La creciente polémica por los despidos en el sector público ha puesto nuevamente el debate sobre los llamados servidores públicos y su aporte social. Más allá de la chimuchina política, quiero detener mi análisis en ciertas frases que han teñido el eje de la discusión, la mayoría han salido de boca del vitalicio presidente de la Anef, Raúl De la Puente, quien con su rostro enfadado de siempre ha implorado por la estabilidad laboral de los agentes del Estado, reivindicación legítima, pero que esconde un aspecto aún más relevante y que dice relación con la eficiencia de la labor pública.
Si la sola estabilidad laboral redituara en un aparato público eficiente, tendríamos que decir que esta es la línea correcta que debería seguir cualquier gobierno independiente de su signo, sin embargo la realidad nos muestra una cara distinta de esta aspiración, funcionarios públicos poco comprometidos con su trabajo, y jornadas laborales que parecen más recreacionales que otra cosa. Tampoco es dable exagerar en este sentido, pero todos podemos contar alguna experiencia con la administración pública donde la pasmosidad con que algunos realizan su labor es para sacar de quicio a cualquiera.
Al señor De La Puente jamás lo he visto aparejar a sus demandas una propuesta de mejora en la calidad de atención de la administración pública, los ciudadanos pasan por la acera contraria de sus reivindicaciones, soportando la acostumbrada huelga cuando se discute la ley de presupuesto.
La dignidad de los ciudadanos es el deber ser de un Estado, si la duplicidad de funciones atenta contra la estabilidad laboral de algunas personas, en lo humano es doloroso, pero más doloroso es tener un Estado incapaz de usar sus recursos con eficiencia, para entregar la legítima dignidad que aspira obtener todo ciudadano.
Las amenazas de paros más que un gallito contra el Gobierno, son una herida abierta contra una sociedad que se esfuerza por mantener un aparto público que le dé servicio en tiempo y oportunidad, y no sea el pato de la boda en una guerra de trincheras inoficiosa para los grandes intereses de una nación.
Existe un mal entendido derecho a trabajar a perpetuidad en la administración pública, se haga bien o mal la labor, el Estado me debe asegurar mi puesto hasta mi jubilación reclaman los despedidos, mientras el resto de los mortales debe rendir a diario prueba de su capacidad y competencias.
Las grandes transformaciones tienen costos, no sólo para los desafectados sino para los que las implementan, ya que se transforman en el blanco de las críticas de quienes defienden el statu quo como forma de liderazgo. La historia enseña que la popularidad no es sinónimo de eficiencia, un Estado popular pero cortoplacista, más que un engranaje en la construcción de futuro, son ruedas de carretera al paso de la historia.
El sobrepeso del Estado terminó por pasarnos la cuenta, esperamos que la dieta impida que el colesterol estatal llegue al infarto.
Artículo original
No hay comentarios.:
Publicar un comentario