Perú: "Lo de Chile es sólo un gesto para la galería"

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Entrevista. Luis García Corrochano. Ex asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que el corte del canon en Chile no garantiza disminución del gasto destinado al armamento en ese país.

Chile anuncia que cortará el porcentaje del canon destinado a armas. ¿Tiene eso que ver con el reclamo de García en Unasur?

No, creo que es una medida simbólica. Lo que hoy día es un canon, mañana puede ser parte del presupuesto del Ministerio de Defensa de Chile o de cualquier otro lugar. El tema, entonces, no es de dónde provienen los recursos, sino para qué se están comprando todas esas armas, y si es cierto que el argumento de la renovación de equipos se está aprovechando para romper el balance del equilibrio estratégico regional.

Es decir, ¿así Chile deje de comprar armas, ya se ha dado ese desequilibrio estratégico?

Ya está dado, porque esta no es una región de alta conflictividad. En esta región resulta sospechoso el exceso en la compra de armas.

El anuncio estaría orientado a calmar los reclamos sobre una carrera armamentista.

Es sólo un gesto para la galería, para que se diga que están derogando la norma que facultaba destinar parte del dinero obtenido de la venta del cobre en armamento. Pero eso no significa necesariamente que el presupuesto para armamento que maneja Chile se vaya a reducir a partir del año próximo.

Se habla también de compra de armas por parte de Bolivia, Venezuela, Brasil. ¿Estamos hablando de una carrera armamentista en la región?

Una carrera armamentista siempre se da en un escenario donde hay riesgo de conflicto. Más que frente a una carrera armamentista, acá estamos frente a un rearme inusual, a un volumen de armas que no ha sido frecuente y que es significativo si consideramos el monto del presupuesto de los Estados actualmente, y que obedece a un patrón de fortalecimiento de capacidad ofensiva.

¿Y cuál sería el motivo de este rearme inusual?

Esa es la pregunta que nos hacemos: cuál es el objetivo detrás de todas estas adquisiciones. De ahí la pregunta del presidente García sobre el sinceramiento.

¿Cuál sería la hipótesis?

La posibilidad de un conflicto bilateral hoy es lejana. Hablamos de países que conviven pacíficamente, que son respetuosos de los principios de las Naciones Unidas y que no creen en la agresión como forma de hacer política exterior. Entonces, esto aparenta ser parte de un temor hacia una hegemonía o una división ideológica. Por ejemplo, en algunos casos (Bolivia y Venezuela) se están prendiendo de la presencia de Estados Unidos en las bases colombianas.

“El Perú está en déficit ante otras Fuerzas Armadas”

Ante el incremento de la capacidad ofensiva de los vecinos, ¿cómo queda nuestro país?

Nuestro país está perdiendo terreno. Estamos en déficit, por eso se propuso desde la gestión del ministro (Allan) Wagner el Núcleo Básico, lo que significa que debemos contar por lo menos con determinado armamento en estado operativo. Pero hoy día las necesidades internas son las que van a presionar más por una renovación de equipos que los peligros externos.

Se refiere a la lucha contra el narcoterrorismo, por ejemplo...

Así es, porque en realidad la tendencia del Perú desde los ‘80, salvo el período del conflicto con el Ecuador, ha sido potenciar más la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para el control interno. Pero urge también estar en condiciones de garantizar el control externo.

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Perú: Ferrero pide prudencia por Ley del Cobre en Chile

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Colaboración de Humanoide Z

Ex primer ministro sostiene que el tiempo dirá si la medida supone la reducción del gasto en armas

El ex primer ministro Carlos Ferrero opinó que la iniciativa del Gobierno de Chile de derogar la Ley Reservada del Cobre no implica que dicho país disminuya sus gastos en la compra de armas.

“La medida no significa que se va a quitar los recursos a las Fuerzas Armadas y tampoco significa que va a disminuir. Porque solamente lo que van a hacer es pasarle los ingresos que le daban a las Fuerzas Armadas de un canon fijo a un presupuesto normal”, señaló Ferrero a elcomercio.com.pe.

El dirigente de Perú Posible indicó, en ese sentido, que es prematuro considerar saludable el planteamiento y pidió esperar un mínimo de dos años para poder conocer si representa una reducción.

