al criterio internacional la solución consiste en todo caso en que el área en conflicto se divida en partes iguales.
Estamos pues frente a una poderosa verdad: la existencia del problema limítrofe que Chile quiso negar oficialmente durante mucho tiempo pero que hoy hasta sus medios de comunicación lo abordan. El Perú siempre ha estado pendiente de esta controversia, la que tarde o temprano debe ser delimitada sólo mediante un tratado de límites que cuente con la aprobación mayoritaria –sino unánime– del Congreso de la República. Algo fundamental, pero que hoy no existe. Como nación civilizada somos unos convencidos de que el medio más adecuado para solventar toda diferencia no es otro que el derecho internacional. Y si la vieja Europa, asolada por guerras fratricidas, ha logrado consolidar un proceso de integración política y económica, ¿por qué en Sudamérica –empezando por dos países hermanos como Perú y Chile– no pueden empezar este anhelado proceso integrador?
http://www.expreso.com.pe/hoy_dia/index6615.html?option=com_content&task=view&id=147&Itemid=40
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