Chile es el vigésimo (20) país más pacífico del mundo

Nota: ¿Qué lugar habríamos ocupado antes, si la violencia, delitos y crímenes han aumentado y aún así estamos 20? Sólo nos queda trabajar para mejorar las leyes, procedimientos judiciales, equipamiento y entrenamiento de las policías, de manera de frenar las tendencias actuales que muestran un aumento en la violencia. Por otro lado, sorprende la facilidad con que se afirma que Chile tiene "demasiados presos" en comparación con los países vecinos. ¿Por qué creen que también no estamos igual de mal que los vecinos? Probablemente es a la inversa, los países vecinos tienen más violencia porque tienen muy pocos delincuentes en sus cárceles. Ciertamente hay que impulsar programas de prevención del delito, pero ese es un trabajo de largo plazo, que no resolve el problema actual de aumento de la delincuencia. Hoy, hay que poner en las cárceles a todos los delincuentes que sea necesario, y si no hay suficiente espacio habrá que construir nuevas cárceles. ¿Qué tiene que ver si son pocos o muchos los encarcelados, si son delincuentes que han sido juzgados y encontrados culpables? ¿acaso se insinúa que hay gente inocente en las cárceles chilenas y que por eso hay un "exceso" de presos o que no hay que meter presos a más delincuentes porque a alguien se le ocurrió afirmar arbitrariamente que ya hay "suficientes" presos? Esas frases y críticas lanzadas al boléo no tienen ningún sentido.

Asaltan a empresario rumano en Viña del Mar, negocia TLC con Chile

El atraco afectó al presidente de la Asociación de Fruteros de Rumania, Isac Ilariu.

Un empresario rumano, integrante de la comisión que negocia el Tratado de Libre Comercio entre Rumania Y Chile, fue asaltado en Viña del Mar por dos menores de edad, quienes finalmente fueron detenidos por la policía, a la espera de ser formalizados por robo por sorpresa.

El atraco afectó al presidente de la Asociación de Fruteros de Rumania, Isac Ilariu, cuando los dos adolescentes, de 16 y 17 años, respectivamente, se le acercaron a la salida de un hotel para apoderarse de su bolso, que en su interior contenía unos 800 mil pesos, además de otras divisas y objetos.

Pese a que el empresario rumano trató y no logró alcanzar a los delincuentes, efectivos de Carabineros se percató de la situación, dando pie a una persecución, logrando así la detención de los asaltantes.

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Corte Suprema acusa a Frei de "ignorancia o mala fe" ante críticas a jueces por "puerta giratoria"