“Lo que está haciendo Chile es prescindir de un ingreso fijo, pero eso ya no significa que va a disminuir la cantidad. Eso solo se puede saber cuando los próximos años se aprecie el gasto y se compare con lo que significa el canon que hoy día se eliminaría”, manifestó el ex jefe del gabinete.

ANUNCIO SORPRESIVO

La presidenta chilena Michelle Bachelet anunció que el nuevo sistema incorpora el gasto bélico al presupuesto general del Estado.

“Se pone término a una anomalía financiera fiscal, que representaba la existencia de un sistema especial para un sector específico”, declaró Bachelet.

La norma establecía que las Fuerzas Armadas chilenas se financien con un tributo del 10% sobre las ventas brutas de la empresa estatal Corporación del Cobre (Codelco).

Ferrero Costa manifestó que sería de “una ingenuidad espantosa” pensar que la relación con el vecino país se llevaría pacíficamente de concretarse la iniciativa de La Moneda.

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Peruanos juran que derogación de la Ley del Cobre es por ellos

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Nota: También creen que Chile va a dejar de comprar armas (ja!). Sólo va a cambiar el sistema de asignación de recursos, para acomodar las políticas a las exigencias de la OCDE. Perú, país de acomplejados, cree inocentemente que Chile actúa o modifica sus políticas en función de sus pataletas (ja!). Vaya complejo de inferioridad y sobrevaloración de su importancia. Lo dicho, los peruanos siempre pretenden interpretar los actos de Chile como "debilidad". ¿Será su única forma de sentirse algo mejor respecto a sí mismos?

Las críticas de diversos países de la región, incluido el Perú, a la imparable carrera armamentista que Chile ha desarrollado en los últimos años, parece haber hallado eco en La Moneda, pues la presidenta Michelle Bachelet envió ayer al Congreso chileno un proyecto para derogar su "Ley Reservada del Cobre", que establecía el millonario financiamiento de sus compras bélicas.

Según diversos cables noticiosos, la iniciativa legal crea un nuevo sistema de financiamiento de la defensa nacional sureña, que fue acordado por Bachelet y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, pues la anterior fue implantada por la dictadura de Augusto Pinochet.

Actualmente, las adquisiciones chilenas son solventadas con un impuesto especial que paga la estatal cuprífera Codelco, que equivale al 10% de todo lo que exporte esa empresa cada año, una suma multimillonaria teniendo en cuenta que Chile es el principal exportador mundial de cobre.

VA AL CONGRESO. La nueva legislación, de ser aprobada, considera planificar, en un periodo de 12 años, los procesos de compras militares, divididos en ciclos de cuatro años, que corresponden a los periodos presidenciales.

Sin embargo, Bachelet precisó que los gobiernos podrán readecuar cada año el presupuesto de Defensa para "incorporar criterios tales como la necesidad de adquisiciones militares, conforme a las prioridades programáticas y a la evolución de las necesidades estratégicas del país".

Agregó que "(con el proyecto) se pone término a una anomalía financiera fiscal, que representaba la existencia de un sistema especial para un sector específico".

Cabe precisar que sólo el primer semestre del 2009, las Fuerzas Armadas de Chile recibieron 364 millones de dólares para compra de armas, producto del impuesto especial que tributa Codelco.

Según el experto chileno en defensa, Guillermo Patillo, Chile tendría casi US$2,000 millones ahorrados por las Fuerzas Armadas, que no puede destinarlo a otros fines que no sea la compra o mantenimiento de equipo militar.

Sólo este año, los sureños planean gastar más de US$1,000 millones en compras bélicas, lo que incluye una segunda partida de 18 cazabombarderos F-16 MLU de Holanda, cinco helicópteros rusos nuevos Mil Mi-17 y tres radares Giraffe de Ericsson Microwave, entre otras adquisiciones.

EFECTO BARILOCHE. Tras el envío al Parlamento chileno del proyecto de ley que deroga la ley reservada del cobre, el especialista peruano Aurelio Ochoa comentó que la idea del gobierno de Bachelet es potenciar a la empresa estatal Codelco. Uno de los beneficios, agregó, es que va a poder hacer mayores inversiones.

