Cobre y armas

Desde los años 80 existe en el país una fuerte crítica a la entrega a las FF.AA. del 10 por ciento de las ventas de Codelco para la adquisición de armamento. De manera insólita, el canciller del Perú, José García Belaúnde, se entrometió en esta discusión, apuntalando una antigua (en general, falsa) imagen de Chile como país militarista. Es bueno que, tras el rechazo por parte del vocero de La Moneda, no haya habido una escalada similar a la producida por Donayre. Fue la manera más eficaz de postergar por ahora en Chile toda idea de derogar esa ley reservada.

Mas no por eso cesará la discusión. Los que ansían borrar toda huella de "enclave autoritario" se suman a la censura de este financiamiento, que impone una carga pesada al Estado. Y existe otra argumentación crítica, más profesional, que prefiere un financiamiento más racional, incluido en el presupuesto. Como siempre que se examinan las cosas más de cerca, la realidad es más complicada. La idea de vincular la compra de material de guerra al cobre se discutió por primera vez en 1938, y se fue legislando sobre ella desde 1960, entregando el 20 por ciento de sus ingresos a este fin. En los años de Pinochet se modificó, al destinarse el 10 por ciento de las ventas a adquisiciones de armamento -en realidad, un cambio no menor-. Paradoja: fueron años de escasas compras de sistemas complejos de armamentos, tanto por sanciones y castigos políticos como por el bajísimo precio del cobre en los años 70 y 80. Había un evidente desequilibrio en armas con los vecinos.

¿Por qué vincular el cobre con la compra de armas? Porque en un congreso es muy difícil obtener la mayoría para los gastos en defensa; es uno de los objetos preferidos de la demagogia. Otra cosa es que los gastos en seguridad del país deben tener límites. En sectores nacionalistas o angustiados por el armamentismo vecinal muy superior al chileno, se afirmaba que Chile descuidaba su defensa. En cuanto a gastos no era así, ya que en índices internacionales el porcentaje del PGB dedicado a defensa en Chile es varias veces el más alto de la región. Se ha debido a la complicada estructura geopolítica de Chile, con gastos que no van a armas, y a su historia vecinal, una verdadera maldición, con algo de pecado original. Por racionalidad, se debería cambiar el sistema de financiamiento. Con todo, ¿seremos capaces de garantizar el armamento adecuado y prudente? Me temo que no.

Quizás, así como en esta Ley del Cobre se fijó un mínimo de recursos que deben ir a las Fuerzas Armadas, para las épocas de bonanza del precio se podría fijar un techo máximo, quedando el sobrante en un fondo de compensación. Si en un futuro -que todavía no se divisa en el horizonte- se pudiese ir conformando una política común de gastos con los vecinos, se podría disminuir la compra de complejos sistemas de armas. Una consolidación política, que ampare la creciente cooperación entre las sociedades, crearía en el largo tiempo ese marco que permita la limitación armamentista. Pero, ¡ay!, cada noticia que nos infunde optimismo es seguida por otra que nos induce a la frustración. América Latina es un largo camino.

¿Nos olvidamos de los ejércitos? Una somera ojeada al mapa nos llena de pavor por el nuevo rostro que adquiere el conflicto: una combinación de etnia, cultura, delincuencia, religión; en general, una crisis de la civilización. La forma de nombrar a los ministerios evolucionó, a la vera de sus instituciones: de guerra, después de defensa, ahora se habla de "seguridad". La "mesma custión", añadió el huaso. Requerimos seguridad sin ser devorados por ella, como pasa con todas las instituciones humanas.

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