Nota: La verdad nada me hace suponer que Frei podría reducir la delicuencia, ya que para comenzar, no acepta siquiera que el gobierno -que pretende encabezar- tenga algo que ver en la solución del problema (él culpa a los jueces). Yo creo que está equivocado y que una de las grandes responsables del aumento de la delincuencia es la propia Reforma Procesal Penal, que ha demostrado ser en exceso garantista con los delincuentes (mientras deja en total indefensión a las víctimas). Esa "mano excesivamente blanda" se ha transformado en la mejor invitación a delinquir. Por otro lado, hay que recordar que los jueces sólo aplican las leyes que les entregan el gobierno y el Congreso, y que esta reforma al sistema de justicia fue aprobada cuando la Concertación tenía control de ambas cámaras legislativas y mientras la oposición pedía mayores sanciones contra los delincuentes. Como acusa Frei, ciertamente debe haber algunos jueces descriteriados que dejan en libertad a criminales peligrosos, pero son una minoría. Aquí estamos ante otro tipo de problema, debilidades en la mismisima reforma. El problema se hace patente al ver la sorpresa que provoca en los propios delincuentes ser dejados en libertad, luego de ser detenidos cometiendo delitos graves (asaltos a mano armada, robos millonarios, etc.). A tal punto llega su sorpresa, que salen de tribunales sin poder evitar las carcajadas, incrédulos ante tanta flexibilidad. Frente a esta situación, Frei nos ha dicho que él no tendría nada que hacer. Algo que resulta inaceptable. Finalmente y ante el argumento de que las cárceles están llenas de prisioneros, por lo que habría que descartar una falencia en el sistema judicial... sólo podemos decir que es una idiotez sin pies ni cabeza. Esa situación sólo deja en evidencia que no hay suficientes cárceles, no que tenemos demasiados presos (varias cárceles se concesionaron en el gobierno de Lagos y nunca se terminaron, ese es el origen -en parte- de este problema). Obviamente que no se trata de meter a todos los ciudadanos presos (como han caricaturizado con ligereza algunos candidatos), pero si deben ir presos los que delinquen, y hoy, en las cárceles chilenas no hay suficiente espacio para los DELINCUENTES. Aquí en Chile no estamos metiendo presas a inocentes palomas, y resulta asombroso que candidatos y jueces estén insinuando que ya no deberíamos meter más gente a la cárcel, porque tendríamos "suficientes" encarcelados. Como si el asunto fuera completar una cuota de reclusos predefinida, un absurdo. El día que sobre espacio en las cárceles (y haya que comenzar a cerrarlas), podremos decir que tenemos un sistema judicial y penal que funciona (porque existirá la infraestructura necesaria para sostener la demanda por espacio para reclusos y porque habremos disuadido a la delincuencia... haciendo innecesario los lugares de reclusión). Mientras eso no ocurra, no nos pueden dar como justificación el argumento absurdo de que tenemos demasiados presos, y menos, hacer como que aquí no pasa nada y no se puede hacer nada... lavándose las manos cual Pilatos. Y por cierto, que no nos hable Frei de la necesidad de impulsar planes de prevención, porque él y su coalición llevan 20 años en el poder, tiempo suficiente para haber implementado los planes que ahora propone. Finalmente, y ante el argumento de que la delincuencia responde a los niveles de pobreza... habría que decir que es una tremenda contradicción, pues la propia Concertación se ufana de haber reducido al 13% la pobreza... ¿cómo es entonces que los pobres disminuyen y la delincuencia crece? Además, esa es una estigmatización impresentable, pobre no es sinónimo de delincuente.

Duro enfrentamiento entre Poder Judicial y candidatura oficialista. Declaraciones de Milton Juica, presidente (s) del máximo tribunal, generaron molestia en el abanderado y su comando, en el que pidieron a abogados constitucionalistas analizar el alcance de los dichos del juez.

En la sala del pleno de la Corte Suprema y aprovechando un desayuno con la prensa, el presidente (s) del máximo tribunal del país, Milton Juica, criticó duramente al candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, por responsabilizar a los tribunales de la denominada "puerta giratoria".

"Que se cree una sensación de inseguridad es más bien una cuestión de desinformación; que puede ser por ignorancia de la persona que no maneja temas jurídicos, o de mala fe, sabiendo que eso le significa mejoras de carácter electoral", dijo el ministro Juica.

En medio del encuentro con los periodistas, el magistrado leyó el mensaje que tiene el Código Procesal Penal, el que señala que con el nuevo sistema se busca racionalizar y limitar al máximo la medida cautelar de privación de libertad y se resalta el principio de inocencia. Al finalizar su lectura aseguró que esas palabras eran de autoría del ex Presidente Frei.

El vocero del máximo tribunal calificó de "sorprendente" que personas que están postulando a cargos de representación popular no tomen en serio el tema de la seguridad ciudadana, que existe, y es un tema del Estado.

En tanto, y dando cuenta de la molestia que generaron en el candidato y en el comando las palabras del ministro Juica, el equipo de la campaña oficialista dejó en manos de abogados constitucionalistas analizar el alcance de los dichos del magistrado.

