Las inversiones en los países en desarrollo son fundamentales para promover el crecimiento. Pero ¿cómo combinar el crecimiento con el medioambiente? Resolver esta interrogante, se vuelve clave a la hora de plantear nuevas iniciativas.
Santiago. Más de 2.000 personas protestaron, el pasado 29 de agosto, en una decena de ciudades chilenas contra la instalación de represas en la Patagonia, la zona austral del país. Sólo en Coyhaique, capital de la región de Aysén -ubicada a 1.720 kilómetros al sur de Santiago, la capital de Chile-, cerca de 400 personas asistieron a la marcha ‘‘Por un Chile sin + Represas’’, para manifestarse contra el proyecto que promueve el consorcio compuesto entre Endesa y Colbún, y que persigue construir el proyecto HidroAysén.
La iniciativa contempla la construcción de cinco centrales en el cauce de los ríos Pascua y Baker, que demandarán una inversión de más de US$3.000 millones y aportarán una potencia de 2.750 megavatios al Sistema Interconectado Central (SIC). El problema es que para su ejecución se inundará una superficie total de 5.910 hectáreas de bosque nativo.
El lío energético de Chile es preocupante. Al igual que en el resto de América Latina, los índices de crecimiento económico han ido acompañados del aumento de la demanda energética y, por lo tanto, se requieren de inversiones y proyectos que garanticen el suministro de energía. HidroAysén es sólo un ejemplo de lo que ocurre en toda la región, donde las comunidades se resisten a distintos proyectos hidroeléctricos: como en el caso de la central de Inambari en Perú, el proyecto El Quimbo en Colombia o El Zapotillo en México. Entonces, la incógnita es ¿cómo combinar crecimiento con medioambiente?
La solución pareciera estar en un concepto que se ha vuelto clave en el último tiempo: desarrollo sostenible, acuñado por primera vez en 1987, en el informe titulado ‘’Nuestro Futuro Común’’, que emanó de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, creada tres años antes, atendiendo un urgente llamado formulado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Allí el desarrollo sostenible se definió como “el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”.
Para alcanzar esta panacea se involucran una serie de necesidades sociales, económicas y ambientales. “Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de que lo que es bueno para el crecimiento, es necesariamente malo para el medioambiente. Esto es un cálculo que ignora el valor de la pérdida de la biodiversidad, el costo de inversión en adaptación al cambio climático y la pérdida de recursos no renovables”, explica Jordan Schwartz, economista líder de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe del Banco Mundial (BM).
Factores que se contraponen. Las inversiones en infraestructura en los países en desarrollo son fundamentales para promover el crecimiento de sus economías, ya que buscan solucionar importantes cuellos de botella que han acarreado graves problemas. Pero en ese ejercicio hay muchos factores que podrían contraponerse, pues si bien se busca reducir la contaminación, también se espera que se masifique el transporte y la conectividad entre las regiones.
Es por eso que los proyectos de infraestructura sustentable buscan cumplir con los criterios de crecimiento, pero en sintonía con las metas ambientales, como la reducción del cambio climático. Para Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología Política, con sede en Santiago de Chile, el gran dilema de América Latina son los problemas ambientales que acarrea el crecer a toda costa. “Puede que esté en el discurso el crecer sustentablemente, pero no se ha podido resolver aún la ecuación”, asegura a AméricaEconomía.com, y agrega que “existe una contradicción entre crecimiento y medioambiente”.
Una visión opuesta tiene el especialista del BM, quien asegura que pese a que no quiere cantar victoria en la lucha por la conciencia ambiental, asegura que como se evalúan hoy los proyectos, es totalmente diferente a como era hace 15 ó 20 años. En ese sentido, detalla que hoy "hay más conciencia pública y compromiso politico. Tenemos nuevos ministerios de ambiente, más paises con consultas publicas, nuevos marcos regulatorios y un dialogo más abierto sobre la sostenibilidad".
El BM, al igual que otros organismos multilaterales como Cepal y ONU, ha desarrollado un plan de acción sobre infraestructura sostenible, el que se ha venido ejecutando desde hace un año. Entre 2008 y 2011, proveerá financiamiento y asesorías que alcanzarán entre US$59.000 millones y US$72.000 millones. La vicepresidenta de Desarrollo Sostenible del organismo ha sido clara en destacar que “para lograr un desarrollo sostenible, es fundamental que los servicios de infraestructura sean modernos, eficaces en función de los costos y confiables, y que estén al alcance de todos".