Comentó que de aprobarse la propuesta, la estatal se libraría de un impuesto que iba para las Fuerzas Armadas de ese país y que le restaba valor a la empresa.

De otro lado, sostuvo que la aprobación del proyecto permitirá la transparencia en la compra de armas que pidió el presidente peruano en la reciente reunión del Unasur en Bariloche.

"Ojo que las Fuerzas Armadas chilenas se quedan con US$2,700 millones (ya ahorrados), así se apruebe este proyecto", subrayó.

Ochoa recordó además que Ecuador mantiene una situación parecida, pues tiene un canon proveniente del petróleo para potenciar a sus Fuerza Armadas.

TRANSPARENTA GASTOS. De otro lado, según informó ayer la prensa chilena, el vecino del sur se decidió a publicar los gastos en armamento en un acto considerado como "audaz".

La decisión de La Moneda apunta a "tratar de neutralizar" una eventual arremetida del gobernante peruano en la próxima reunión del Consejo de Defensa de Unasur, que se realizará el 15 de setiembre, nuevamente en Quito, luego de que Alan García lanzara una ácida critica a la desmesurada compra de material bélico de algunos vecinos.

Pero la medida adoptada por el gobierno de Michelle Bachelet adquiere una especial connotación pues la citada difusión de los gastos militares se cristalizará a finales de este año o a inicios del 2010, es decir, en la víspera de la presentación de la contramemoria chilena -el 9 de marzo- en la Corte de La Haya para contrarrestar la demanda marítima peruana.

En el marco de su visita a Quito, el lunes último, el canciller Mariano Fernández anunció ayer que la referida información militar estará consignada en el denominado Libro Blanco de la Defensa Nacional, que estará listo en tres meses.

"La presión surtió efecto"

El internacionalista Juan Velit señaló que la presión ejercida por el presidente Alan García en la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que planteó la implementación de medidas para transparentar el gasto militar, ha resultado determinante para la decisión chilena (nota: claro, como si Chile hubiese decidido y creado una ley de financiamiento de las FFAA en dos semanas, ja! qué absurdo).

"García los ha obligado a que transparenten la información y la hagan pública. Con ello se va a saber cuáles son los niveles de inversión de los presupuestos chilenos en armamento", comentó (nota: los peruanos se llenan la boca con la transparencia, pero hacen sus compras en secreto. Exigen una transparencia que ni ellos tienen. Qué país más acomplejado y alienado, viven en una realidad paralela).

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Bachelet firma proyecto que deroga la Ley del Cobre

En cuenta regresiva entró la Ley Reservada del Cobre que aporta recursos directos a las Fuerzas Armadas por la venta del mineral, luego que la Presidenta Michelle Bachelet firmó hoy el proyecto de nuevo sistema de financiamiento de la Defensa Nacional.

De acuerdo a la mandataria, “liberamos a Codelco de la carga que significa hasta ahora el impuesto que establece la Ley Reservada del Cobre, lo que ha terminado por afectar muchas veces la valorización de la compañía y su clasificación de riesgo”.

“El proyecto elimina también el carácter de reservado que establecía la Ley Reservada del Cobre e introduce una completa transparencia sobre la gestión financiera de la defensa ante los poderes públicos”, complementó.

Bachelet comentó que la iniciativa se adoptó “en consonancia con los criterios modernos de buen gobierno, pero a la vez es un proyecto de ley que cautela que las necesidades de la Defensa Nacional estén claramente aseguradas”.

“Ante el surgimiento de un importante acuerdo en el Congreso, sobre la necesidad de legislar sobre este tema, el gobierno ha estado trabajando sobre esto hace algún tiempo y ha reaccionado positivamente”, agregó.

La apuesta de La Moneda, apuntó, es “construir un nuevo acuerdo político de largo plazo, que permita visualizar con sentido estratégico el futuro de Codelco y el desarrollo de nuestra Defensa Nacional” y “avanzar hacia el desarrollo”.

La Jefa de Estado enfatizó que “los retos de la modernización de Codelco” y el ingreso de Chile a la OCDE, hacen necesario “modernizar el proceso de financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas, en particular en lo referente a las adquisiciones”.