El tema fue abordado ayer en el Congreso por el propio Frei junto a su jefe territorial, Jorge Pizarro. El análisis -que fue realizado en conjunto con el jefe de comunicaciones de la candidatura, Pablo Halpern, que se encontraba en Santiago- apuntó a rechazar la arremetida de Juica y validar el análisis encargado a los juristas.

"El ministro Juica se involucró en un tema que es de coyuntura y con una descalificación que no nos parece. Hizo algo súper delicado, porque hay graves y gratuitas imputaciones al ex Presidente Frei", manifestó Pizarro.

En la candidatura oficialista insinuaron además cierta intencionalidad en las críticas de Juica y plantearon que cuando la oposición ha acusado la existencia de una "puerta giratoria", "no se ha escuchado de la Corte la misma vehemencia para responder".

"Lo de la puerta giratoria es opinable, de hecho es un concepto que no me gusta, pero me llama la atención que se critique a Frei por responder una pregunta y que durante mucho tiempo no se haya dicho nada en contra de Lavín, Piñera o Espina, que son los que acuñaron este término", dijo el diputado y vocero de la postulación oficialista, Jorge Burgos.

En ese contexto fue que en el comando tampoco fue recibida de buena manera la intervención que tuvo en el tema el abogado y miembro de "Océanos Azules" Juan Pablo Hermosilla, por considerar que con sus palabras, desautorizó al ex Mandatario y validó las críticas de la Corte.

Fue cerca de las 11 de la mañana de ayer -después de que Juica hiciera sus declaraciones- que Hermosilla llegó hasta tribunales y afirmó que venía en representación del candidato para aclarar sus palabras. Si bien el vocero de "Océanos Azules" negó que lo señalado por el senador DC haya sido un error, admitió que fue una "expresión ambigua que permitió esta interpretación equivocada".

El abogado insistió en que hay "una pequeña confusión, no hay un conflicto real (...) no ha habido ninguna critica del senador Frei al Poder Judicial y si fue entendido de esa manera damos las explicaciones (...) la gente puede estar tranquila que los jueces no son ni cómplices de la delincuencia ni son irresponsables al momento de cumplir la ley".

Sin embargo, se comentó que el profesional no tenía la autorización del abanderado ni del propio comando para ir al Palacio de Tribunales a precisar los dichos de Frei del martes.

"Que se cree una sensación de inseguridad es más bien una cuestión de desinformación; que puede ser por ignorancia de la persona que no maneja temas jurídicos, o de mala fe, sabiendo que eso le significa mejoras de carácter electoral".

MILTON JUICA
VOCERO Y PRESIDENTE (S) DE LA CORTE SUPREMA


Paz Ciudadana dice que no existe la "puerta giratoria"

La directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, Francisca Werth, no cree que en Chile exista la mencionada "puerta giratoria". Dijo estar de acuerdo con las expresiones del ministro Jorge Dahm, en el sentido de que hay una alta tasa de condenados y de personas privadas de su libertad.

Reconoce, eso sí, que hay un problema en personas que cometen delitos menores, como hurtos en tiendas. "Pero, no creo que la respuesta para este problema sea la cárcel. Pienso que hay que trabajar en un sistema de justicia local o comunitaria, que sea más efectiva".

Y respecto de la prisión preventiva, que debe ser aplicada a los casos más graves, consideró delicado plantearlo como "puerta giratoria" a quienes quedan en libertad mientras se investiga, pues en Chile prima el principio de inocencia.

A juicio de la alcaldesa de Recoleta, Sol Letelier, sí hay "puerta giratoria", sobre todo en los delincuentes jóvenes. "Uno los ve delinquiendo, los detienen pero una y otra vez salen a la calle a cometer los mismos delitos". Para la jefa comunal, hay un vacío en la ley especialmente en determinados delitos y en ciertas edades.

Pero estimó que no es el momento de analizar el problema en un período. "Una vez que pasen las elecciones, tenemos que sentarnos a analizar el problemas para ver cómo hacemos para solucionarlo".

