Una demostración objetiva de xenofobia en Perú

Tres ejecutivos chilenos (de Luchetti) se encuentran acusados del mismo crimen que el peruano Dionisio Romero, pero, a diferencia de este último, la justicia se niega a cerrar el juicio contra los chilenos, y pretende extender los plazos para juzgarlos (en 2 años), recurriendo al absurdo de catalogarlos de "empleados públicos peruanos" (nunca han sido empleados públicos, menos son peruanos).

Los chilenos, luego de ganar 9 juicios en su contra (e igual numero de investigaciones del Congreso peruano y otros organos), donde demostraron su inocencia, optaron por solicitar la prescripción de este último juicio, para dar un término anticipado a sus problemas judiciales, pero en una muestra más de antichilenimos y arbitrariedad, esto les fue negado.

Los chilenos, elevaron un Habeas Corpus a la Corte Suprema de Perú, que tiene que ser respondido dentro de 24 horas. Transcurrieron más de 100 días, antes de que les comunicara que se les negaba.

Los ejecutivos chilenos, han demandando a Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como dato adicional, Perú es el país más demandado ante esa instancia multilateral, en todo el continente americano.


Declaran prescrito juicio a banquero Dionisio Romero

Dionisio Romero salió ganando.

Ocurrió lo que se preveía. La Tercera Sala Anticorrupción declaró prescrito el proceso judicial seguido al dueño del Banco de Crédito, Dionisio Romero Seminario, acusado de ser instigador del delito de tráfico de influencias por sus tratos con el ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos.

El tribunal consideró que el delito que cometió el empresario prescribió a los seis años, es decir, en junio de 2005, tomando en cuenta la fecha de la reunión que sostuvo con el ex asesor en el SIN, el 22 de junio de 1999.

En aquella cita, Dionisio Romero le propuso a Montesinos los nombres de los administradores judiciales que debían manejar la empresa Hayduk, que en ese entonces mantenía un juicio con el Banco de Crédito, por el incumplimiento del pago de una deuda.º

Seis años
La Sala presidida por la vocal Denisse Baca, además, consideró que en este caso no es aplicable el agravante que contempla el artículo 46º del Código Penal –como lo había solicitado la Procuraduría Ad Hoc– para ampliar por dos años más, hasta junio de 2007, el plazo de la prescripción.

A criterio de la Procuraduría Ad Hoc, no sólo a Montesinos se le aplicaría el agravante, sino también a los demás partícipes del hecho ilícito, esto es a Romero Seminario, pese a que éste no es funcionario público.

El procurador adjunto, Pedro Gamarra, cuestionó la resolución judicial y expresó que apelará ante la Corte Suprema, mientras que Arsenio Oré, defensor del banquero, evitó pronunciarse, porque dijo aún no ha sido notificado sobre la decisión.