Nota: Dos cosas "positivas" que podemos desprender de este articulo peruano, que claramente no es inamistoso. Primero, es bueno saber que la hermandad y buena vecindad declarada por los peruanos, es mentira. Segundo, que el autor reconoce que ha sido el mismo Peru el que decidio medir su mar siguiendo los paralelos, y que ahora cambiaron su parecer (ESE ES PROBLEMA DE ELLOS, SI FIRMARON TRATADOS USANDO UN METODO, NO PUEDEN ASI COMO ASI CAMBIAR SU PARECER).
El Tratado Rada y Gamio - Figueroa Larraín (1929) resolvió problemas territoriales (Tacna para el Perú, Arica para Chile, servidumbres de acueductos y vía férrea, etc.) pero no se ocupó del dominio marítimo. No existía entonces el Derecho del Mar. El mar era unidimensional y no pluridimensional como hoy, con fondos marítimos y espacio aéreo.
Una maliciosa interpretación chilena ha originado la formación en el océano de dos triángulos que, aunque se encuentran dentro de la proyección de las doscientas millas desde las costas peruanas, en la práctica no forman parte de nuestro dominio marítimo. El primer triángulo, que en la realidad se encuentra bajo la soberanía chilena (el más cercano a la costa continental) tiene un área aproximada de 11.090 millas marinas cuadradas o 38,038 km2. El segundo triángulo, que en la realidad se encuentra en alta mar, tiene un área de 8,308 millas marinas cuadradas o 28,496 km2; éste debe también ser reivindicado por el Perú.
Chile mide sus doscientas millas mediante una paralela matemática a sus costas; nosotros siguiendo los paralelos geográficos. Y pretendemos aplicar como regla general la línea media o de equidistancia, por tratarse del método más idóneo para llegar a una solución equitativa. Esa es la fórmula que aplica la Convención del Mar.
Demandar ante la CIJ (La Haya) es viable. Este camino ya ha sido tomado, invocando el Artículo XXXI del Pacto de Bogotá (1948), por Nicaragua contra Colombia (2001). Se ha demandado ante la Corte Internacional de Justicia. Se fundamenta en el uti possidetis (es decir la situación territorial que tenía la Capitanía General de Guatemala, de la que se desprendió la parte demandante en la Independencia) para reivindicar el archipiélago de San Andrés y Providencia, así como los Cayos de Roncador y Quitasueño.
Examinemos, finalmente, la conveniencia de firmar la Convención del Mar. Ciento cuarenta y ocho estados la han ratificado. Reconozcamos que nuestra legislación nunca habló explícitamente de mar territorial ni mencionó el paso inocente de naves que es la característica de ese espacio acuático. Dos cenáculos constituyentes, el de 1978-79 y el de 1993, han excluido esa terminología con el propósito de adecuarnos a la Convención. Nuestro aislacionismo nos impide, fundamentalmente, formar parte de la Autoridad de los Fondos Marinos. Olvidamos que los nódulos polimetálicos se encuentran en la cuenca del Pacífico. Que a quinientas millas –es decir, más allá de las doscientas– de la costa peruana, en la falla de Galápagos, está un riquísimo yacimiento de sulfuros polimetálicos que contiene veinticinco millones de toneladas de precipitados de zinc, cobre, manganeso, etc. En la misma cuenca se hallan las crestas oceánicas de la Gerda y Juan de Fuica, la de Fiji, del Norte de Lau, Bismark, Depresión de Havre. Esa es la minería del futuro de cuya explotación y utilidades estamos autoproscritos.
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