Por Juan Emilio CheyreLa reciente expulsión de un ciudadano peruano ha sido tratada como un caso de posible espionaje. Probablemente, a la mayoría de la opinión pública, tal como a los lectores de este diario, debió parecerles más una ficción que un asunto de real preocupación.
En mi opinión, Chile decidió correctamente tomando las medidas administrativas que correspondían. Se denunció, se actuó, pero no se escaló a niveles mayores. Pese a ello y a la aparente intrascendencia del hecho, nuevamente surge la sensibilidad en las relaciones con Perú y tensiones a la cuerda del buen entendimiento y armonía.
Los espías han existido siempre y seguirán existiendo, pero más que el personaje, lo que podría ser importante es llegar a definir si es que alguien avaló, envió o está utilizando este histórico medio de búsqueda de información clasificada. Lo que lleva a quien está detrás de un espía a arriesgar una relación entre naciones es obtener datos que supone necesarios.
Este enfoque, más que una teoría, a mi juicio, muestra la esencia del espionaje. Corresponde a una acción que provoca señales perturbadoras para la convivencia armónica, daña las confianzas y sobre todo, la capacidad para tratar temas comunes "sobre la mesa". Especialmente, se potencian diferencias que ponen en cuestionamiento todo lo avanzado en otras materias.
En la actualidad, los secretos de Estado y la información militar clasificada son escasos, la mayor parte de los datos están publicados por centros de estudios, empresas comerciales y los mismos Estados. Hoy la transparencia es un valor no sólo dentro de los países, sino también en las relaciones internacionales (nota mía: Perú, a diferencia de Chile, Argentina, Brasil, etc. mantiene el secretismo en sus adquisiciones).
La búsqueda de información del espía se orienta a aquello que no se encuentra en las denominadas fuentes abiertas y, entre otras cosas, se vincula a establecer e identificar características del funcionamiento de instalaciones militares, formas de operar, el tipo de personal y los mandos, rutinas, cambios tecnológicos o nivel de mantenimiento de los equipos, niveles de preparación y cohesión de instituciones.
Es por ello que el molesto y extraño hecho comentado deja, a mi juicio, tres reflexiones, independientemente de si efectivamente se trata de espionaje y estando pendiente una evaluación de la gravedad del caso. La primera es que Chile debe mantener, acrecentar y sofisticar la protección de nuestros sistemas de seguridad, ya sea que otros penetren los medios informáticos (emails); eludan las barreras físicas o accedan a información custodiada en centros de poder político y estratégico.
Lo segundo es que todo hace suponer que existirían organizaciones de países vecinos que buscarían planificar acciones hostiles, suponiendo que llegará el momento en que sea necesario ejecutarlas. Si no hubiera intenciones de esta naturaleza, sería innecesario contar con información que sólo sirve a este tipo de objetivos.
Lo tercero, y a mi juicio más importante, es que en la relación con el Perú están en suspenso todos los procesos orientados a construir medidas de confianza y transparentar información, así como los métodos de comunicación abiertos para manejar o controlar situaciones de conflicto.
Es cierto que el acto no podría calificarse de alta sensibilidad política, ni desestabilizador para la seguridad del país, pero más que nunca hay que evitar enrarecer el complejo escenario que vive nuestra relación con Lima.
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