Las cifras de desempleo dadas a conocer esta semana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) confirmaron, una vez más, el buen rumbo en materia económica del país, donde se está generando una cantidad de puestos de trabajo asalariados similar a la que se registraba con anterioridad a la crisis asiática de 1998. En el trimestre móvil noviembre-enero, la tasa de cesantía se ubicó en 7%, el mejor registro en ocho años y la undécima baja consecutiva del desempleo. Pero quizás la conclusión más relevante de esas cuentas es que en seis regiones el porcentaje de gente sin trabajo se encuentra bajo el rango del 6%, considerado como condición de pleno empleo por una buena cantidad de los expertos económicos.
El nuevo gobierno, que se inaugura el próximo 11 de marzo, en consecuencia, empezará su gestión con un escenario francamente favorable en materia de creación de empleo y de vigor económico (el año pasado, el crecimiento del PIB fue de 6,3% y para éste, según distintos cálculos, debiera estar en rangos similares). A ese cuadro, además, hay que agregar una inflación bajo control, la salud de las cuentas públicas y las altas expectativas de empresarios y consumidores. Junto con eso, las exportaciones siguen altas, impulsadas, sobre todo, por el precio del cobre, y el mercado bursátil creció más de 10% entre enero y febrero. A esto se añade una favorable coyuntura internacional, requisito indispensable para el bienestar de una economía globalizada como la chilena.
Este prometedor escenario dista sobremanera del que recibió en 2000 el hoy gobierno saliente, mismo que contribuyó a un crecimiento no superior al 3% en los primeros años de gestión, con un desempleo promedio no inferior al 8% debido, en parte, a las consecuencias de la crisis asiática, pero también, y muy en especial, a una serie de regulaciones de última hora, diseñadas exclusivamente con fines electorales, que rigidizaron el marco legal del mercado laboral y, desde entonces, han dificultado la contratación de mano de obra.
Así las cosas, si el desafío del gobierno saliente al empezar su sexenio fue crear los mecanismos y escenarios adecuados para impulsar la reactivación y salir de la crisis, el equipo que comienza su cuatrienio (junto con mantener y mejorar las condiciones macroeconómicas y emprender impostergables reformas en múltiples ámbitos microeconómicos) deberá manejarse en un escenario de crecientes expectativas impulsadas por este buen momento general de la economía.
Prueba de esto último, por ejemplo, es el reciente informe sobre confianza empresarial, que tuvo en febrero un importante repunte: en febrero creció 4,7 puntos más que en enero y 2,6 más que en febrero del año pasado. Todo eso para situar el índice en un total de 15,8 puntos en el mes pasado, resultado considerado en extremo valioso por todos los observadores. Del mismo modo, según una investigación de la consultora Adimark de diciembre pasado, el índice de percepción de la economía de noviembre registró 51,9 puntos, la cifra más positiva desde febrero del 2005.
De esta forma, el futuro gobierno deberá estar preparado para responder a las demandas que generan estas expectativas y percepciones, tan importantes para el proceso de toma de decisiones económicas (de inversión, consumo o de ahorro) como los "datos duros" que se van conociendo sobre el actual ciclo económico.
Para ello las nuevas autoridades deberán establecer medidas que contribuyan a no erosionar este escenario, sino que a potenciarlo. Esto significa principalmente realizar los ajustes necesarios en el ámbito de la microeconomía, como ocurriría con una reforma encaminada a incorporar criterios de flexibilidad laboral, la misma que generaría más dinamismo e impulsaría el crecimiento. Esto último, queda perfectamente claro, es la principal y más eficiente forma para combatir la cesantía (que durante la casi totalidad del gobierno saliente se mantuvo alta) y la pobreza, que todavía castiga a cerca del 18% de los chilenos.
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