Nota: Esta es una de esas GRANDES MENTIRAS de los políticos. EN CHILE NO EXISTE LA CADENA PERPETUA. Cuando mucho, una bestia criminal como la de este caso, puede pasar hasta 40 años preso. Entonces, ¿por qué llaman PERPETUA a una condena que SI TIENE TERMINO?Esta es la definición de "perpetua", según el diccionario de la Real Academia Española: Que dura y permanece para siempre.
SI EL GOBIERNO SE OPONE SIQUIERA A DISCUTIR LA REPOSICION DE LA PENA DE MUERTE, yo exijo que se modifique la ley y QUE LA CADENA PERPETUA SEA PERPETUA, para que un degenerado de 25 años, no salga a los 65 años a violar y asesinar a otra niña como Francisca.
¿Por qué las bestias o psicópatas (que no se sanan) van a tener otra oportunidad de asesinar? ¿por qué el gobierno se preocupa más de la vida de animales depredadores que de los ciudadanos y niños inocentes?
No sé si alguien me de "bola", pero yo voy a iniciar una campaña por ese cambio. Que animales como este, se sequen en la carcel para siempre.
La legitimidad de la pena de muerte ante el cinismo y puritanismo ético y político
El reciente y brutal crimen de la menor de 5 años, Francisca Silva, que habría sido ultrajada, asesinada y arrojada al mar por un vecino, interpela la conciencia de todo un país que se pregunta: ¿Hasta cuándo nos quedaremos de brazos cruzados sin hacer nada eficaz frente a los asesinos y violadores?. Por esta razón, me parece fundamental restablecer la discusión sobre la aplicación de la pena de muerte frente a este tipo de delitos y otros de igual magnitud ¿Por qué entonces la autoridad política reacciona visceralmente ante la posibilidad de reinstalar dicho debate en nuestro país? ¿La criminalidad creciente que “deambula” libremente por nuestras calles, especialmente la violación, secuestro y asesinato de menores no amerita la aplicación de dicha pena? ¿Por qué la autoridad no actúa con la misma vehemencia contra los delincuentes? ¿Por qué descalifica a quiénes exigen tan solo justicia frente a crímenes horrendos que destruyen a personas y familias enteras para el resto de sus vidas?
Para eliminar la pena de muerte de nuestro ordenamiento jurídico se recurrió a una serie de sofismas y afirmaciones ideológicas, sobre todo de abogados que confunden habitualmente los derechos de la persona humana con los derechos políticos. Se llegó incluso al extremo de señalar que dicha pena era un signo de “barbarie”, una “venganza institucionalizada” o una “tortura legalizada”. Para ello, se empleó como supuesto argumento una interpretación falsa del principio ético: ¡No matarás! Sosteniendo, que en democracia, “nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie”. Ni siquiera se dieron el trabajo de pensar que el principio sobre el cual se sustentaba la legitimidad de la pena de muerte es el mismo que permite el uso de la legítima defensa ¡No hay peor soberbia que la del ignorante!
Detrás de estos planteamientos falaces hay graves confusiones. La primera de ellas y la más evidente, es la confusión entre lo que pertenece a la ética individual y lo que es propio de una ética social, lo que los autores clásicos llamaban política. Lo específico de la ética social o política es la idea de bien común, siendo la tarea prioritaria de la autoridad garantizar y promover el bien integral de cada uno de los miembros que componen la sociedad. Esto implica necesariamente proteger la vida de los inocentes, sobre todo de los más débiles, como son los niños, contra los violadores y asesinos. Aquí no estamos hablando de si la pena pondrá fin o no a dichos delitos (esa es otra discusión), sino de la realización efectiva y la aplicación eficaz de la justicia. Tampoco se trata de caer en la confusión burda entre justicia y rehabilitación…tan manoseada en estas discusiones, cómo si para rehabilitar a un delincuente fuese necesario suspender la aplicación de la justicia, y esto en el caso de que dicho delincuente sea objetivamente rehabilitable o quiera realmente rehabilitarse (sobre lo cual tengo más que una duda razonable).
Por esto no es válido racionalmente (otra cosa son las emociones o las “visceras”), sostener que nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie basándose sobre el principio no matarás, porque en ese caso el bien común sería irrealizable. Lo que es argumentable, es que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a un inocente o quitarle la vida a alguien de manera injusta. Por esto el principio no matarás, se refiere explícitamente a la persona del inocente. En este sentido, es de suma gravedad identificar jurídicamente la vida de un asesino o violador con la vida de una persona inocente. Esto constituye la negación misma de la justicia y de la democracia.
Todos sabemos, que muchas veces por exigencias mismas de la justicia, todo ser humano debe recurrir al uso legítimo de la fuerza (no confundir con la violencia) para defender su integridad personal o la de su familia, y en dicho acto corre el riesgo de matar al agresor, y hasta donde sabemos eso no lo configura en una suerte de “semi-dios”, sino en una persona que simplemente defiende el bien más preciado: su vida. Del mismo modo, la sociedad política puede y debe recurrir a la aplicación de la pena de muerte en situaciones debidamente calificadas, cuando el bien común está amenazado por una criminalidad creciente. Lo que seria impresentable e inmoral es que la autoridad no hiciese nada, o se “lavara las manos”. Esto representaría una actitud de “cinismo” o “puritanismo” moral y político, que el filósofo Jacques Maritain criticara de manera genial al señalar, que no hay que tener temor a “ensuciarse” las manos por defender la justicia y a los más débiles, sino a ensuciarse el corazón.
Como señalaba Tomás de Aquino, inscribiéndose en una larga y sabia tradición intelectual: “El bien común es mejor que el bien particular de uno. En consecuencia, el bien particular de uno sólo ha de sacrificarse para conservar el bien común. Pero la vida de algunos hombres perniciosos (criminales) impide el bien común, que es la concordia (la buena convivencia o la paz) de la sociedad. Luego tales hombres han de ser apartados de la sociedad humana mediante la muerte”. Ciertamente, muchas veces las penas efectivas de privación de libertad son eficaces, pero sabemos que en otros casos no ¿Cuántos crímenes cometieron los narcotraficantes colombianos estando tras las rejas?
En un mundo tan convulsionado intelectualmente como el nuestro, no debemos dejarnos engañar por los “ciegos conductores de ciegos”, que confunden superficialmente lo que pertenece al mundo de la barbarie con aquello que pertenece al mundo civilizado. En efecto, ahí donde algunos piensan que la aplicación de la pena de muerte es un signo de barbarie presente en un mundo civilizado, tiendo a pensar lo inverso. Es decir la no aplicación de la pena de muerte, en aquellas situaciones debidamente calificadas que así lo ameritan, es un signo auténtico de barbarie. Esta convicción personal no tiene nada de arbitrario como podría pensarse. Al contrario, ella nace de la certeza y de la urgente necesidad de responder de manera justa a interrogantes que me parecen fundamentales para la subsistencia de estado de derecho: ¿Podemos llamar civilizada a una sociedad que no es capaz de realizar la justicia? ¿Podemos llamar civilizada a una sociedad que se preocupa primero de los derechos de los delincuentes, asesinos y violadores y que no hace prácticamente nada realmente eficaz para defender a las víctimas que abandonadas en su dolor y en su sufrimiento solo esperan algo de justicia?
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