El gobierno prepara un proyecto de ley para que cerca de US$ 20 mil millones invertidos por chilenos en el extranjero regresen al país y paguen impuestos, que serían destinados a la reconstrucción. La iniciativa despierta aplausos y críticas. Quiénes y cómo se verían acogidos. El miedo a las platas "sucias" y la opinión de los parlamentarios.Buscando la fórmula final para lograr la repatriación de al menos US$ 20 mil millones invertidos fuera de Chile está el gobierno. En las próximas semanas el Ministerio de Hacienda pretende enviar un proyecto de ley que busca convencer a los dueños de esos recursos para que los reingresen al país y paguen los impuestos correspondientes: entre US$1.000 millones y US$1.500 millones, que se destinarían a la reconstrucción.
Desde el 6 de julio pasado que senadores y diputados manejan algunos detalles del proyecto. Éste considera una amnistía fiscal para esos recursos; es decir, no castigarlos por evadir impuestos, a cambio de que se regularicen y empiecen a pagar al erario nacional. La idea del gobierno es que estos capitales ingresen al país cancelando un tributo de entre el 6% y el 10% sobre el total.
Actualmente, el ministro Felipe Larraín y su subsecretario, Rodrigo Álvarez -quien está a cargo del proyecto-, mantienen conversaciones con parlamentarios y expertos tributarios, entre ellos el abogado Fernando Barros. El objetivo es que la iniciativa sea acogida por todos los sectores, para que entre al Congreso en un plazo máximo de tres semanas.
La idea no está exenta de críticas y genera dudas incluso en personeros del gobierno, como Julio Pereira, director del Servicio de Impuestos Internos (SII), quien tendría ciertos reparos. "Si el ministro decide acoger estas voces, que al parecer son transversales en el mundo político, tendría que presentar un proyecto de ley que disponga el mecanismo. Sólo en ese minuto el SII entraría en el tema con las normas y circulares que se requiera", indicó al Diario Financiero.
Hay quienes argumentan que es una idea políticamente incorrecta. "Yo apoyo la repatriación, pero hay que entender que haya personas que la reprueban pues significa apoyar a aquellos que actuaron ilícitamente y darles la espalda a quienes siempre respetaron la ley pagaron impuestos", dice el abogado Axel Buchheister.
A eso se suma el temor de que en la repatriación se "cuelen" platas provenientes del lavado de activos. Frente a esto, Pereira señaló que "si se miran otras experiencias y el derecho comparado, se ve que es pertinente tomar resguardos en materia de registro, lo que podría abarcar, en el caso de Chile, al Banco Central y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), de forma de velar porque se distinga en cuanto a la naturaleza y origen de los fondos, que no haya lavado de dineros ilegales".
Por eso el proyecto de Hacienda considera excluir del beneficio a todos los condenados por delito tributario y a quienes hayan perdido -mediante sentencia ejecutoriada- una reclamación frente al SII. También quedarían fuera los fondos originados en actividades delictuales, como el terrorismo o el tráfico de armas, drogas o personas.
Quienes sí podrían disponer de la prerrogativa son quienes tenga el carácter de contribuyentes al 31 de diciembre de 2009; es decir, personas que actualmente paguen impuestos por alguna actividad, bienes, fondos, capitales, etc. La medida también beneficiaría a quienes recibieron alguna herencia afuera y no la hayan declarado ni pagado el impuesto correspondiente.
El abogado tributario Arturo Garnham -del estudio Noguera, Larraín & Dulanto- propone imitar el modelo de Estados Unidos, Argentina y México, países que aplicaron amnistías similares. El jurista explica que un buen mecanismo es seguir a EE.UU., y así pedir antecedentes a cada una de las personas que decida regularizar su situación: contar quién es, por qué dejó el dinero afuera, cómo lo obtuvo y así reconstruir los antecedentes de cada caso. "Si no, se podría facilitar el lavado de activos", dice.
