La ola delictiva va en aumento, así lo percibe la gran mayoría de los ciudadanos. No es para menos si consideramos que el 64 por ciento de limeños ha sido víctima de un robo o "atraco", con violencia de por medio, según las estadísticas realizadas últimamente por las universidades de Lima y Católica (La República, 20 de abril del 2008).
El detallado informe que publicamos ayer domingo no está para el olvido. Ha dado la voz de alerta. Las pandillas han mutado. Sin duda, el crimen organizado las está utilizando para sus propósitos: controlar el tráfico de drogas, ejercer el sicariato y ampliar poder con la extorsión.
Ya no se trata del simple pandillaje que, hasta hace algunos años, se disputaba con machetes, piedras, y armas caseras, el control de algunos barrios populosos o la hegemonía futbolística. Ahora han pasado a las ligas mayores. Van camino a extender sus dominios como ejércitos –pequeños pero sofisticados– del delito. Poseen modernas pistolas provistas de silenciadores, fusiles con miras telescópicas y peligrosas granadas. Se desplazan, estos comandos del delito, en modernos autos, obviamente robados, y emplean celulares y radios, de última generación, para coordinar su criminal accionar.
Hasta febrero del 2002, habían sido plenamente identificadas 390 pandillas juveniles en los conos urbanísticos de la gran Lima, cuyo actuar, en los dos primeros meses de ese año, les había costado la vida a catorce personas. Sin embargo, informes policiales han llegado a determinar que actualmente existen unas 2 mil pandillas en todo el país integradas por un ejército de aproximadamente 40 mil individuos, mientras que en Lima, si bien es cierto el número de grupos violentos no ha crecido significativamente, su modus operandi se ha vuelto más feroz y, además, recluta para sus filas a menores de 13 años, casi unos niños.
Todo indica que la génesis de este problema social está en la pobreza (falta de empleo, carencia de una estructura familiar, etc.). Así las cosas, el gobierno, el Congreso, cada uno desde su responsabilidad política y social, tienen que enfrentar esta nefasta ola delictiva. También se debe tener en cuenta que para aplicar un programa de prevención, como parte de una política antipandillas, se tendría que incluir a los padres de familia, no para acusarlos de los delitos cometidos por sus hijos, como hubo una propuesta edil en el 2007, sino para que desde el hogar se pueda entregar calidad de vida a los jóvenes y evitar que caigan en el delito.
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