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El origen de la Ley Reservada del Cobre

Colaboración de Humanoide Z

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Nota: No estoy seguro que los políticos (especialmente de izquierda) tengan la disciplina necesaria para evitar el populismo y destinar -en el futuro- los recursos requeridos para la adquisición del armamento disuasivo que el país requiere. Basta recordar que durante el gobierno de Ricardo Lagos impulsaron una ley para imponer un royalty a la producción minera. La justificación utilizada para imponer este impuesto era obtener los recursos necesarios para el financiamiento de proyectos de innovación tecnológica que permitieran al país dejar de depender de sus recursos naturales no renovables. La semana pasada el gobierno de Bachelet decidió que los fondos no serán usados para la innovación, sino para planes sociales. El gobierno prefiere -faltando a su palabra una vez más- el populismo de corto plazo que pensar en el futuro de largo plazo de Chile.

Bastó que el pasado 16 de marzo Codelco anunciara el monto que entregaría a las FFAA, vía ley reservada, para que una vieja polémica se reactivara. Entre tanta discusión cruzada vale la pena recordar (o conocer) a los autores de esta norma.

Los US$ 598 millones que la Corporación entregó a las Fuerzas Armadas, gracias a los históricos excedentes de 2004, hicieron resurgir los debates sobre la conveniencia e, incluso, la viabilidad de la Ley Reservada del Cobre.

Los dardos apuntaron mayoritariamente al gobierno militar, creador de la polémica fórmula de financiamiento castrense. Dentro de la discusión, incluso, los ataques llegaron más atrás: en carta enviada a un medio, un lector adjudicaba la "paternidad" de esta ley nada menos que al Presidente Salvador Allende.

Pero la verdad es otra: la decisión de vincular las ganancias de cobre con el abastecimiento castrense es mucho más antiguo. Desde los años '30 las autoridades políticas del país, creyeron necesario contar con una legislación que entregara oportunamente recursos frescos para la defensa del país.
En ese entonces se propuso que fuese a través de una normativa secreta, por el carácter de la actividad que financiaría.

Pero vamos a los hechos. Para ser rigurosos, la primera ley que destinó dinero fiscal para uso castrense fue la nº 6.152 de 1938, que establecía el arrendamiento de terrenos fiscales en Magallanes, y disponía en su artículo 34 que el 90% de los fondos percibidos por el Fisco por esa vía se destinaran a la adquisición de material de guerra y "satisfacer las necesidades más urgentes" de las Fuerzas Armadas de ese entonces.

La norma se complementó el mismo 1938, con otra ley, la nº 6.159, que autorizó al Presidente de la República realizar adquisiciones, construcciones o fabricaciones de elementos necesarios para la Defensa Nacional. Una nueva norma, la nº 6.160 de ese mismo año, fijó un monto máximo para esos ingresos de US$ 10 millones de la época. Por cierto, ambas leyes eran reservadas.

El antecedente directo de la ley

Fue, sin embargo, el año 1942 -durante la administración del radical Juan Antonio Ríos- cuando la ley nº 7.144 creó el Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena), para administrar, vigilar y controlar la inversión de los recursos entregados por las leyes reservadas mencionadas anteriormente, y donde que aparece la vinculación del cobre con las Fuerzas Armadas.

Esta ley, en sus artículos nº 6 y nº 7 autorizaban a la Caja de Amortización de la Deuda Pública para poner a disposición del Consudena los dólares provenientes de la diferencia de valorización que se producía por los retornos de divisas efectuados por las empresas de la Gran Minería del Cobre, que se hacía a un tipo especial de cambio, inferior al tipo de cambio libre bancario.

Este flujo de dinero del metal rojo al Consejo se cortó el 5 de mayo de 1955, con la publicación de la ley nº 11.828, sobre "Nuevo Trato del Cobre", que en su artículo 12 obligaba a las compañías productoras de cobre a entregar sus divisas al Banco Central de Chile.

La situación se revirtió en 1958, bajo el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, cuando se dictó la ley nº 13.196 del 29 de octubre, que gravó con un impuesto de 15% las utilidades de la minería del cobre, recursos que pasaron a financiar directamente a las Fuerzas Armadas.

Esta norma, considerada la primera ley del cobre propiamente tal, habría obtenido el apoyo del Congreso influido por el incidente con Argentina sobre el islote Snipe, en el canal Beagle. Por este hecho, se conoció también a esta norma como "Ley de las Fragatas".

