El programa de gobierno de Michelle Bachelet, fruto del trabajo de destacados profesionales, contiene ideas muy acertadas, pero también propuestas que emanan de una visión tendenciosa de cómo debiera ser la participación en nuestra democracia. Sus previsibles efectos no sólo ensombrecen lo sustancial de su programa, sino que harían palidecer cualquier ‘ofertón’ electoral de sus contrincantes. Lo escrito con espíritu pragmático está contaminado por un arriesgado idealismo.
En la discusión académica se ha hecho común referirse al tema del empowerment. Este concepto, que significa literalmente ‘entregar poder’, ha sido rápidamente traducido y asimilado por un sector de nuestra intelectualidad como ‘empoderar’ (sic.). En la sección "Nuevo Trato Ciudadano" del programa de gobierno de Michelle Bachelet se plantea el desafío de una "sociedad civil vibrante, participante y empoderada". Más adelante se indica que "creer en la democracia", como si fuera un acto de fe, "implica promover una ciudadanía informada, empoderada". Nadie discute la importancia del accountability, tema que por lo demás está muy bien tratado en su programa, pero ¿a qué se refieren con esta idea de "empoderar"? Este notable anglicismo, que llamará la atención de los miembros de la Real Academia de la Lengua Española, no tendría la menor importancia si fuera sólo eso, una palabra. Sin embargo, en función del objetivo del "empoderamiento ciudadano" se proponen un conjunto de medidas. De ser implementadas, sus consecuencias serían nefastas.
Su programa propone, en el ámbito legislativo, "una iniciativa popular de ley" donde "un conjunto significativo de ciudadanos podrá colocar en la discusión del Parlamento asuntos de su interés. El ciudadano tendrá las mismas facultades legislativas que sus representantes". Una democracia liberal, como la que estamos construyendo, descansa en el mecanismo de la representación, donde las instituciones evolucionan de acuerdo a las exigencias de los ciudadanos que no tienen, no pueden, ni deben tener las mismas facultades que sus representantes. Más importante aún, de ser implementadas estas "iniciativas populares de ley" como plebiscitos, se incentivaría la influencia de grupos de poder. La reciente experiencia en California con estos advocacy groups puede resultar esclarecedora.
En seguida, se compromete a implementar la "institución del Defensor Ciudadano", "un Consejo Público Privado", "cabildos comunales" para los municipios y "un sistema de audiencias ciudadanas" obligatorias para los ministros. En el furor del entusiasmo por el "empoderamiento", el programa continúa asegurando "procesos formales de participación ciudadana" para admitir proyectos de inversión regionales. En cuanto al sensible tema medioambiental, se promoverá "la opinión pública en el Sistema de Evaluación Ambiental", haciéndose "obligatorio establecer mecanismos de participación ciudadana". Sólo imagine el lector los incentivos para la inversión y el desarrollo si todo esto se hiciera realidad.
La mano invisible del "empoderamiento" puede ser tremendamente dañina para nuestro país. Esta utopía del Chile ateniense es simplemente inconcebible. Cualquier análisis político del "empoderamiento ciudadano" debe recurrir, no sólo a ciertos clásicos de la filosofía política en este tema, sino también a la economía, ya que el tema de los incentivos es fundamental.
Ciertamente el paradigma de la participación ciudadana ideal es una motivación noble. Pero todo economista comprende la importancia de los incentivos y sabe lo que son las consecuencias no intencionadas. Si no se analizan a cabalidad los incentivos, el camino al infierno puede estar pavimentado de buenas intenciones. En efecto, algunas iniciativas para darle autoridad a la gente terminarían favoreciendo, no a la ciudadanía, sino a unos pocos. Grupos de presión se organizarían para evitar proyectos de gran envergadura, exigiendo compensaciones. Nuestra institucionalidad ambiental podría quedar supeditada a un análisis costo-beneficio de las compensaciones. Diversos grupos de poder ejercerían una influencia desmedida en nuestro proceso legislativo. El mercado funcionaría, pero nuestras instituciones temblarían. Los incentivos estarían dados para que "asesores comunicacionales", organizando a grupos con un objetivo determinado, encuentren un rentable nicho de negocios. Lo que hemos logrado es un marco institucional dentro de una democracia representativa que debemos cuidar, pero también mejorar.
Desde los inicios de su campaña, Michelle Bachelet destacó sus "diálogos ciudadanos". En la introducción a su programa, la candidata está consciente de las críticas generan su "empeño en consultar, en incluir a la gente", pero aclara que su programa de gobierno es "ambicioso y realista". Siempre es alentador imponerse metas políticas ambiciosas, pero ¿podemos honestamente considerar esta tesis del "empoderamiento ciudadano", la promesa del nuevo Chile ateniense, como realista? Esto no es realista; sería irresponsable.
Leonidas Montes L. Profesor Economía Universidad Adolfo Ibáñez
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