Para su homólogo de Peñalolén, Claudio Orrego (DC), es necesario mejorar los sistemas de investigación y probatorios con el fin de conseguir condenas. "Pero, hay otros casos en que los jueces son excesivamente garantistas. Yo he visto fiscales que han pedido reiteradas veces órdenes de allanamientos o 'pinchados' de teléfonos a bancas de narcos y los jueces se las niegan", afirma.

Dichos del martes

"La puerta giratoria no es mía ni del Gobierno, es de los tribunales. Esto hay que terminarlo".

EDUARDO FREI

"La puerta giratoria es una cuña propagandística que funciona muy bien en época electoral".

JORGE DAHM
Presidente de la Corte de Apelaciones

"Lamentablemente, la percepción de puerta giratoria existe, está arraigada en la comunidad y es muy dañina".

CARLOS MALDONADO
Ministro de Justicia

La polémica de ayer

"Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el ministro Dahm. Creo que aquí la puerta giratoria no existe, es una invención propagandística. Aquí lo único que tenemos es una gran cantidad de presos y lo que nos falta son cárceles para poder albergar a más gente".

EDMUNDO PÉREZ YOMA
Ministro del Interior

"Lo de la puerta giratoria es opinable, de hecho es un concepto que no me gusta, pero me llama la atención que se critique a Frei por responder una pregunta y que durante mucho tiempo no se haya dicho nada en contra de Lavín, Piñera o Espina, que son los que acuñaron este término".

JORGE BURGOS
Vocero del comando de Frei

"Fue una frase equívoca que se prestó para una confusión. (...) Haber usado la expresión puerta giratoria, repitiendo lo que le dijo la persona que le pregunta, es lo que requiere la precisión para que no se asuma como una crítica (de Frei) al Poder Judicial".

JUAN PABLO HERMOSILLA
Abogado y asesor de Frei

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¿Qué está pasando con la delincuencia?

El 20 de octubre el Ministerio del Interior publicó la estadística respecto a las denuncias y detenciones del segundo trimestre del 2009, tradicionalmente entregado en Agosto, las noticias que trae este informe no son buenas. Si bien las denuncias no son un referente directo para saber que está pasando con la delincuencia en el país, permiten generar un panorama de análisis de tendencia que refleja los principales problemas que enfrenta la población.

De esta forma las denuncias de hechos de mayor connotación social ocurridos entre Abril y Junio del presente año subieron en 7.5%. Cabe mencionar que es la mayor alza en el análisis entre trimestres desde el año 2004-2005, periodo en el cual de hechos las denuncias decrecieron en 4.1%. Sin duda, cifra compleja para el gobierno que ha mostrado hasta ahora cambios sistemáticos en la información delictual a la baja, con encuestas de victimización que ratifican menores niveles de victimización.

Pero aún más complejo para la ciudadanía cuando se reconoce que el principal delito es el robo con fuerza (41% del total), es decir el robo a viviendas y autos principalmente, seguido por el hurto (22%) y las lesiones (19%). Delitos cuyas denuncias han aumentado en este trimestre en aproximadamente 13%, 9% y 2% respectivamente. Además de concentrarse las denuncias en estos tipos delictuales, las denuncias se han descentralizado. Regiones con incrementos de la denuncia analizando el segundo trimestre del año pasado de más del 20% muestran algún proceso significativo ya sea de profunda efectividad institucional o de incremento de la criminalidad. Estas regiones son tan diversas como Magallanes, Los Lagos, Atacama y Arica y Parinacota.

Ahora bien, ¿estos datos permiten afirmar algo respecto a la delincuencia? Sin duda un incremento de esta magnitud no puede ser atribuible a una mayor confianza ciudadana en la policía y la justicia. Por ende hay una situación de complejidad del panorama delictual en el país donde si bien los delitos violentos disminuyen su denuncia, aquellos que afectan directamente la propiedad así como las lesiones muestran un cambio de tendencia preocupante. La información tiene una clara limitación por la carencia de desagregación entre los diversos delitos que componen el robo con fuerza, no sabemos si aumento el ingreso a viviendas o el robo de partes de vehículo. Sin duda, todos problemas complejos pero que requieren respuestas de política diferente y articulaciones institucionales específicas.

