BUENOS AIRES.- El Indice de Corrupción de Transparencia Internacional señala que Chile figura entre los 20 países más transparentes del mundo, mientras que la Argentina compite con Albania, Libia y Palestina por el puesto 108 entre los países menos transparentes.Sin embargo, ¿qué pueden tener en común estos dos países latinoamericanos frente al problema de corrupción? Aunque parezca mentira, ambos comparten los mismos escándalos. Durante 2002, el gobierno de Ricardo Lagos pasó por su peor crisis política cuando se descubrió el pago de sobresueldos con fondos reservados en el Poder Ejecutivo y el pago de coimas en el Congreso de la República.
En Chile, después de conocerse esta sucesión de escándalos de corrupción, la clase política reaccionó ofreciendo a la sociedad chilena una agenda de reforma consensuada por todos los partidos políticos, con 47 proyectos de ley para reforzar la transparencia del Estado, modernizar la gestión y regular la relación entre el dinero y la actividad política.
Esta agenda fue formulada en enero de 2003 y a finales del mes de julio de ese mismo año, ya habían sido aprobados los proyectos más relevantes de la reforma. Los chilenos relacionaron los escándalos de corrupción con la manipulación de recursos públicos con fines electorales.
Promiscua relación
Los medios de comunicación y las ONG instalaron el centro de la discusión en la promiscua relación que existió siempre entre el partido político oficialista de turno y la asignación de los recursos públicos del Estado.
Desde esta perspectiva, la manipulación de recursos públicos con fines electorales distorsiona el principio de igualdad en la competencia política y desvía recursos públicos hacia fines partidarios. La primera respuesta política a este diagnóstico fue una profunda reforma del servicio civil para transparentar la selección de los funcionarios públicos en base al principio del mérito.
La reforma del servicio civil funciona como una efectiva medida para evitar la influencia política en cargos con poder regulatorio, con poder para otorgar concesiones y licitaciones públicas y con poder para ascender personal de planta o despedir al personal de menor jerarquía.
En segundo lugar, se impulsó la reforma del sistema de contrataciones públicas para que la influencia política no distorsione la calidad de los bienes y servicios públicos que asigna el Estado.
En la Argentina, en cambio, los escándalos de corrupción se suceden sin que la clase política reaccione, ni la sociedad civil haga mucho más que quejarse.
Por el contrario, en el Poder Ejecutivo se tiende a subestimar la recaudación tributaria; se subejecuta el gasto asignado en algunos rubros; se solían delegar facultades extraordinarias en el jefe de Gabinete para la reasignación de partidas y se modifica el destino de fondos mediante el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia.
Capital político
Todo esto durante un año electoral, en el que el Gobierno ha dicho públicamente que se juega una parte importante de su capital político. Mientras, en el Congreso se frenó el proyecto de ley de acceso a la información pública, que ya contaba con media sanción en Diputados, pero que el Senado había modificado el año último introduciendo serias restricciones para los ciudadanos.
Si la ley no se trata antes de fines de noviembre próximo (lo cual es muy improbable), el proyecto perdería estado parlamentario y la sociedad argentina perdería otra valiosa oportunidad para mejorar la calidad de sus devaluadas instituciones públicas.
Así, mientras de ambos lados de la Cordillera se repiten los mismos escándalos de corrupción, no ocurre lo mismo con las soluciones. Los chilenos optaron por el consenso y las reformas estructurales. Lamentablemente para la sociedad argentina, nuestra clase política optó, una vez más, por la retórica y la negación. (DyN)
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