El miércoles en la tarde el Presidente Sebastián Piñera recibió en su oficina al subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla. El objetivo de la cita era afinar los últimos detalles de un proyecto que el Ejecutivo pretende ingresar al Congreso antes del 15 de agosto. La iniciativa, a la que tuvo acceso "El Mercurio", busca cambiar la legislación de migraciones que rige desde 1975, y hacerse cargo del hecho de que en los últimos 10 años se duplicaron los inmigrantes en el país.
Dentro de los próximos días, la iniciativa será enviada a la Segpres, para afinar los aspectos formales previo a su envío al Congreso.
En concreto, los cambios apuntan a reformular las categorías migratorias para flexibilizar las visas a los extranjeros que vienen a establecerse al país; eliminar el visto bueno de la Contraloría para agilizar el proceso de expulsión de un inmigrante que ha transgredido las normas internas; otorgar celeridad a la validación de títulos obtenidos en universidades extranjeras y permitir la residencia legal de inmigrantes que buscan empleos por cortos períodos de tiempo.
En la redacción inicial de este documento se incorporaron impresiones de 9 subsecretarías de Estado -Defensa, Educación, Salud, Relaciones Exteriores, Justicia, entre otras- además de distintas ONG, gremios e instituciones académicas que en total sumaron más de 600 recomendaciones.
Una de las razones del Gobierno para impulsar esta reforma es actualizar una ley creada hace 37 años que, dado el contexto político interno y externo, fijaba estrictos requisitos para el ingreso de extranjeros, de manera de garantizar la seguridad nacional y evitar influencias contrarias al gobierno militar.
Esto se suma a una política progresiva de renovación de leyes migratorias que se ha aplicado en países de Sudamérica y el resto del mundo. Por ejemplo, Australia, Estados Unidos, Uruguay, Ecuador y Argentina modificaron sus disposiciones en los últimos 6 años. En ese contexto, tal como lo reconocen las autoridades a cargo de esta iniciativa, la legislación chilena "no se ajusta a los escenarios actuales" y se remite a ser una "fábrica de visas".
Paralelamente, durante los últimos 20 años Chile ha firmado 27 acuerdos comerciales y de libre comercio con otros países que hoy generan cerca del 87% del PIB mundial. Sin embargo, según el análisis de Palacio, sólo se ha avanzado en términos de capitales y bienes de servicio, desplazando la incorporación de los recursos humanos.
La inmigración en Chile ha crecido en orden de 6 mil visas anuales. Si en 2002 vivían 184.464 extranjeros en el país, hoy esa cifra supera las 370.000 personas. Lo que representa un 2,35% de la población, principalmente proveniente de Perú, Argentina, Bolivia y Ecuador.
La nueva división de migraciones
Esta iniciativa busca aprovechar el aporte de los inmigrantes en el desarrollo del país, potenciar la seguridad interior y fortalecer el vínculo con los chilenos que residen en el extranjero.
En materia de institucionalidad, se crea un Consejo de Política Migratoria que asesora al ministro del Interior, y está integrado por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Trabajo, Desarrollo Social, Defensa, Justicia y Economía.
El objetivo de este consejo es asesorar al Presidente en la formulación de una política migratoria que luego sea presentada ante el Congreso, en donde se establezcan los derechos y deberes de los extranjeros que ingresen al país, además de ofrecer la participación de inmigrantes calificados en el desarrollo de áreas como minería, agricultura, ciencia, tecnología, educación, entre otras.
A su vez, se establece la creación de una División de Migraciones, dependiente de la Subsecretaría del Interior, que reemplazará al Departamento de Extranjería, además de una unidad de estudios encargada de levantar estadísticas y monitorear el ingreso y salida de extranjeros.
Nuevas categorías de visas
Para el subsecretario Ubilla, uno de los aspectos más importantes a trabajar son las categorías de visas de residencia. Actualmente, la legislación establece tres fórmulas para personas extranjeras: Temporaria, Estudiante y Sujeta a Contrato de Trabajo. "Hoy, con tres categorías de residencia temporal de hace treinta años, estamos en medio de una camisa de fuerza", afirma el subsecretario, enfatizando en la necesidad de abrir nuevas posibilidades a quienes llegan a Chile con objetivos laborales sólo por un par de días.
Esta iniciativa apunta a solucionar problemas como los que enfrentaron tres profesionales de Estados Unidos expertos en mecánica de aviones, cuando hace un mes quisieron ingresar al país. Al responder ante Extranjería que venían a capacitar a mecánicos chilenos, se les negó la entrada y fueron obligados a retornar a su país, ya que no existía la visa que les permitiera realizar esa actividad. Si hubieran dicho que venían en calidad de turistas, nada habría pasado.