La información del segundo semestre donde los indicadores económicos estaban aún en declive y el desempleo en aumento debe ser analizada en su contexto pero sin duda requiere de una mirada más fina sobre la eficiencia de las iniciativas y políticas de seguridad pública desarrolladas en los últimos años.

Pero además de las denuncias, el informe también incluye las detenciones flagrantes por estos delitos desarrolladas por Carabineros de Chile, las que crecieron en 8,9% respecto al periodo anterior. Ciertamente la mayoría de detenidos se vinculan al hurto (55%) y las lesiones (20%) lo que evidencia que un importante porcentaje de hechos de robo con fuerza no generan detenidos en flagrancia, por ende no deben tener una solución directa para la víctima en términos de reposición de sus bienes o castigo a los culpables.

Lamentablemente la estadística de detenidos tampoco aporta significativamente al diagnóstico de la situación delictual. ¿Cuántos de estos detenidos son efectivamente imputados por un delito? ¿Qué tipo de procedimiento se desarrolla después de la detención?

Se puede afirmar que la situación en términos de delincuencia está peor que hace unos años atrás, queda esperar la encuesta de victimización para saber la real magnitud del fenómeno. Es obvio también que se requiere de mayor información para avanzar en el diseño de iniciativas que enfrenten los problemas específicos de cada región o ciudad por que mucha información general puede tender a aumentar la inseguridad y el desconocimiento frente a uno de los principales temas de preocupación ciudadana. Pero aún más relevante se requieren de herramientas claras para evaluar el impacto de los diversos programas implementados a nivel local y nacional tanto para la prevención, la rehabilitación y el control. La inseguridad tiene una inercia, por ende excelentes iniciativas implementadas hoy tendrán repercusión en el mediano plazo y por ende es posible esperar una tendencia de incremento para los próximos trimestres.

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Encuesta Paz Ciudadana: Delincuencia, aumentan denuncias

La encuesta señala que el índice de victimización bajó un 0,6% con respecto al mismo período en 2008, es decir, cayó de un 38,1% a un 37,5%. Sin embargo, el número de denuncias por robos efectivos creció más de un 4% con respecto al año anterior, de 42,4% a 46,6%.

Esta mañana se dio a conocer el Índice de Paz Ciudadana-Adimark sobre victimización. El estudio aborda la percepción de la gente sobre tópicos relativos a la delincuencia, como evaluación de las autoridades, sensación de inseguridad y número de denuncias.

Este indicador considera los hogares en que, al menos, un miembro de la familia fue víctima de robo o intento de robo durante los últimos seis meses. Según el estudio el 60% de los robos -o intentos- se concentran en los hogares que han sido víctimas en 3 o más ocasiones.

Las comunas de la Región Metropolitana con un mayor índice de victimización según las consultas hechas por la encuesta son La Granja (36,2%), San Bernardo (35,2%) y Concahlí (34,9%), mientras que las que registran los menores son Vitacura (19,9%), Providencia (19,8%) y Ñuñoa (19,6%).

Por su parte, en regiones, las comunas que se ven más afectadas son Concepción (44%), Puerto Montt (41,1%) -tercero se ubica el Gran Santiago (38,7)- y Curicó (37,9%). Las menos afectadas son La Serena (27,4%), Osorno (25,4%) y Punta Arenas (14,3%).

En el mismo sentido, el número de ciudadanos que sienten una "alta inseguridad" se mantiene practicamente estable, registrando un aumento de 3 décimas: en junio de 2008 marcó un 17,5% y este año 17,8%. El estudio considera además los niveles de "inseguridad media" (66,9%) e "inseguridad baja" (15,3%).