"Es importante tomar algunos resguardos. El primero de ellos es contar con controles adecuados para verificar el origen de los fondos. Esto no puede ser un simple blanqueo de capitales. El segundo consiste en dar señales muy claras respecto de la excepcionalidad de la medida, evitando un riesgo moral. Si los agentes económicos llegan a percibir que esto ocurrirá cada cierto número de años, el impacto de largo plazo en la recaudación puede ser negativo", dice Ignacio Larraechea, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central.
Desde la UP hasta el boom
Según fuentes del sistema financiero, parte importante de las platas que se quiere repatriar corresponde a personas que entre 1970 y 1985 arrancaron de la inestabilidad política. Un monto importante de esos recursos volvió en los 90, cuando se produjeron enormes oportunidades de inversión en Chile.
Otra cantidad regresó a contar del 2001, tras los atentados terroristas a Estados Unidos, debido a la fuerte fiscalización contra el lavado de dinero, que fue lo que ayudó a destapar cuentas secretas, como las de Augusto Pinochet.
La presidenta de la comisión tributaria del Colegio de Abogados, Olga Feliú, añade que "estas fugas de capitales, por temor a corralitos, se produjeron a principios de los 70, a mediados de los 70 y durante la crisis de 1982".
Éste es el caso de Juan, un agricultor de 70 años que tiene US$ 1 millón en un banco estadounidense. Corría 1966 cuando este terrateniente de la IX Región vendió un paño de mil hectáreas. Como no simpatizaba con el gobierno de turno decidió domiciliar el total de las ganancias en EE.UU. y desde ahí manejar una variada cartera de inversiones. Lo hizo, dice, porque no confiaba en el sistema económico chileno de entonces.
Al igual que él, hay varios hombres de negocios que temieron que sus ahorros pudieran ser capturados por el Estado y, por ello, los sacaron del país. Los expertos tributarios coinciden en que los chilenos con dinero en el exterior son personas que manejan negocios fuera, recibieron herencias o vivieron en el extranjero por un tiempo prolongado. Entre éstos figuran algunos exiliados que lograron armarse de cierto patrimonio.
A ellos se suman ejecutivos de altos ingresos, herederos o dueños de fortunas individuales que, aprovechando los buenos ciclos económicos, crearon desde Chile sociedades de inversión en los paraísos fiscales -donde no pagan ningún tipo de tributo- para maximizar la rentabilidad de su capital o sólo conservarlo. Los patrimonios pueden ir desde US$ 500 mil a US$ 10 millones. "Todo indica que son profesionales, empresarios de nivel medio-alto, que constituyeron afuera un respaldo monetario. Es probable que sean inversiones líquidas", indica Axel Buchheister.
En la lista también figuran pequeños inversionistas que sacaron cantidades menores en forma consecutiva: el Banco Central sólo exige informar la salida de capitales por sobre US$ 10 mil cada vez.
Bancos extranjeros -casi siempre norteamericanos y europeos- manejan estas platas, que se encuentran generalmente invertidas en depósitos, fondos mutuos o acciones, fideicomisos y seguros. También figuran metales preciosos, monedas y hasta inmuebles.
La gran duda: ¿cuánto cobrar?
Uno de los temas más controversiales del proyecto es el porcentaje del impuesto que se cobraría a quienes regularicen su situación. Los mismos parlamentarios desconocen esa cifra, aunque se especula que debería situarse entre 3% y 15%. De todas formas, trascendió que el Ejecutivo, al igual que la mayoría del Congreso, está de acuerdo en una cifra: no puede ser menor al 6% ni superior al 10%.
Sin embargo, en el mercado hay opiniones distintas. El economista Paul Fontaine -quien desarrolló una iniciativa de repatriación de capitales para el programa económico del ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami- piensa que el cobro debe ser de 3% como máximo. "La tasa del 6% desincentivará a mucha gente, pues sus inversiones afuera no están pagando impuestos. Entonces la repatriación se les hace cara", indica.
Una opinión similar tiene Luis Enrique Álamos, socio de PriceWaterhouseCoopers. Según él, la tasa debe ser lo más baja posible. "Si es superior, no habrá incentivo y las personas seguirán manejando su dinero en el extranjero ,tal como lo han hecho hasta hoy", indica.
