Miles de estudiantes de la educación pública podrían perder el año de estudio debido al paro de profesores que el lunes inició la segunda semana, advirtió el alcalde Claudio Arriagada, presidente de la asociación de ediles de Chile.Los profesores cumplieron 11 días de paro para exigir una supuesta deuda atrasada, y que no le descuenten los días sin trabajar.
Ante la sugerencia del Ministerio de Educación de extender el año escolar a los meses de vacaciones de enero o febrero, Arriagada descartó la posibilidad y añadió que la sola idea implica "desconocer una realidad en las escuelas rurales, donde muchos de (los niños) trabajan como temporeros con sus padres" en el periodo veraniego.
"En ningún caso alcanzamos a pasar las materias, y eso nos ha llevado a afirmar que del punto de vista de los contenidos, el año escolar prácticamente está perdido", añadió Arriagada.
Además, muchas escuelas serán ocupadas como sedes de votación y deberán quedar a disposición de las autoridades antes de los comicios presidenciales y parlamentarios del 13 de diciembre.
El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, dijo que el "Estado nos ha dicho claramente a nosotros que nos está descontando cada día de paro y, a su vez, nos ha dicho con claridad (que) no hay más tiempo para recuperar clases. Por eso estamos obligados a descontar" los días no trabajados por los huelguistas.
El gobierno entrega a las municipalidades los fondos destinados a los sueldos de los profesores y al mantenimiento de los colegios.
Jaime Gajardo, el presidente del Colegio de Profesores, dijo que "esto no ayuda a solucionar el conflicto".
El gremio de Gajardo agrupa a unos 80.000 maestros, de los cuales un 75% se ha plegado a la paralización, según el dirigente, y los escolares afectados son poco más de un millón y medio, incluidos los que dentro de pocos días deben rendir la prueba de admisión universitaria.
Un grupo de maestros fue detenido el lunes una hora después de ocupar ilegalmente dependencias del Ministerio de Hacienda, porque responsabilizan a su titular, Andrés Velasco, de negarles los dineros. La policía no informó de inmediato del número de detenidos.
Los maestros de las escuelas públicas exigen el pago de lo que llaman una "deuda histórica" --que oscila entre los 9.000 y los 18.000 dólares--, generada entre 1978 y 1981, cuando la dictadura del general Augusto Pinochet entregó a las municipalidades la administración de las escuelas fiscales.
La deuda es desconocida por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet porque afirma que los maestros que cambiaron de empleador (del estado a las municipalidades) recibieron una indemnización. Sin embargo, los profesores alegan que aún se les deben un bono. La Contraloría General de la República y la Corte Suprema de Justicia coincidieron en declarar prescrita tal deuda.
El traslado de la educación estatal a las municipalidades implicó de paso una fuerte declinación en la calidad de la enseñanza, especialmente en las escuelas que dependen de alcaldías de medianos y bajos ingresos.
A diferencia de los años setenta, la mayoría de los estudiantes que postulan a las universidades dejan como última opción estudiar pedagogía. Hasta antes del golpe militar de 1973 existían las escuelas normalistas, a las que ingresaban los jóvenes que deseaban, por vocación, ser profesores.
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