Con respecto a la evaluación de las autoridades, considerando su rol en el combate de la delincuencia, la encuesta arroja una leve mejoría del Gobierno y una baja de Carabineros y la PDI.

El Ejecutivo tenía una nota de 4,1 en junio de 2008 y hoy marca un 4,2. A su vez, la policía uniformada cayó de 5,6 a 5,4 y la civil de un 5,3 a un 5,1 durante el mismo período.

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Informe reservado revela que persisten las falencias en centros de detención de menores

Quebrantamientos de condena, hacinamiento y falta de recursos son observaciones que se repiten en Santiago. Ministerio de Justicia aplicó un artículo de la Ley de Transparencia y negó el acceso a los informes del resto del país.

Problemas de infraestructura, falta de profesionales, hacinamiento, deserción del sistema y quebrantamientos de condena son sólo algunas de las observaciones que contiene el informe de la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad del Sename y Gendarmería de la Región Metropolitana (RM).

Se trata de la segunda visita que este grupo realizó a siete centros metropolitanos con el fin de verificar las condiciones en que se encuentran los menores infractores, según mandata el reglamento de la Ley de Responsabilidad Adolescente (RPA).

Similares documentos se emitieron en todas las regiones del país. Pero el Ministerio de Justicia los declaró "reservados", y negó a este diario acceso a estos informes, aduciendo el Art. 21 de la Ley de Transparencia.Sin embargo, "El Mercurio" obtuvo en exclusiva el documento relacionado con los centros de la capital, el que desnuda una serie de problemas.

Condenas incumplidas

La comisión metropolitana concurrió el 25 de mayo al Centro Semicerrado Femenino Santiago. Allí detectó que de las siete menores que cumplían condena, sólo una estaba presente. "La tasa de incumplimiento es alta, y no se declara quebrantamiento por parte de los tribunales, pese a los informes negativos emitidos por el personal del Centro en ese sentido", dice el informe.

Da cuenta también que hay escasez de recursos, carencia de programas de actividades para las adolescentes y problemas en infraestructura.

En el Centro Semicerrado Masculino La Cisterna, las dificultades son similares. De los 23 jóvenes que derivó Gendarmería hacia ese centro, 19 quebrantaron su condena.

También detectaron falencias de infraestructura para que los profesionales puedan ejercer su labor. No hay talleres para que los jóvenes aprendan un oficio. No hay psiquiatra, y el recinto está a punto de caer en condición de hacinamiento, se informa.

El Centro Cerrado de Calera de Tango tiene 30 plazas ocupadas. "Después del fin de semana y luego del lunes, los adolescentes no reingresan al centro", acusa el informe.

Aunque aquí hay grandes espacios, áreas verdes y no se aprecia hacinamiento, la comisión detectó una deficiencia en actividades y talleres para los menores internos.

El Centro de San Joaquín cuenta con ocho casas. Allí detectaron progresos respecto del informe anterior, como ornamentación de las casas, que las hace acogedoras. Pero también se detectaron escasos recursos para las actividades.

Comunidad Tiempo Joven

El 16 de de junio la comisión visitó la Comunidad Tiempo Joven, de San Bernardo.

También se detectaron avances respecto del informe anterior, con menos hacinamiento. Sin embargo, se mantienen los cinco internos por habitación. "Los baños se encuentran en regular estado, ya que hay muchos que están deteriorados y sucios al momento de la visita", explica el reporte. "Las casas se aprecian frías y algunas piezas no cuentan con ventana", añade.

La comisión recibió reclamos de algunos adolescentes "por los techos del patio, los cuales se encuentran en mal estado y se llueven", consigna.

La disminución de la población permitió controlar los conflictos. "Se aprecian avances en la existencia de talleres en relación al período anterior, sin embargo faltan insumos para un mejor desarrollo de los mismos", lamentan los comisionados. También detectaron hacinamiento en habitaciones de determinadas casas.

