El contralor de la República, Genaro Matute, afirmó ayer que su institución evalúa la denuncia periodística sobre la venta de la casa de la playa Los Pulpos del presidente Alan García al ministro de Educación, Antonio Chang, y la transferencia de la camioneta Nissan Frontier, de propiedad del mandatario, a una empresa vinculada a los narcotraficantes Sánchez Paredes.
Sobre estos casos, el ex legislador Heriberto Benítez sostuvo que el Parlamento tiene la potestad de abrir una investigación a Alan García por enriquecimiento ilícito durante su primer periodo.
“Queda demostrado que García es una persona que se caracteriza por mentir. Ante la Comisión Investigadora de Actos de Corrupción que presidía el entonces legislador Ernesto Herrera, le mostré al ex mandatario la ficha de los Registros Públicos de Lima que certificaba la compra de una casa en la playa Los Pulpos, pero él siempre negó ser el dueño y este año la vendió en una transacción extraña y sospechosa a su socio José Antonio Chang, ministro de Educación.”, señaló.
A su vez, el contralor Matute dijo que “respecto a los casos específicos (las ventas de la casa y la camioneta) tenemos que evaluarlo, todavía no cuento con información necesaria”, manifestó.
Por su parte, Benítez agregó: “lo delicado ahora es saber de dónde viene el dinero de García cuando todos los peruanos sabemos que de 1990 al 2000 no ejercía su profesión, no desempeñaba un cargo público, ni una labor que le permitiera tener ingresos tan abultados como para hacer ese tipo de compras en el Perú y el extranjero, y que además viajaba por el mundo con financiamiento desconocido”.
Benítez advirtió asimismo que el hecho de haber ocupado una senaduría vitalicia sí puede dar lugar a que el Congreso inicie una investigación, más aún si él (García) ha sido jefe de Estado (del 85 al 90) de un gobierno totalmente cuestionado por enriquecimiento ilícito, compras fraudulentas y fraude al Estado.
También habría que determinar si a García se le aplica la Constitución de 1979, porque las infracciones constitucionales que él cometió pueden haber estado referidas a esa época. En la Carta del 79 no hay un plazo como hoy que dice “el que deja un cargo público de alto funcionario sólo se le puede procesar hasta cinco años después de haber acabado su mandato. La Constitución del 79 deja abierta esa posibilidad de por vida”.
Al presidente García el Poder Judicial le hizo un “juicio de residencia” por enriquecimiento ilícito, que luego prescribió sin que los cargos hayan sido esclarecidos.
Cabe recordar que en febrero de este año, el legislador aprista Elías Rodríguez fue sindicado de recibir dinero de la familia Sánchez Paredes, al igual que un asesor del ministro Luis Alva Castro que inmediatamente fue separado.
DETALLE
La Comisión Investigadora de Actos de Corrupción de 1990 al 2000, la presidió el congresista Ernesto Herrera, y la integraron sus colegas Javier Diez Canseco, Heriberto Benítez, Javier Velásquez y Rafael Rey.
El 15 de junio del 2003 Alan García compareció ante la comisión acompañado de Jorge del Castillo, para ser interrogado sobre sus vínculos con Fujimori, Montesinos y Agustín Mantilla y cuando se le preguntó por la compra de la casa en la playa Los Pulpos, la negó diciendo que no había comprado ese inmueble y que no era materia de investigación.
Heriberto Benítez le mostró la ficha de la Oficina Registral de Lima No 42251755 donde figuraba la compra al contado del inmueble por 120 mil dólares.
Artículo original
No hay comentarios.:
Publicar un comentario