Para solucionar este tipo de casos, el proyecto del Ejecutivo plantea las siguientes categorías de visas: Permanencia Transitoria: enfocada a extranjeros que no quieren establecerse en Chile, que se extiende por 90 días y puede ser prorrogable por única vez; y que dentro de esta categoría se especifiquen diversas actividades, como por ejemplo "conferencistas", "artistas" o extranjeros que vienen con fines "médicos".
Un segundo eje es la Residencia Oficial, permiso orientado a diplomáticos y organizaciones internacionales en misión oficial, cuyo otorgamiento está en manos de la Cancillería.
En el caso de extranjeros cuyo objetivo sea establecerse en Chile, el proyecto crea la Residencia Oficial. Mientras que la Residencia Definitiva está dirigida a quienes ingresen al país con intensión de vivir en Chile de forma indefinida, las que después de 3 años en el país pueden optar a la nacionalización. Esto sólo es posible si cumplen una serie de requisitos que la futura División de Migraciones evaluará en su mérito.
Junto a esto, se ratifica el Acuerdo de Residencia del Mercosur, que permite alcanzar residencia temporal por dos años a extranjeros de países miembros que no cuenten con antecedentes penales.
Acelerar expulsión de los infractores
Uno de los puntos que puede generar más debate se refiere a acelerar los trámites de expulsión para los extranjeros que rompan con las leyes internas. Actualmente, para aprobar la expulsión de una persona no turista la solicitud debe ser firmada por el Ministro del Interior y posteriormente pasar por toma de razón de Contraloría, un trámite que, según reconocen las autoridades, perfectamente podría durar más de un mes.
El proyecto pretende agilizar este proceso dándole esta responsabilidad al jefe de la División de Migración, y eliminar el visto bueno de la Contraloría.
Esta iniciativa incorpora la obligación de Tribunales y el Registro Civil de entregar la información a la autoridad migratoria, con el objetivo de llevar un control exhaustivo de los residentes extranjeros.
Validación de títulos universitarios
La nueva política migratoria tiene otro eje que para el Gobierno es clave y que consiste en incentivar la llegada de expertos que potencien ciertas áreas con escasez de conocimiento. A modo de ejemplo, el subsecretario explica que es importante contar con operarios especializados para la minería, o médicos especialistas para el servicio de salud.
De esta forma resulta relevante agilizar los procesos de validación de estudios universitarios. Actualmente existen acuerdos con diversos países que permiten obtener un título fuera del país, y que éste sea considerado de manera expedita en Chile.
Sin embargo, quienes consoliden sus estudios en instituciones que no estén en convenio, hoy sólo pueden validarlos en la Universidad de Chile. Esta reforma plantea que la posibilidad de efectuar este trámite recaiga en todas las universidades que estén acreditadas por más de 6 años. Actualmente 8 universidades cumplen con ese requisito.
"Los extranjeros demoran mucho tiempo en validar su título. Esta espera los obliga a trabajar en rubros muy distintos a los de su especialidad. Entonces no aprovechamos bien el talento extranjero, y si la validación demora mucho, la persona se devuelve a su país", afirman en La Moneda.
Flexibilidad laboral para extranjeros
Otro objetivo de este proyecto tiene que ver con la contratación de extranjeros. La actual legislación establece que el 85% de los trabajadores que prestan servicios a empresas en Chile deben ser de chilenos, mientras que sólo el 15% restante puede ser extranjero, salvo que se trate de técnicos especialistas, familiares de chilenos o extranjeros con más de 5 años en Chile y empresas de menos de 25 trabajadores.
El actual proyecto pretende flexibilizar esta norma y permitir que dicho trámite no se aplique a aquellos extranjeros que vienen al país a trabajar por cortos períodos de tiempo y que han optado por visas de residencia que admiten plazos de estadía menores a un año y que no permiten postular a la residencia definitiva. "Si una persona viene por tres meses a trabajar en el rubro de la fruta no se contabilizará para ese límite de 85%. Eso permite aumentar el número de extranjeros en algunas actividades. Este es un tema complejo que la CUT y otros organismos han levantado con fuerza. Los empresarios están por flexibilizar esto y los trabajadores por no flexibilizar. Esta es una propuesta intermedia", afirma Ubilla.
Chilenos en el exterior
El proyecto también busca mantener un mayor contacto con los nacionales que viven en otros países.
Para esto se contempla la creación de un registro de los chilenos que viven en el exterior, el que hoy no forma parte de la legislación, y que estará a cargo de la Cancillería.
Junto a esto, se potenciará la suscripción de convenios bilaterales que favorezcan a los chilenos que viven en el exterior.