Según Schwartz, el plan tiene dos elementos principales. En primer lugar, incrementar los niveles de apoyo a los países en desarrollo, y por otra parte, mejorar el impacto y la efectividad del trabajo en infraestructura. “La idea es transformar a nivel de proyecto, tanto nacional como global, el no hacer daño al medioambiente, a mejorar el medioambiente”, sentencia.
Rol gubernamental. Uno de los elementos fundamentales del plan del BM es que busca respaldar el fortalecimiento de la capacidad gubernamental para diseñar, financiar y ejecutar obras de infraestructura; para asociarse con el sector privado y para utilizar nuevos productos que permitan mitigar los riesgos financieros y de otro tipo que afrontan los inversionistas, así como reducir los costos generales de los proyectos.
Pero para Baquedano esto no es suficiente, y destaca que es fundamental que exista voluntad política. "El gobierno debe rediseñar el desarrollo. Son decisiones para hoy, porque ya estamos muy atrasados". Y asegura que no basta con que cada vez que se ejecute un proyecto haya mitigaciones: "No tienen sustento en el largo plazo. Las mitigaciones son cosas del momento y no se ve más allá de 8 ó 10 años, que es cuando llega el retorno de la inversión”.
Schwartz asegura que “hay un viejo refrán sobre el costo de la educación, que dice que si una persona considera el costo de la educación muy alto, debería considerar también el costo de la ignorancia. Con las inversiones pasa algo similar cuando no se consideran los impactos de mediano o largo plazo. Muchas veces parece más barato hacer inversiones que no internalizan los impactos ambientales, pero al final de cuentas los costos son mayores que los beneficios”.
Es diverso el grado de voluntad de los gobiernos de la región para adoptar una visión a largo plazo en las inversiones de infraestructura. En general, se ha visto un creciente compromiso regional hacia la lucha contra el cambio climático y el fortalecimiento de medidas de protección ambiental en inversiones de infraestructura local. Al parecer, cada vez está más claro que no hacer nada implicará un costo.
La recesión no ha parado este impulso. Por ejemplo, el gobierno mexicano, que está en medio de una crisis financiera particularmente dura, en los últimos meses promulgó una nueva legislación para promover el uso de energías renovables y la eficiencia energética, así como un Plan Especial del Cambio Climático, el que establece una estrategia para reducir las emisiones a nivel sectorial.
Iniciativas privadas. En infraestructura verde, donde las tecnologías cambian diariamente, el sector privado permanece como el principal proveedor de los servicios, aún cuando el sector público sea el dueño del servicio. En esa línea, Schwartz asegura que aunque cada país tiene su propia manera de involucrar a los privados, "en la provisión e inversión de infraestructura, en términos generales se puede decir que el sector privado es un factor muy importante en esta discusión".
En Chile, Miranda & Nasi Consultores es una de las primeras compañías que entrega asesoría para Certificaciones Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), que consisten en validaciones de edificios entregadas por el U.S. Green Building Council, una organización estadounidense que promueve la sostenibilidad en el diseño y construcción de las obras. La certificación se obtiene luego de ser analizadas cinco áreas: suelo, materiales, calor, agua y energía, a las cuales se les asigna un valor. En Chile, hay sólo dos edificios con esta certificación: el Hotel Explora, en Isla de Pascua, y una tienda de retail en el norte del país.
La arquitecta Alessandra Nasi considera que con el tiempo ha surgido un cambio de política y de visión que ha llevado a pensar las construcciones de manera más sustentable, principalmente porque poseer dichos estándares aporta elementos de marketing y diferenciación. A diferencia de lo que ocurre en el sector público, los privados se mueven más rápido, aunque Nasi destaca que se podría aplicar una herramienta similar a los proyectos públicos o de mayor envergadura.
De hecho, en la consultora que lidera Nasi ya están asesorando a una empresa inmobiliaria que busca construir el primer barrio Leed, donde no sólo estará puesta la atención en qué se construye, sino también en la conectividad y los cursos de aguas, entre otras exigencias.
Para que este estándar pueda llegar al sector público, Nasi agrega que se requieren incentivos por parte del Estado para que exista un mayor desarrollo en sectores de menor plusvalía. A lo que se suma Manuel Baquedano, quien insiste en que el rol del gobierno es fundamental: "debe haber una entrada decidida hacia la sustentabilidad; lograr esa compatibilidad es necesaria".
Artículo original
Siguiendo a Talleyrand, las palabras sirven para ocultar las verdaderas intenciones. 
