En una escalada comunicacional derivó ayer el impasse entre Chile y Perú, luego de que el gobierno limeño respondiera en duros términos a la declaración de molestia expresada públicamente el viernes por La Moneda -y a través de una nota diplomática- por el intento de Lima por modificar el límite marítimo entre ambos países.En ese contexto, a seis días de la Cumbre de las Américas que se realizará en Mar del Plata, el gobierno comenzó una ofensiva diplomática para aunar apoyos en la región y evitar la aprobación en el Congreso peruano de una normativa que permitirá al Ejecutivo de ese país definir como territorio marítimo propio un área en el Pacífico que hoy es de potestad chilena.
El lunes pasado la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó por unanimidad el proyecto de "ley de líneas de base", que fija puntos de referencia cercanos a la costa a partir de los cuales -una vez promulgada la norma- el Ejecutivo limeño delimitará una zona marítima de 200 millas, que se superpone a un área definida como chilena. Además, el proyecto instala como punto de referencia de una de estas líneas un punto ubicado 265 metros al sur de la frontera.
La preocupación con que La Moneda recibió la iniciativa -que motivó reuniones de emergencia el viernes dirigidas por el Presidente Ricardo Lagos- fue expresada en una nota de protesta enviada a Torre Tagle, en que se sostiene que el proyecto de ley "significa un flagrante desconocimiento del límite chileno-peruano" y que su eventual aprobación "no es aceptable y carece de todo efecto jurídico para el gobierno chileno".
Si bien Lima aún no ha respondido a la nota diplomática, sí lo hizo a la declaración pública emitida el viernes en la noche por el gobierno chileno, en que sostuvo que si dicho proyecto es aprobado significaría el "desconocimiento unilateral del tratado" de límites marítimos suscrito por ambos países, más Ecuador, en 1954.
Ante esto, Perú dijo que dichas expresiones eran "inaceptables" y sostuvo que la nota enviada el día anterior contenía "afirmaciones inexactas". Si bien propone resolver el impasse a través de la Comisión Mixta Permanente de Límites, rechaza la "injerencia" chilena en asuntos que considera internos.
Contactos con la región
En medio de este escenario, y bajo la supervisión del Presidente Ricardo Lagos, el gobierno activó sus contactos. Si bien el Congreso Pleno peruano podría votar este texto el jueves, en el gobierno apuestan a que el proyecto de ley no se plasme en una normativa. En Perú este tipo de materias requerirían de una segunda votación, que se realizaría la semana subsiguiente.
Para lograr ese objetivo -según fuentes diplomáticas- La Moneda decidió informar a los gobiernos de Brasil y Argentina de su rechazo a la iniciativa peruana, mientras que enviará un emisario a Ecuador para coordinar la postura de ambos países. Quito también se vería afectado con la aprobación de la ley, puesto que junto a Santiago y Lima firmó en 1954 el Tratado de Zona Marítima, que -según argumenta Chile- fijó los respectivos límites marítimos.
Además, se ha "mantenido informado" al gobierno de Bolivia, país que vería sepultada su aspiración de un acceso soberano al mar en caso de una modificación de límites como la que impulsa Lima.
Esto se suma a las reuniones que sostuvo el Presidente Lagos con los embajadores de Estados Unidos, Craig Kelly, y de Gran Bretaña, Howard Drake. El primer país -cuyo Presidente, George W. Bush, sostendrá un encuentro el próximo viernes en Mar del Plata con Lagos- es garante del Tratado de 1929 que fija los límites terrestres entre Chile y Perú, mientras que Londres posee la presidencia de la Unión Europea.
La decisión chilena de iniciar esta rápida ofensiva de forma pública apunta a instalar el tema en la región, para evitar el complejo escenario que significaría la aprobación de la ley en Lima: eventualmente, naves con bandera peruana podrían ingresar a territorio marítimo chileno, lo que gatillaría una reacción de la Armada.
En esa línea, según explican en el Ejecutivo, las gestiones ante Brasil y Argentina a días de la Cumbre de las Américas serán "claves" para sustentar la postura chilena.
Mientras se realizan los contactos con el resto de los países de la región -han sido supervisados por el canciller Ignacio Walker, quien tras volver de China se reunirá mañana con el Presidente Lagos-, la Cancillería también trabaja en los argumentos jurídicos que pretende presentar ante la OEA, luego de que el viernes se instruyera al embajador en dicha instancia, Esteban Tomic -quien ayer viajó a Chile-, que solicitara al organismo estudiar la situación.
Según explican en Cancillería, la OEA es un "paso intermedio" que ayuda a instalar la postura chilena en el hemisferio. Sin embargo, de aprobarse el proyecto de ley en Lima, el gobierno apuesta a llevar el tema al tribunal internacional de La Haya, donde reclamaría la violación del tratado de 1954.
"Expresiones inaceptables"
El primer punto de la declaración pública que emitió ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú "considera inaceptables las expresiones contenidas en la declaración pública del Gobierno de Chile de fecha 28 de octubre".
La noche del viernes el vocero de gobierno, Osvaldo Puccio, leyó una declaración de seis puntos, en que señala que el proyecto de ley que modifica los límites marítimos en el norte, "significará un desconocimiento unilateral del Tratado vigente". Además de reiterar que no hay asuntos limítrofes pendientes, "y con el objetivo de prevenir situaciones que nadie espera", aseguraba que se recurriría a la OEA.
Entre los 10 puntos del comunicado peruano, sin embargo, se "reafirma que (Perú) no tiene tratado de delimitación marítima con Chile" y relata que el 9 de enero de 2001 Perú presentó una reserva ante la Secretaría de las Naciones Unidas luego de que Chile ingresara "las cartas y coordenadas" fronterizas que dice que "no reconoce la indicación de la línea del paralelo como límite marítimo".
El texto también señala que el "19 de julio de 2004" se propuso iniciar negociaciones para acordar un tratado sobre esta materia, lo cual no fue aceptado por Chile". En la misma línea, se asegura que el proyecto de ley no violenta tratados internacionales y que constituye un acto soberano que "no admite injerencia alguna" de terceros.
El comunicado -que no corresponde a la respuesta diplomática que entregarán por los conductos formales- también llama a utilizar los "mecanismos bilaterales" para resolver el problema.
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