La inmigración en Chile ha crecido en orden de 6 mil visas anuales. Si en 2002 vivían 184.464 extranjeros legales en el país, hoy esa cifra supera las 370.000 personas.En total, los extranjeros representan un 2,35% de la población, principalmente provenientes de Perú, Argentina, Bolivia y Ecuador.En ese contexto, tal como lo reconocen las autoridades a cargo de esta iniciativa, la legislación chilena "no se ajusta a los escenarios actuales" y se remite a ser una "fábrica de visas". "En los últimos 30 años no hemos tenido una política de migración"
-¿Por qué es necesario avanzar en una reforma a la Ley de Migraciones?
-Porque este es un tema de política de Estado, donde estábamos frente al peor de los mundos. Lo he calificado como la no política, es decir, dejar ser. La política de puertas abiertas siempre tiene regulaciones. Chile tiene hoy una política de puertas abiertas con regulaciones muy débiles.
- ¿Cuál es la postura del Gobierno frente a este tema?
-El país ha buscado tener políticas sobre todos los temas relevantes. Chile tiene políticas de defensa, energía, medio ambiente, cultura, etc. Son líneas de acción más allá de la proyección de un gobierno. Sin embargo, en los últimos 30 años no hemos tenido una política de migración. Lo que es más grave, las decisiones tomadas son más bien administrativas.
- ¿Cuáles son los principales aspectos de la ley que se deben perfeccionar?
-Hace unas semanas, por ejemplo, fue detenido un ciudadano turco que tenía antecedentes delictuales graves y para poder expulsarlo, tuvimos justamente que esperar el pronunciamiento de la Contraloría. En definitiva, tenemos políticas de puertas abiertas para ingresar, pero grandes dificultades para expulsar. Finalmente, con la actual legislación no estamos cumpliendo 47 disposiciones legales incluidas en distintos tratados internacionales.
- ¿Cuáles?
-Le voy a contestar con un ejemplo. Imagine que el gerente general de una empresa asiática viene a una reunión de directorio a las instalaciones de su empresa en Chile. Ese señor viene a trabajar, no de turista, pero no pidió visa de trabajo en su país. Así, si se le ocurre decir que viene a una reunión de directorio, no lo dejan entrar. Tenemos la obligación de ofrecer una visa de ejecutivo, como se le llama en algunos países, pero no la tenemos. Otro ejemplo es el acuerdo del Mercado Común del Sur, que no lo tenemos ratificado por el Congreso, pero de todas formas permitimos que los ciudadanos de países Mercosur puedan solicitar visas de residencia por dos años.
- ¿Qué cambios se hicieron en gobiernos anteriores?
-Nuestra legislación tiene 37 años. Los otros países modificaron sus legislaciones luego de los atentados a las Torres Gemelas. La Presidenta Michelle Bachelet tuvo un anteproyecto que salió de La Moneda y quedó archivado en Cancillería.
- ¿Cuál es el objetivo de impulsar la entrada de inmigrantes?
-Los inmigrantes contribuyen al desarrollo del país, pero tenemos que saber quiénes producen ese beneficio. Queremos hacernos cargo de la forma cómo las sociedades modernas van evolucionando. Tenemos que preocuparnos que esos inmigrantes que lleguen tengan obligaciones que cumplir, que no puedan ser más ni menos que las que tiene un trabajador chileno.
- ¿Qué pasa con los inmigrantes ilegales?
-El peor inmigrante es el informal, porque no paga impuestos, y demanda servicios por los derechos que tiene. El gobierno anterior realizó una política de regularización muy efectiva. El objetivo es integrar a los extranjeros, formalizando su permanencia en el país. Se trata de fomentar el ingreso de personas, para insertarlas en nuestra sociedad.
-Dada la magnitud del proyecto, la tramitación en el Parlamento va a ser conflictiva...
-Yo soy muy optimista: en el país existe consenso acerca de que nuestra legislación sobre la materia es anacrónica y que renovarla es una prioridad. Yo creo, por principio, que la discusión de un proyecto en el Parlamento no es conflicto, sino un aporte sustancial para que tengamos una mejor ley.
-La CUT probablemente rechace la idea de flexibilizar la entrada de trabajadores extranjeros, ¿cómo se llegará a un acuerdo?
-El proyecto mantiene el límite de 15% de trabajadores por empresa, la innovación en la materia es que excluye a extranjeros con visas de menos de un año que no permiten postular a residencia definitiva. Tal cual como lo afirmó la ministra Matthei,se deben analizar las medidas para ver cómo se puede nivelar la oferta y la demanda de empleo, ya que hay algunas zonas que tienen pleno y en otras hay una alta cesantía. En ese sentido, el proyecto recoge experiencias extranjeras como la de Nueva Zelandia y Canadá, entre otras, las que permiten, por razones coyunturales, bajo circunstancias específicas, integrar mano de obra, a veces calificada, otras veces no calificada, para resolver una determinada carencia. El proyecto de ley se hace cargo de ello, para casos específicos, por períodos cortos de tiempo y actividades determinadas.