A su juicio, el total que se repatriaría es más cercano a los US$ 5 mil millones que a los US$25 mil millones. "Si bien puede que haya cerca de US$20 mil millones en el exterior, no creo que todos quieran repatriarlo", dice Álamos.
Buchheister piensa diferente. Sostiene que las personas con patrimonio no declarado han ahorrado impuestos por muchos años; por ende, el costo de "limpiar" su situación tributaria no debería ser inferior al 10% o 15%. "Más que incentivarlos a hacerlo, yo lo veo como darles una oportunidad de esclarecer sus ingresos y registrarlos aquí", indica.
Con todo, se calcula que lo que obtendría el Fisco por ingresos tributarios fluctúa entre los US$ 500 millones y los US$1.500 millones.
Según analistas del mercado, en los últimos años la repatriación de capitales se ha convertido en una verdadera corriente. Tras la crisis, varios países de la Unión Europea movieron fichas en esa dirección: Italia, Bélgica, Austria, Portugal, y ahora último España y Grecia.
En Atenas, el gobierno anunció que pondrá en marcha una campaña para tratar de repatriar los capitales de ciudadanos griegos en el exterior que no han sido declarados a Hacienda, con el pago de un impuesto reducido del 5%.
¿Convencidos?
Hay economistas que temen que un caudal importante de dólares pueda desestabilizar al mercado, bajando el precio de la divisa y golpeando a las exportaciones, el gran motor de la economía chilena. Para evitar un impacto profundo, Hacienda planea no hacer exigible el ingreso material de los capitales al país.
Otro de los temas que Hacienda estudia es el período para declarar el patrimonio. Según los expertos, la ventana debería estar abierta sólo entre tres y seis meses. "Esta es una buena iniciativa para regularizar fondos de chilenos en el exterior. Quien no aprovecha esta oportunidad, corre el riesgo de tener que hacerlo más adelante, pero a través de acciones legales del SII. El que no repatrie sus capitales ahora -si es que se crea la ley- se arriesga a que, en caso de detectarse que tiene activos en el exterior no declarados, sea sometido a las reglas generales de tributación", sostiene Pablo Greiber, de Ernst & Young.
En otros procesos similares de repatriación de capitales en el mundo, los legisladores optan por conmutar los delitos de fraude o defraudación fiscal a cambio de la regularización.
Sin embargo, pese a los beneficios hay quienes prefieren mantener su capital afuera ad eternum. "A algunos no les convence esta normalización. No porque sus platas sean ilícitas, sino porque no podrán demostrar su procedencia, debido a su larga data. Para evitar que se dude de ellos, optarán por no repatriar", indica Buchheister.
Por su parte, Luis Enrique Álamos dice que hay varias personas que prefieren tener un "colchón" afuera para resguardarse en caso de crisis política o económica.
"A eso se suma gente que si repatria sus recursos, se convierte de golpe en más rico y, por ende, no sólo pagaría más impuestos, sino que aumentaría también su impuesto a la herencia", comenta un experto, quien calcula que el porcentaje de chilenos a favor de la repatriación es de 80%.
A pesar de que esta iniciativa se ha enmarcado en el proyecto de reconstrucción, Greiber, advierte que tiene que ver con las exigencias de la OCDE, " organismo que recomienda y promueve las buenas prácticas, y una de ellas es la trasparencia e intercambio de información entre las administraciones tributarias".
El factor Letelier
Aunque en Hacienda tenían en carpeta enviar el proyecto lo antes posible, fue el senador Juan Pablo Letelier quien, a mediados de junio, planteó la idea como una indicación al proyecto de Ley de Financiamiento.
"La iniciativa busca levantar fondos para reparar el patrimonio histórico y rural del país
dañado por el terremoto. La ley pretende regularizar la situación de personas que no declararon su capital, que lo sacaron del país y que no pagaron impuestos. ¿Hay delito tributario en todo esto? Claro que lo hay. Y por eso este proyecto propone un indulto. Pero esto no tendría sentido si no es con un objetivo como la reconstrucción", indica el parlamentario.
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