La inauguración oficial de la planta de gas natural licuado (GNL) de Quintero reabrió ideas viejas respecto al envío del hidrocarburo al país vecino. En el gobierno chileno no se descarta la idea, pese a que necesita de algunas reformas legales. Como primer paso, en noviembre se reunirían las autoridades de ambos países para conversar sobre el tema.
Recién inaugurada la primera planta chilena de regasificación de gas natural licuado (GNL) en el puerto de Quintero, y ya se abrieron las llaves de paso de las suspicacias: ¿Es estrictamente necesario que Argentina importe gas desde Chile?, se preguntan los foristas en la sección de comentarios de los medios online. Y los chilenos: ¿Existe la suficiente confianza para establecer acuerdos comerciales de producción energética con el país que, arbitrariamente, desconoció los tratos y cerró la llave del gas?
En apariencia, las autoridades de ambos países la tienen clara. El ministro de Energía, Marcelo Tokman, ha admitido las conversaciones con su homólogo trasandino, Julio de Vido, respecto a la exportación del combustible a Argentina, aprovechando de manera óptima la nueva infraestructura gasífera, cuya inversión superó los mil millones de dólares. La idea, aunque viable y comercial, es ciertamente paradójica, ya que el proyecto para desarrollar plantas de GNL en Chile se originó luego de los primeros racionamientos de gas por parte de los trasandinos.
La idea de la exportación de gas no es nueva. En octubre de 2007, el ex gerente general de ENAP, Enrique Dávila, planteó la factibilidad de que Chile se convirtiera en exportador de este fluido a la Argentina. En el marco de la muestra Oil & Gas, realizada en la Sociedad Rural Argentina, el ejecutivo sostuvo que “desde el año 2010 se podría exportar gas a la Argentina, a través de Mendoza. Estamos dispuestos a conversar el precio”. “Se viene el contraataque chileno”, aseguró La Nación de Argentina al recordar que el gobierno trasladaba al precio chileno la retención por el gas boliviano, mucho más caro que el local.
Nuevas autoridades, nuevas leyes
Pero contextualicemos. Argentina ha sufrido en la última década una brusca caída de sus reservas de gas, lo que se ha reflejado en un déficit de abastecimiento interno, tanto de hogares como de industrias. La falta de proyección en la materia y la regresión en las políticas de Estado respecto al tema han transformado a este país en un impensado demandante de hidrocarburos, convirtiéndose Bolivia en su principal proveedor. Por otra parte, la crisis energética mundial sumada a las constantes problemáticas económicas que desembocaron en los sucesos de 2001, dejaron al desnudo las anomalías del proceso de privatizaciones de las empresas públicas durante los ’90.
En 1995, los gobiernos de Eduardo Frei y Carlos Menem firmaron un protocolo de integración gasífera, que le permitía a Chile no depender únicamente de la energía hidroeléctrica y asegurar un suministro por largo tiempo. Firmado en noviembre de ese año, el acuerdo fijaba las normas que regulaban la interconexión gasífera y el suministro de gas natural. Hasta ahí todo bien.
Sin embargo, la crisis energética que afecta al suministro interno argentino posibilitó las restricciones y cortes. El gobierno chileno pidió explicaciones amparado en el artículo 10, en donde se compromete a proporcionar a su contraparte toda la información sobre las autorizaciones, licencias y concesiones solicitadas para la construcción, operación y explotación de gas natural. Como respuesta, el gobierno de Néstor Kirchner responsabilizó a las empresas proveedoras y las empresas al gobierno. Entendiendo la multiplicidad de factores que posibilitaron estos cortes, hay algo que no se puede desconocer: la tendencia de los gobernantes argentinos a romper los acuerdos diseñados por sus antecesores. A presidente nuevo, ley nueva, y así lo demostró el ex jefe de gabinete argentino, Alberto Fernández, al considerar que el protocolo gasífero era inconstitucional y que, por esa razón, nunca mereció la ratificación parlamentaria.
Para Chile, el golpe de los cortes fue duro, básicamente porque la importación de gas argentino permitió que las tarifas cayeran cerca de un 20% a nivel de consumidor final. El veranito había llegado a su fin, aumentaron los cuestionamientos por la falta de visión a largo plazo que hizo que Chile se entregara enteramente al gas argentino y los bajos costos de involucraba.
El mercado chileno no fue el único afectado por las restricciones. Las industrias argentinas también eran privadas de su servicio normal de gas. Los recortes eran ordenados para garantizar el abastecimiento interno en la temporada invernal.
CAMBIA EL ESCENARIO
Ante esta coyuntura, el gobierno chileno diseñó la estrategia -acorde con los planteamientos de la región- de construir plantas de gas natural licuado. Asumir ese costo era la única forma de terminar con la total dependencia del suministro, porque la relación no concluirá. Se espera seguir contando con el abastecimiento de gas desde Argentina, básicamente porque la solución de Quintero se restringe sólo a la zona centro del país. La demanda del norte de Chile será cubierta por Mejillones, pero el sur seguirá dependiendo del gas trasandino.
Existe otro aspecto que hace mirar con buenos ojos este nuevo escenario de diversificación energética. Michelle Bachelet, en su discurso durante la reunión de representantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), realizada en Brasilia en mayo de 2008, planteó la necesidad de establecer, como de vital importancia, un consejo energético para trabajar en los lineamientos y elaboración de una estrategia regional, punto de inicio de un tratado energético de Sudamérica. La producción de gas natural, inmejorable para la independencia energética de los países en tiempos de crisis, es también un complemento para la mirada integradora que necesita la región. Chile, en una posición privilegiada, debe ser el engranaje de las políticas de integración latinoamericanas, una lógica que llama a sumar y no dividir.
En noviembre, los representantes de Chile y Argentina se reunirán en Santiago para definir los aspectos de la posible exportación de gas a Argentina. Asimismo, se revitalizará el proyecto de interconexión eléctrica entre Paraguay, Argentina y Chile.
Artículo original
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) informó ayer que este país perderá más de 1.000 millones de dólares este año por la caída en las exportaciones del gas natural, el principal producto exportable. “La caída en el precio internacional del petróleo, que regula el del gas, y el comportamiento del mercado que se tradujo en una menor demanda del energético, son las causas para la reducción en los ingresos” sostuvo el organismo en un informe.