Es conveniente contextualizar que este impuesto aplicado por esta ley antecedente afectaba a la principal actividad productiva del país, que no era de propiedad del Estado, sino que pertenecía a inversionistas extranjeros. Durante muchos años se criticó las utilidades que estos inversionistas se llevaban del país; la ley se aprobó dentro de ese contexto.

Los cambios del gobierno militar

Lo que hizo el régimen de Augusto Pinochet fue, finalmente, dar un texto definitivo a la ley de 1958, mediante tres normas: el Decreto Ley nº 1.530 de 1976; la ley nº 18.445 y; por último, la ley nº 18.628 del 23 de junio de 1987. Ésta última contiene los artículos más mencionado a la hora de hablar del aporte del cobre a las Fuerzas Armadas. Todas, por cierto, nuevamente de carácter reservado.

Estos artículos son los que determinaron que el 10% del ingreso en moneda extranjera por la venta al exterior de la producción de cobre y sus subproductos de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, y el 10% del valor de los aportes en cobre al exterior que efectúe la empresa, "deberán ser depositados en el Banco Central de Chile, en moneda dólar de los Estados Unidos de América, en la Tesorería General de la República", con el fin de que el Consudena cumpla con las finales de la ley que lo creó, la nº 7.144.

Ahí también se estableció que si tras la liquidación final del rendimiento de esta ley, la cantidad total del rendimiento del 10% era inferior a US$ 180 millones, la diferencia debía ser completada por el Fisco, debiendo consignarse un ítem excedible en la Ley de Presupuestos de la Nación de cada año.

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En septiembre se enviará proyecto que deroga la ley reservada del cobre

Colaboración de ASTOR

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Nota: Con vecinos tan idiotas y paranoicos como los peruanos, hay que pensar muy bien la potencial amenaza que será para Chile que los políticos dejen de comprar armamento, por sus actitudes usualmente populistas. Los loquitos neuróticos del barrio son una amenaza, basta mirar las hipótesis absurdas que se plantean para reconocer el peligro (ver artículo siguiente).

Será en la primera semana del próximo mes. De este modo, antes de los festejos de las Fiestas Patrias, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto que derogará la ley reservada del cobre. Si es que logra sortear todos los trámites, el 10% de las ventas al exterior del mineral -y de sus subproductos- debería dejar de financiar las adquisiciones de las Fuerzas Armadas como ocurre desde 1976.

Ayer, en el Senado, el ministro de Defensa, Francisco Vidal, anunció la reforma que, a su vez, incluye un nuevo plan de financiamiento para las FF.AA.

"El Gobierno está a punto, las próximas semanas, de ingresar al Congreso un proyecto que cambia la ley reservada del cobre. Y en la que sitúa el financiamiento de las FF.AA. en una concepción moderna".

Esto no significará, en todo caso, que el presupuesto de las ramas uniformadas dependa de la discusión que año a año realiza el Ejecutivo -lo que promovía Hacienda- con las reparticiones públicas. Esto porque, dicen en Defensa, las Fuerzas Armadas requieren de "proyección y estabilidad en el tiempo"; de ahí que el articulado del proyecto asegurará que el financiamiento trascienda a los gobiernos de turno y se planifique con un horizonte plurianual de tres o cuatro años.

Esta semana, la mentada ley ha estado en el centro de la polémica por el caso de los tanques Leopard. El domingo pasado, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, responsabilizó a esta ley por la imposibilidad de detectar irregularidades en las compras de armamento.

Ayer, Vidal mostró su desacuerdo con las palabras del jefe de gabinete.

"No coincido con él. (Pérez Yoma) tiene una apreciación distinta, lo hablé por teléfono con él. No coincido con la afirmación de que la ley reservada del cobre es la razón de estos hechos, porque en la Ley de Presupuestos que se aprueba todos los años hay investigaciones en curso y uno podría sostener a partir de eso que hay que eliminar la Ley de Presupuestos".

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CODELCO, privatización y FFAA

Una candidatura presidencial propuso privatizar un 5% de Codelco, lo que ha generado debate sobre un tema casi tabú en nuestro medio.

