Los resultados de la Encuesta Casen 2009 sobre pobreza y distribución del ingreso obligan a preguntarse si la agenda de gobierno debe privilegiar una sobre otra. Lo cierto es que la meta del Ejecutivo es clara: "Quiero ratificar hoy, el compromiso de nuestro gobierno de ser capaz de terminar con la pobreza extrema durante nuestro periodo", destacó ayer el presidente Sebastián Piñera en Enapyme 2010. Así, el mandatario dejó en evidencia que la brújula que guiará las decisiones de política pública apuntará más bien, al objetivo explícito de erradicar la pobreza hacia 2018 y, aunque se incorpora la desigualdad como un problema, la actual administración no se fija "metas" al respecto.
Lo único que aparece en el programa de gobierno señala que "como objetivo de largo plazo" se buscará una distribución más equitativa del ingreso, "acercándonos gradualmente a la realidad de los países más desarrollados".
Pero, ¿son excluyentes ambos objetivos?. El director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, es tajante en su análisis, pues afirma que mientras "disminuir la pobreza reduce automáticamente, la desigualdad, reducir la desigualdad no necesariamente disminuye la pobreza".
Para el experto, la erradicación de la pobreza "es prioritaria", porque las personas que viven en esa condición tienen carencias que les impiden llevar una vida digna. Agrega, perpetúan esa condición en sus hijos que no tienen oportunidades de salir de ella.
"La erradicación de la pobreza es un imperativo ético para un país como Chile que tiene la posibilidad de hacerlo, dándole a las personas afectadas herramientas para que no vuelvan a caer en ella". En ese objetivo, Larraín enumera el crecimiento, la creación de empleos, la focalización del gasto social y mejorar la calidad de la educación.
En tanto, Patricio Meller, investigador de Cieplan y ex presidente del Consejo Trabajo y Equidad, explica que no se trata de privilegiar un aspecto sobre otro. "Es como elegir entre inflación o desempleo, aunque por lo menos ahí hay una lógica: si quiero menos inflación, es más desempleo y si quiero menos desempleo, es más inflación. Aquí no es que ambos estén en contradicción", sostiene.
En la misma línea, el coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer, considera que ambas tareas no son incompatibles. No obstante, advierte que una tensión entre ambas podría ocurrir cuando se grava demasiado el capital, tanto físico como humano, con fines redistributivos. "En ese caso, los países pueden crecer muy poco. Si eso es así, no hay muchos recursos adicionales para redistribuir y tampoco aumentan las oportunidades de empleo y de mejores ingresos de los hogares más pobres".
Por eso, el académico plantea que si los dineros adicionales realmente no mejoran la educación, la salud o sirven para transferir recursos a los hogares más pobres, no se logrará disminuir la pobreza y tampoco reducir desigualdad de ingresos.
Para Larraín, ésta última no es un problema per se, sólo los es cuando es extrema, precisamente porque los más pobres no pueden satisfacer necesidades básicas. "Las herramientas para combatir esa desigualdad son similares, pues una situación de pleno empleo lleva a mejores salarios, programas sociales focalizados disminuyen la desigualdad y por último mejorar la educación reduce las brechas de ingreso", aclara.
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