En el Centro de Internación Provisoria Santiago (mixto), las condiciones son mejores. En el sector femenino funcionan talleres de vestuario, donde las internas reciben clases.

En el sector masculino hay talleres de panadería y repostería. Pero la falta de recursos no permite desarrollar todas las actividades diseñadas, precisa el documento. "El personal parece estar agobiado y con falta de preparación para tratar a la población penal", concluye.

Finalmente, la Sección Juvenil de Puente Alto, administrada por Gendarmería, fue visitada el 11 de junio. Algunos dormitorios no tienen vidrios en sus ventanas. Los baños son "absolutamente insuficientes", y también detectaron hacinamiento en los dormitorios. Respecto de las consultas sobre actividades de reinserción, los encargados respondieron a la comisión que "Gendarmería no cuenta con recursos para financiar actividades de ese tipo", según plantea el escrito.

Subsecretario: "Estamos enfrentando las falencias"

El subsecretario de Justicia, Jorge Frei, informó que estas comisiones funcionan a partir del año pasado en virtud del reglamento de la Ley de Responsabilidad Adolescente (RPA). Hasta ahora, han emitido dos informes respecto de las visitas que han realizado a los centros.

"Nosotros hemos analizado en profundidad estos informes y sus conclusiones y estamos enfrentando oportunamente las falencias que allí se señalan", explicó la autoridad.

Puso como ejemplo el caso de la falla de la caldera de la Comunidad Tiempo Joven, de San Bernardo, cuyo problema fue informado por la comisión. Ésta fue repuesta y ahora funciona.

Nicolás Espejo, consultor de UNICEF en Chile, valora que estén funcionando en todas las regiones.

UNICEF participa en una secretaría técnica con el Ministerio de Justicia, donde se discuten mejoras al sistema. Esta coordinación ha mejorado algunos puntos, como establecer periodicidad de las visitas a los centros a lo menos una por semestre y que los informes deben estar listos en un plazo breve, explicó Espejo. Pero señala que el organismo internacional espera que el funcionamiento de las comisiones sea establecido por ley, con el fin de darle continuidad en el tiempo.

Los ocho expertos que elaboraron el informe

La comisión que emitió el informe estuvo integrada por Patricio Reyes, seremi de Justicia; Juan Manuel Escandón, representante del Poder Judicial; María Cecilia Ramírez, representante del Ministerio Público; Claudia Vergara y Nicolás Orellana, de la Defensoría Regional Metropolitana; Cristóbal Pascal, representante de la Unicef; Francisca Werth, de Fundación Paz Ciudadana, y Ada Torres, de la Fundación Tierra de Esperanza.

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Inédita aplicación de tobillera con GPS para controlar a imputado

El contador Nelson Podesta no puede salir del radio de tres comunas.

Nelson Podesta Esparza (50) estaba preso hasta ayer. Su defensa pidió su libertad, pero a cambio, el fiscal Alberto Aguilera le ofreció utilizar una tobillera con monitoreo GPS para que pueda movilizarse entre las comunas de Providencia, Ñuñoa y Las Condes. La defensa aceptó y el 4º Juzgado de Garantía también aprobó la solicitud, por lo que dictó la medida cautelar de arraigo en las citadas comunas.

Así, el imputado por una estafa de $250 millones utilizará exactamente el mismo sistema que controló el arresto domiciliario del millonario estafador Bernard Madoff.

De esta manera, además, la Fiscalía Oriente aplicó en forma inédita este sistema en nuestro país. Se trata de un plan piloto que contempla un contrato con la empresa "Familia en Línea" que, por el momento, aportó cinco aparatos de monitoreo.

"Permite saber dónde está una persona en tiempo real. La empresa tiene un sistema de monitoreo, pero no hace falta que alguien esté frente al computador, porque la información se va registrando. Al mismo tiempo, tiene un sistema de aviso para cuando la persona incumple la medida cautelar impuesta por el tribunal de garantía", explicó el fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz.