Uno de los elementos que es necesario analizar para materializar esa iniciativa es la existencia de un impuesto que grava a la empresa estatal en beneficio de las FFAA para adquisición de equipamiento militar, que tiene su origen en una ley secreta que data de los 50 (y no del Gobierno Militar, como creen algunos). A pesar del secreto, se sabe que grava con un 10% las ventas de Codelco y que conforme a la Ley Orgánica Constitucional de las FFAA tiene asegurado un rendimiento mínimo, que sería del orden de US$ 270 millones anuales. Si el impuesto no arroja esta cifra, el presupuesto público debe poner la diferencia.

¿Se justifica la existencia de un sistema de esta naturaleza? Un análisis desde el punto de vista de política económica no deja dudas, pues crear un impuesto específico y además afectado a un fin, que grave las ventas de determinada empresa, no resiste mayor análisis. Distorsiona la gestión y los resultados de la empresa, y afecta su valor patrimonial, precisamente al tomarse una hipotética decisión de enajenarla. En el caso de Codelco, suprimirlo no afectaría para nada la caja fiscal, pues en el hecho su monto se transformaría por entero en utilidades, que llegarían al Fisco a través de impuestos a la renta o bien como reparto de utilidades. Así, el Fisco dispondría igual de los recursos para la compra de equipamiento militar, que se entregarían a las FFAA a través del presupuesto público.

Sin embargo, en el mundo de la defensa se ha visto en este esquema una garantía para las FFAA que les otorga seguridad respecto de las adquisiciones. Implícito en esta visión está el riesgo que los políticos, acosados siempre por la contingencia, decidieran gastarse esa plata en "mantequilla y no en tanques". Entonces, mejor que no metan sus manos en este asunto.

¿Qué político será partidario de no defender el país? Sería bueno que se pronuncien, para que en la próxima elección los ciudadanos hagamos lo propio. En la práctica, produce el efecto contrario: muchos se dan el gusto de criticar sin base el gasto en defensa, haciendo ofertas populistas, sabiendo que las FFAA de todas formas recibirán lo que necesitan. Así, criticar es gratis y se fomentan comportamientos irresponsables.

Pero, además, todo esto de la seguridad es un mito. Ya se dijo que cuando el impuesto no rinde, debe suplir el presupuesto. Por ende, la garantía no está en el tributo que afecta a Codelco, sino en el aporte mínimo garantizado por otra ley. Y cuando rinde mucho, como en la actualidad dados los precios que ha tenido el cobre, las FFAA no han tenido libertad de gastarlo en equipamiento. Se dice que hoy están empozados como US$ 3.000 millones derivados de su aplicación y que el gobierno simplemente no ha autorizado su gasto. Y bien el Gobierno, porque el país debe adquirir el equipamiento militar que necesita según un estudio de lo que es sensato y posible, definido lo cual deben destinarse los recursos apropiados; no es justificación para comprar que haya plata, sobre todo si hay muchas otras necesidades que satisfacer.

Además, la seguridad suele derivar de que estas adquisiciones rara vez son pagadas al contado y entonces se autoriza contraer endeudamiento de largo plazo, caso en el cual el Estado debe destinar los recursos anualmente a todo evento por largos períodos.

Entonces, sucede que al final los políticos han decidido igual y ello no ha sido obstáculo para que el país en los últimos años haya dotado a sus FFAA del mejor equipamiento que jamás han dispuesto, acorde con el desarrollo nacional, sin que realmente el tributo que afecta a Codelco haya tenido mucho que ver. Por consiguiente, eliminarlo en realidad no es tanto problema. Es cuestión de dejar los mitos de lado y que cada cual asuma su responsabilidad en las políticas de defensa. Alternativas existen para asegurar presupuestos en el largo plazo. Así, se limpiaría un obstáculo para que los chilenos participemos de verdad en la propiedad de Codelco.

Un político, no lejano a la referida candidatura, dijo que la derecha no quería derogar este impuesto. Curioso que después de 19 años de gobiernos de la Concertación, la oposición tenga la culpa de algo que éstos ni siquiera han propuesto. ¿No será en realidad que la izquierda prefiere mantenerlo para bloquear cualquier modernización en el régimen de Codelco?

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