Peruanos protestan por traspaso de puerto a supuestos empresarios chilenos

El especialista en temas portuarios Manuel Dammert denunció ayer que el consorcio Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), en el que participan capitales chilenos encubiertos, ya inició operaciones administrativas ilegalmente (recién toma posesión oficialmente hoy, en víspera del día del gran Almirante Miguel Grau) en el puerto de Paita y como primera medida acordó el despido de los trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) que laboran en el terminal, pese a que el gobierno garantizó que eso no ocurriría.

El 12 de setiembre pasado, el ministro de Transportes, Enrique Cornejo, garantizó el empleo de los 38 trabajadores que laboran en el terminal marítimo piurano, señalando el compromiso de TPE de mantenerlos en sus puestos. El presidente de la Empresa Nacional de Puertos, Mario Arbulú, también se pronunció en el mismo sentido.

Sin embargo, Dammert denunció que Arbulú hostiliza a los trabajadores de Paita amenazándolos con enviarlos a los destinos más recónditos para obligarlos a que renuncien.

“Al presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Paita, Jorge del Rosario, lo quieren enviar a Puerto Maldonado para obligarlo a renunciar”, recalcó.

En diálogo con LA PRIMERA, Del Rosario confirmó que los trabajadores de Enapu-Paita han hecho la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Trabajo y ha presentado medidas cautelares en el Poder Judicial para evitar ser despedidos.


Tarifas aumentan

Pero aún hay más. Dammert sostuvo que la segunda medida que adoptó el directorio de la empresa favorecida por ProInversión es el incremento de 100% y 300% de las tarifas de los servicios portuarios que brinda, decisión que no sólo afectará –como se preveía- las exportaciones pesqueras, sino también las actividades agro industriales en la zona.

“Lo que sucede es que esta empresa (TPE) manejará tarifas parasitarias con el fin de hacer caja porque desde sus inicios este fue un negocio con riesgo cero para Terminales Euroandinos, que ganó la buena pro y firmó un contrato ilegal y corrupto para trabajar con la plata del Estado, que es de todos los peruanos”, subrayó.

Dijo que ante las tarifas exorbitantes, las empresas no tendrían otra opción que importar y exportar por el puerto más cercano que es Salaverry y el Callao, situación imposible por encontrarse muy alejados.

Eso significa, puntualizó, que van a extorsionar a los productores agropecuarios y pesqueros, aprovechando la necesidad que tienen de sacar sus productos (limón, banano orgánico, café) al mercado.

La única salida

Para Manuel Dammert la única salida para el problema de la concesión del puerto de Paita es la anulación de la buena pro y del contrato, que ya ha sido planteada formalmente por el Sindicato de Trabajadores Portuarios de Paita por ilegal al haberse subvaluado los activos de Paita y teledirigido para que gane el consorcio de capitales chilenos; además del hecho que esa empresa no tiene el mínimo de movimiento de contenedores exigido, entre otras perlas ya conocidas.

GRUPO ROMERO

Añadió que un gran beneficiario de este negociado en el corto plazo será el Grupo Romero que va a movilizar etanol en los barcos que tiene el Grupo Von Appen, que es a su vez el que maneja el consorcio TPE, que también integran Tertir y Traslei. Este, concluyó, siempre fue el primer objetivo de adueñarse del puerto de Paita.

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Perú: Califican como "faenón portuario" concesión de puerto de Paita

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Nota: Son curiosos los peruanos, porque "denuncian" cosas que no son ilegales. En este caso, "denuncian" que unos potenciales capitalista para hacerse con una concesión portuaria menor, en Perú, son chilenos. ¡Oh! crimen. ¿Alguien leyó algo contra los peruanos cuando se compraron la principal cementera de Chile? Los peruanos estan bien jodidos de la cabeza con su odio antichileno.

Denuncia presentada hace unos meses, que señalaba que uno de los concesionarios posee capitales chilenos.

Manuel Dammert, representante de los trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ante la Autoridad Nacional Portuaria (ANP), sostuvo que la concesión del terminal de Paita, en Piura,constituye un "faenón portuario", toda vez que existe una serie de elementos que convierten este proceso en ilegal y nulo.

Dammert Egoaguirre aseguró que se ha beneficiado a un monopolio, además de haberse "cercenado de manera ilegal la condición interoceánica del Puerto de Paita, afectando los intereses geopolíticos de la Nación".

