La aparición de los fríos en esta temporada invernal expuso crudamente lo que ya tiempo atrás se preveía. Los remedios improvisados para subsanar la crisis de abastecimiento de gas ya no fueron suficientes. Sectores importantes de la industria quedaron desabastecidos y paralizados, lo mismo que el llenado de garrafas y tanques domiciliarios de gas licuado.
Tampoco fue suficiente haber suprimido totalmente las exportaciones de gas a Chile, ni haber aumentado al máximo las compras a Bolivia a precios elevados, ni haber hecho funcionar las centrales eléctricas con combustibles líquidos alternativos más caros y contaminantes, ni haber instalado buques gasificadores alimentados con el costoso gas licuado importado para inyectar ese fluido en la red.
El Gobierno da prioridad al uso domiciliario. Sin embargo, la caída de presión en amplias zonas expuso dramáticamente que la situación también llegó a los hogares. Se estima que para regularizar el abastecimiento en los días de mayor consumo se habrían necesitado unos 30 millones de metros cúbicos adicionales, además de todas las sustituciones ya implementadas.
La crisis del gas llegó confirmando los pronósticos de técnicos del sector que el Gobierno descalificaba como "agoreros". Hay cuestiones que están regidas simplemente por la física y la aritmética, y ésta era una de ellas.
En épocas anteriores, los problemas de abastecimiento de gas en invierno estaban ocasionados por limitaciones puntuales en la red de gasoductos o en las redes de distribución de las grandes urbes. La presente crisis encuentra no sólo esas limitaciones, sino también una caída global de la producción de gas del país. Esto a su vez ha obedecido a una política deliberada de retrasos tarifarios, que, desde 2002, con la declaración de la emergencia económica, pretendió amortiguar los efectos inflacionarios de la devaluación instrumentada a la salida de la convertibilidad. El virtual congelamiento de los precios del gas en boca de pozo desalentó completamente las inversiones en exploración y desarrollo.
Mientras los productores de gas en la Argentina han recibido en estos años entre 1,5 y 2 dólares por millón de BTU, los de otros países logran entre dos y tres veces ese precio. Una política similar castigó el precio local del petróleo crudo, asociado habitualmente a la producción de gas. La consecuencia fue obvia. Los inversores se orientaron a otros países, y la exploración y el desarrollo de nuevos yacimientos en la Argentina bajaron notablemente. Cuando la curva de producción de los pozos antes existentes comenzó a declinar sin que esto fuera compensado por la incorporación de nuevos pozos, el volumen total producido en el país empezó a disminuir.
Por otro lado, el congelamiento de las tarifas pagadas por los usuarios impulsó el consumo físico hogareño y alentó una mayor demanda de gas en las industrias. Se produjo así una contradicción entre el comportamiento de las dos variables básicas que gobiernan una actividad productiva: la oferta y la demanda. Sólo porque en la década anterior se habían alcanzado saldos exportables, la crisis interna pudo ser postergada suprimiéndolos. Fue así como importantes inversiones en gasoductos a Chile quedaron inutilizadas a pocos años de su construcción. Esto se hizo afectando compromisos contractuales y acuerdos que dañaron las relaciones con el país hermano.
De nada vale hoy que los consumidores de gas de red, que son los de mayor poder adquisitivo, reciban sus facturas a precios ridículos y con una indicación destacada que les dice que la tarifa es subsidiada. No se entiende qué sentido social puede tener esta situación si los habitantes de zonas marginales, que deben usar garrafas, pagan un precio varias veces superior y además hoy les cuesta conseguirlas.
Esta situación no se resolverá de un día para otro, pero requiere hoy mismo enmendar los errores y aplicar las políticas correctas. Han pasado más de ocho años desde que la declaración de una emergencia económica pudo justificar momentáneamente el incumplimiento de los contratos y los marcos regulatorios que daban la seguridad jurídica necesaria para las importantes inversiones que requieren la producción, el transporte y la distribución de gas.
Es tiempo de reconstruir el marco económico e institucional renegociando los contratos de concesión, sincerando las tarifas y los precios en toda la cadena productiva y normalizando el ente regulador Enargas como lo han solicitado ocho ex secretarios de Energía en estos días.
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