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Recién el último miércoles, 25 de marzo, una delegación del Produce, encabezada por el viceministro de Pesquería, Alfonso Miranda, e integrada por el jefe del Instituto Tecnológico Pesquero ITP y la directora de Sanidad Pesquera, acudieron a la Comisión de Producción del Congreso para aclarar esta denuncia, y lo que dijeron fue que el Perú había decidido pedir que la Unión Europea envíe una misión para inspeccionar las áreas productoras, lo que debía hacerse a la brevedad posible para evitar que se extienda la prohibición. Y, como si el entredicho fuera sobre supuestos, el viceministro declaró que no estaba comprobado el contagio de los ciudadanos españoles. Pero nadie recordó entonces que el ex ministro Rey había pedido oficialmente disculpas a ese país por este caso.
El hecho es que mientras se ganaba tiempo frente a los parlamentarios, y en el ITP se iniciaba una razzia contra los técnicos, sancionando a los que se imaginaban que eran los responsables de “infidencia” hacia la prensa, las cosas seguían su curso en la Comisión Europea, donde los procedimientos simplemente se cumplen. Así, el 26, el día siguiente de la presentación ante el Congreso, una implacable decisión recordaba que la suspensión anterior fue establecida como medida de emergencia por “la contaminación con el virus de hepatitis A de determinados moluscos bivalvos importados del Perú, de los que se constató que habían originado un brote de hepatitis”. (¡Cómo que no estaba comprobado!).
Y añadía: “las autoridades peruanas han facilitado determinada información sobre las medidas correctoras aplicadas para mejorar el control de la producción de moluscos bivalvos destinados a ser exportados a la Comunidad. Sin embargo, dicha información es insuficiente y debe realizarse una inspección de la Comisión en el Perú”. De donde se sucedían los siguientes acuerdos: sustituir la fecha 31 de marzo, por 30 de noviembre del 2009, como tiempo de vigencia de la suspensión, y comprender a todos los estados miembros de la UE en los alcances de la medida. O sea a cinco días del plazo, nuestro país estaba deshojando margaritas para pedir otra misión, y Europa estaba decidiendo expulsarnos de su mercado por ocho meses más.
Mientras la ministra Conterno anunciaba una “estrategia de reforzamiento de las exigencias porque queremos aprobar cualquier auditoría” (Andina 24 de marzo), la UE estimaba que la información peruana entregada en cinco meses de suspensión era aún insuficiente. ¿Quién es responsable ahora? ¿Cuántos puestos de trabajo tambalean por la prórroga de la suspensión? ¿Dónde está el problema, en la prensa que investiga o en las autoridades que incumplen su responsabilidad?
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