Así mismo, señaló que la concesión es ilegal porque estaba pautada como una inversión autofinanciada, y sin embargo "se han establecido varios mecanismos, por los cuales el Estado subsidia toda la concesión, con un ingreso mínimo mensual de 14 millones de dólares anuales que va más allá del monto invertido por el consorcio".

De otro lado, el especialista en hidrocarburos aseveró que el gobierno saca un Decreto Supremo por el cual se garantiza a una nueva empresa -que es Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A- para poder realizar el proceso de inversión sin pérdidas para la compañía.

Dammert reiteró también la denuncia presentada hace unos meses, que señalaba que uno de los concesionarios posee capitales chilenos. “Se trata de un consorcio conformado por tres empresas, de las cuales, una de ellas es una sucursal de la empresa Tertir (Terminais Portugal) que se asoció a la española Dragados que es una empresa que pertenece al grupo Von Appen que maneja también a la empresa Cosmos que es la que presentan como una de las empresas nacionales que participa en esta concesión”.

Respecto al retiro de la condición de "Interoceánica" del Puerto de Paita, Dammert criticó esta situación porque se está "poniendo el puerto de Grau en manos vinculadas al grupo naviero portuario chileno de Von Appen, al que se entrega dominio público marítimo-portuario cuando el Perú tiene un reclamo pendiente en La Haya sobre Dominio Marítimo".

Como se recuerda, el 9 de setiembre se suscribió, pese a la protesta piurana, el contrato de concesión del puerto de Paita a favor del consorcio Terminales Portuarios Euroandinos (TPE). (Con información de CNR)

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Perú: Boyle se queda a favorecer a Chile

Ayer decíamos que el reglamento del Sistema Portuario Nacional impedía prorrogar al presidente de la ANP, después del último 23 de marzo. Pero saltando el Reglamento, a Frank Boyle le han dado 5 años más en el cargo.

El supuesto consorcio peruano-portugués que cargó con el puerto de Paita, en la oscura licitación del 31 de marzo, en la que no hubo otras ofertas, encubre la presencia del poderoso grupo chileno Von Appen, que desde hace mucho tiempo se había fijado el objetivo de tomar posiciones en el sistema portuario peruano.

Hace seis meses, el presidente de la Autoridad Nacional Portuaria (ANP), Frank Thomas Boyle Alvarado, se reunió con Carlos Vargas Núñez, presidente de Cosmos Agencia Marítima SAC, de la que era co-propietario Von Appen. Lo convenció de transferir la agencia Cosmos a sus hijos, para que no figure como socio Von Appen, a fin de aparentar que no había capitales chilenos, y así poder quedarse con Paita. Así se armó un tinglado en el que los hijos de Vargas Núñez se convirtieron en nuevos dueños de la empresa.

¿Quiénes son estos caballeros? Enrique Vargas Loret de Mola, gerente general de Cosmos; Luis Vargas Loret de Mola, gerente de Triton Maritime Service, y Carlos Vargas Loret de Mola, gerente general de Neptunia S.A., socia de Von Appen. Hasta antes de la “venta”, Cosmos realizaba sus sesiones de directorio en Santiago de Chile, hacia donde se movilizaban papá Núñez e hijos.

García
Quien informó al presidente Alan García que ya se había eliminado el riesgo de chilenización de Paita mediante la concesión privada, es el vicealmirante Boyle, el que le dijo también que ya tenía un ganador de primer nivel, varias semanas antes de la “subasta”. Este amarre evidente habría desanimado a otros postores.

Boyle tenía que resolver además el problema de que su permanencia en el cargo vencía en pocos días, antes incluso de la fecha señalada para la concesión de Paita, porque él reemplazó al anterior presidente en el 2006, para completar un mandato que expiraba el 23 de marzo del 2009, de manera “improrrogable” según el reglamento.

Luego del nuevo faenón contra los intereses nacionales y regionales que significó la privatización del puerto de Paita, Frank Boyle ha sido premiado con la Resolución Suprema Nº 010, publicada ayer en el diario “El Peruano”, que lo nombra para los siguientes cinco años, prorrogándolo en un cargo que la propia resolución reconoce que es improrrogable. Así se hacen las normas en el Perú y así se complota para entregar el mar a los chilenos, con el cuento de las cuerdas separadas entre lo económico y los derechos de frontera.

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