El fortalecimiento de un conjunto de herramientas destinadas a enfrentar los delitos de corrupción estatal es una de las principales preocupaciones de los cuatro Fiscales Regionales Metropolitanos –Sonia Rojas, Solange Huerta, Alejandro Peña y Xavier Armendariz-, quienes hoy presentaron el balance 2009 del Ministerio Público.
"La corrupción representa una amenaza seria para la vida social y económica de toda nación", aseguró la fiscal regional Centro Norte, Sonia Rojas, quien ha supervisado casos como EFE, Recoleta, Huechuraba, GMA, la red de corrupción judicial y policial, y de subvenciones.
La representante del Ministerio Público dijo que si bien los persecutores han aplicado medidas intrusivas y tecnológicas -receptación telefónica, levantamiento del secreto bancario y peritajes informático- para perseguir ese tipo de delitos, aún faltan más herramientas para obtener los resultados de las investigaciones en tiempos más acotados.
Otros delitos en los que los fiscales hicieron hincapié son el crimen organizado, la violencia intrafamiliar y los de connotación sexual.
La fiscal de la zona Occidente, Solange Huerta, indicó que las denuncias por violencia intrafamiliar llegaron a 49.049 casos en 2009, aumentando un 13% respecto al año anterior.
"(Ésta) debe ser abordada con políticas públicas que incorporen un mensaje preventivo desde la primera etapa escolar e implementen programas de tratamiento psicológico para los agresores", dijo Huerta.
Respecto al crimen organizado, el fiscal de la zona Sur, Alejandro Peña, aseguró que es necesario ampliar las prácticas de procedimientos masivos en sectores dominados por el microtráfico y generar información que permitan atacar el tráfico y el lavado de dinero.
"La pena de embargo es el único medio efectivo para privar a las organizaciones delictivas del rédito económico que estos delitos reportan", afirmó Peña.
En tanto, el fiscal regional de la zona Oriente, Xavier Armendáriz solicitó que se realicen modificaciones legales, que permitan dotar herramientas efectivas para la persecución penal de delitos que atenten contra la Ley sobre conductas Terroristas, equiparándola con la Ley de Drogas y las normas sobre investigación de Pornografía Infantil.
Además, destacó la necesidad de contar con mayores sistemas de posicionamiento satelital o GPS, para el monitoreo efectivo de los imputados que están sujetos a medidas cautelares en libertad.
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