Al cumplirse los primeros cien días de gobierno de Michelle Bachelet lo que más destaca es la incoherencia que caracteriza su gestión. Ella se presenta en varios niveles. Uno dice relación con el comportamiento de la propia presidenta. Se la ha visto reactiva a los acontecimientos que han terminado sobrepasándola, debiendo improvisar respuestas para frenar la escalada del conflicto estudiantil y haciendo malabares discursivos para pretender comunicar que las medidas comprendidas en las respuestas formaban parte de su programa de gobierno.
La relación con sus ministros ha estado lejos de ser armónica o de mostrar un sentido de equipo. Inusualmente los reunió -junto a otros altos funcionarios- para llamarles la atención, con prensa invitada, por su mal funcionamiento. Les señaló que debían anticipar la ocurrencia de conflictos y carecer de agendas personales privilegiando el protagonismo colectivo. Si esas fueron las imputaciones de la mandataria es evidente que hay un reconocimiento tácito de que su administración tiene una muy débil capacidad prospectiva y que cada cual hace lo que estima funcional a sus propios intereses, desdibujando un perfil de equipo de gobierno. Lo que Bachelet no admitió es que si eso acontece en su gobierno es porque se carece de liderazgo presidencial.
Otras expresiones de la inconsistencia presidencial es la contradicción entre los anuncios genéricos que hizo para comunicar que está “resolviendo” problemas y los proyectos que envía al Parlamento o las medidas administrativas que efectivamente se adoptan, que son bastante más acotados y limitados en sus alcances. A la presidenta le gusta auto fijarse plazos. Así ocurrió con las medidas para sus primeros cien días de gobierno, donde su cumplimiento es bastante relativo. Fijarlos de manera pública ¿no reflejará, más bien, una aspiración de ordenamiento a la que un estilo improvisado de administrar no logra compatibilizarse? En otras palabras, ¿no será darse a sí misma una señal de seguridad en el ejercicio de una función que le sobrevino?
Un segundo nivel de incoherencia se da en la relación entre el gobierno y el comportamiento de algunos parlamentarios de su propia coalición de apoyo. Nada mejor revela la existencia de agendas propias que la visita de algunos senadores y diputados de la Concertación a Bolivia donde suscribieron una declaración conjunta acerca de temas propios de la relación bilateral. Ello provocó molestias en el gobierno que – como en el caso de los estudiantes - fue sorprendido por los hechos y la presidenta debió decir lo que todo el mundo debe tener claro sin necesidad de que se lo recuerden: que a ella le corresponde la conducción de las relaciones internacionales.
De otra parte, el jefe de la bancada senatorial de la Democracia Cristiana, Hossain Sabag, ha expresado, además, que tiene la percepción de que los ministros no tienen la autonomía que requieren para ejercer sus cargos en plenitud y que estima que el gobierno debe ejercer más su liderazgo sobre las materias que le interesa sacar adelante así como sobre los puntos que son de mayor interés para el país, sin dejarse presionar por sectores interesados. Una crítica fuerte que no proviene desde la oposición sino desde dentro del bloque de apoyo de la administración Bachelet.
En definitiva, la sumatoria de incoherencias revela un problema estructural del gobierno, donde lo central no es tanto la divergencia de criterios entre sectores del gobierno, sino la incapacidad de la presidenta para ir más allá de la improvisación, de las conversaciones o diálogos ciudadanos y liderar un equipo cuyo norte sea gobernar y no solamente ejecutar una serie de tareas puntuales. Si alguien debe anticiparse a los conflictos y fijar líneas de acción que no se diluyan en comisiones es la presidenta. A fin de cuentas gobernar un país es más complejo que administrar un consultorio pediátrico o pasar revista a uniformados no deliberantes.
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