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domingo, noviembre 28, 2010

Los chilenos nunca han sentido simpatía por los partidos políticos

El cientista político de la Universidad de Santiago de Chile, Bernardo Navarrete, indicó que estudios anteriores a partir de los años 60 evidenciaban que la ciudadanía no muestra adhesión ni credibilidad por los partidos políticos y sus integrantes. El especialista destaca, no obstante, la función de estos colectivos como fiscalizadores del gobierno.

La encuesta nacional de opinión pública “Auditoría a la democracia” septiembre-octubre 2010 del Centro de Estudios Públicos (CEP) en conjunto con el Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) y otras instituciones reveló la poca confianza depositada en los partidos políticos, alcanzando un escaso 15% de apoyo.

Desde una perspectiva histórica, para el cientista político y académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, Bernardo Navarrete, “los chilenos nunca han sentido una particular adhesión o simpatía por los partidos políticos”. Además, el especialista añade que la distancia de los ciudadanos con estas instancias, es uno de los efectos de la represión política que hubo durante el gobierno militar.

Para Navarrete, el resultado del estudio que contó con el apoyo de Corporación de Estudios para Latinoamérica (Ceplan), Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, Corporación ProyectAmérica y la institución intergubernamental International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), esta clase de resultados en relación a los partidos políticos, es una tendencia porque “ya se ha demostrado en pasadas encuestas y la realizada a mitad de los 60s por Tomás Moulian”.

Esta encuesta fue aplicada en 1.522 personas, abarcando un universo de toda la población urbana y rural del país mayor de 18 años, en 149 comunas (excluyendo Isla de Pascua). Por esto, el estudio posee un 95% de confianza y los alcances de sus resultados son aplicables a nivel nacional.

Frente a las conclusiones de esta encuesta CEP, el 76% considera que las tiendas políticas no tienen ninguna función. Sólo un 30% de los encuestados considera que los partidos representan los intereses de la sociedad. También, el 61% estima que estas entidades políticas privilegian sus intereses por sobre los intereses del país y se encuentran divididos por riñas internas, con un 61% y 52%, respectivamente.

Por ello Navarrete indica que no se debe olvidar que los partidos políticos representan intereses e ideas y “lo normal es que discutan o ‘peleen’ para producir claridad en los ciudadanos de cuáles son las diferencias”. Incluso, el cientista político precisa que no es un problema de la política que exista la percepción de que los partidos se pelean y no tengan unidad, puesto que su objetivo es alcanzar y mantener el poder político. Sin estas discusiones “se impondrían las visiones totalitarias donde el dinero y los medios de comunicación pueden ser mucho más relevantes que estas características”, según indica.

Congresistas a la palestra

El estudio del CEP también arroja que tan sólo un 28% de los encuestados confía en el Congreso Nacional, lo que produce una contrariedad considerando que los miembros del parlamento son elegidos casi en su totalidad por los propios electores. Navarrete apoya esta idea refiriéndose a que en la misma encuesta se señala que la opinión pública otorga un 53% a la hora de indicar que los políticos representan al partido que pertenecen y no a sus representados.

El académico de la Usach apunta que la idea de un Congreso que representa los intereses de las personas no es real, exigencia hecha por el 45% de los encuestados. “Es muy difícil que un parlamentario tenga la capacidad de integrar los intereses de las personas de manera individual, para eso están los partidos, organización y grupos de presión o interés”, indica.

Para Navarrete, los ciudadanos deberían centrarse tanto en la capacidad fiscalizadora, como en la labor netamente legislativa (elaboración leyes) que posee el Congreso y que de cierta manera autonomiza el Presidente de la República. Este último es “quien decide los tiempos legislativos; y, en general, lo que hace la oposición como el gobierno es entrar a negociar con el Presidente para que ponga el tiempo y los plazos de cada uno de los proyectos de ley”, concluye el académico Usach.

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