por Carlos Arroyo Borgen
El autor es especialista en temas de seguridad y defensa del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas
En los últimos dos años algunos países latinoamericanos, con Venezuela a la cabeza, han incrementado sensiblemente su gasto militar. Este hecho nos lleva a preguntarnos si estamos frente a un proceso de rearme y una eventual carrera armamentista en el continente. Asimismo, llama la atención que ciertos gobiernos vinculados a la izquierda latinoamericana, que siempre se autoproclamó como antimilitarista, sean hoy los precursores de este fenómeno.
América Latina es la región del mundo que destina menos recursos de su PIB a los presupuestos de defensa, algo más de 1.4 por ciento del total. En el caso de Centroamérica, ninguno de los países invierte siquiera el 1 por ciento de su PIB en este rubro, siendo El Salvador y Nicaragua los que más se aproximan con el 0.9 por ciento. No obstante, en buena parte de los países latinoamericanos existen importantes cantidades del gasto militar que no están incluidas en el presupuesto de defensa originalmente aprobado, sino que se desprenden de transferencias y partidas extrapresupuestarias que se van realizando posteriormente a lo largo del año. Es evidente que esta situación dificulta un análisis exacto del gasto militar.
Además del bajo gasto en Defensa y la dificultad para medir su verdadera dimensión, en la mayoría de los ejércitos de la región el porcentaje del presupuesto que se asigna al reequipamiento militar es bastante limitado, mientras que el destinado a personal y otros gastos corrientes resulta comparativamente excesivo. Por ejemplo, según el Presupuesto General de la República del 2007, el Ejército de Nicaragua gastará aproximadamente el 95.19 por ciento de su presupuesto en gastos corrientes (salarios, servicios básicos, materiales y suministros) y sólo el 4.81 por ciento en gastos de capital (inversiones). Bajo esta lógica, el desorbitado gasto en personal realizado por casi todas las fuerzas armadas latinoamericanas limita cualquier esfuerzo de modernización debido a la falta de recursos y la mala distribución de los mismos.
Sin embargo, en los dos últimos años ha habido un incremento significativo del gasto militar en algunos países de la región. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal) y el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz (Sipri), los gastos militares en el continente aumentaron un 7.2 por ciento entre 2005 y 2006. Los países que más han gastado en compras para la defensa en ese período son Venezuela, Chile, Brasil y Colombia, seguidos a considerable distancia por Argentina. Esta realidad objetiva ha sido explicada, por un lado, desde la perspectiva de aquellos que sostienen que los sistemas de armas obtenidos durante los años sesenta y setenta se encuentran al final de su vida útil y en consecuencia deben ser renovados; y por otro, aquellos que argumentan que este evidente rearme responde a la tendencia político-ideológica de muchos de los nuevos gobiernos latinoamericanos y su conocido sentimiento antiestadounidense.
Lo cierto es que desde hace un par de años se ha constatado que en la región existe una clara intención de comprar armas, por las razones que sea. No obstante, cada país parece seguir motivaciones diferentes. Mientras Chile ha optado por tecnología más avanzada para asumir un liderazgo regional producto de sus compromisos estratégicos internacionales, Venezuela se ha centrado mayoritariamente en la adquisición de material que le permita armar a un porcentaje importante de la población civil. Brasil, por su parte, ha priorizado la compra de medios de combate y transporte para asegurar el control del Amazonas, en tanto Colombia debe suplir sus necesidades internas para el combate a la guerrilla.
Paradójicamente, esta tendencia no se corresponde con la realidad de la región latinoamericana. En primer lugar, no concuerda con el hecho de que América Latina es, después de África, la zona más pobre del planeta y la más desigual en términos de distribución de la riqueza. Ello supone que las prioridades de los gobiernos latinoamericanos son eminentemente de orden económico y social, razón por la cual casi la totalidad de los recursos públicos deberían estar orientados a estas áreas. Tampoco se corresponde con la naturaleza de las amenazas no tradicionales (narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, desastres naturales), que difícilmente puedan ser prevenidas o neutralizadas con el tipo de medios y equipos militares que los países de la región están adquiriendo. Finalmente, este proceso de rearme se contradice con las teóricas relaciones políticas de “amistad y cooperación” que existen entre los gobiernos latinoamericanos. Más bien, el incremento de las diferencias ideológicas entre ellos ha acrecentado el clima de desconfianza mutua ante cualquier compra de armamento o acuerdo militar.
Esperemos que este fenómeno no alcance a Centroamérica, donde todavía falta un debate serio y responsable sobre la modernización de las fuerzas de seguridad y defensa, los recursos que se le asignan, y la definición e implementación de un verdadero Balance Razonable de Fuerzas. Según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) se debe partir del hecho de que “no hay dinero para invertir más en ejércitos y tampoco existen grandes conflictos en Centroamérica que hagan necesario dicho desembolso”.
http://www.laprensa.com.ni/archivo/2007/marzo/15/noticias/opinion/179248.shtml
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