El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, afirmó que "estamos legislando para instaurar este mecanismo para el control de las penas alternativas a la prisión, para los casos más graves de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar".

Existen dos sistemas disponibles: una tobillera con GPS que aporta todos los movimientos del imputado y un brazalete para controlar arresto domiciliario.

"Cuando la persona ingresa a la zona de restricción establecida por la fiscalía, nos envía un mensaje que indica que el imputado está burlando lo acordado. Inmediatamente, se toma contacto con el fiscal y se le avisa que la persona está en un área prohibida", dice Carlos Riera, ejecutivo de "Familia en Línea".

El sistema tiene un costo de 350 dólares mensuales ($180 mil). El GPS debe ser recargado a diario, durante una hora. Si no es recargado, el sistema envía una alerta y comienza a vibrar. Si el portador lo interviene o corta, también avisa. El imputado incluso se puede bañar con él.

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La delincuencia es el principal problema que debe solucionar el Gobierno

El último sondeo realizado por el Centro de Estudios Públicos, arrojó que un 54% de los chilenos considera que es el problema más significativo que agobia a la ciudadanía, seguido por la salud y el desempleo.

Según la encuesta revelada hoy por el Centro de Estudios Públicos (CEP) la delincuencia es la principal preocupación de los chilenos con un 54% de las menciones, aumentando significativamente en diez puntos respecto al mismo estudio realizado en mayo-junio.

En segundo lugar se ubican los problemas relacionados con la salud, con un 38% y en tercer lugar el empleo que obtiene el 37% de las preferencias.

Ante la pregunta "¿Cómo calificaría usted la actual situación económica del país?", un 33% afirma encontrarla mala o muy mala, lo que representa una leve disminución de tres puntos respecto a la medición anterior.

De estos, un 41% cree que se debe a la crisis económica mundial. Por el contrario, un 40% opina que la principal causa es el mal manejo de las políticas económicas del Gobierno.

En tanto, un 46% de los encuestados considera que la situación económica del país mejorará en los próximos 12 meses, lo que representa un alza de 11 puntos respecto de la última medición. Siguiendo esta misma línea, un 55% está de acuerdo en que las medidas económicas implementadas por el gobierno han sido efectiva.

El estudio se realizó entre el 30 de julio y el 20 de agosto pasado, con entrevistas cara a cara a 1505 personas en 154 comunas del país.

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Reforma Procesal Penal: En defensa de las víctimas

Nota: La Reforma Procesal Penal sólo da garantías a los delincuentes, no así a las víctimas, que quedan desamparadas (incluso impedidas de ir a juicio si la fiscalía decide acordar algo con el criminal, a espaldas de la víctima). Y no exagero, el papel de la fiscalía es defender a "la sociedad" frente a los criminales, no a las víctimas, que literalmente quedan a su suerte. ¿Por qué no se ha cambiado ésto si se sabe que hay un desbalance? Simplemente, porque no hay voluntad política de aceptar y corregir el error. Además, la izquierda tienden a ver a los delincuentes más como "víctimas" (de la sociedad) que como victimarios, entonces, tratan de no ser "demasiado duros".

Marcela Fajardo, de Pro Bono, afirma que el fiscal no es suficiente y han debido salir en apoyo de los afectados por delitos. Devela así, la cojera de la reforma penal. “Sin un abogado querellante, la víctima no tiene derecho a pataleo”, afirma.

La directora ejecutiva de Pro Bono cuenta que la fundación debió asumir el rol de defensa de las víctimas en casos de delincuencia y violencia, porque la fiscalía está superada o no satisface los intereses del particular afectado. Con esto, deja en evidencia la ‘cojera’ de la reforma penal hecha.

Cuando partieron, hace casi 10 años, los motivaba la tremenda demanda de los ciudadanos de escasos recursos por soluciones a problemas tan comunes como la partición de una herencia o un arbitraje. Entonces, recurrir a una corporación de asistencia judicial no era la solución –hoy tampoco- y ellos asumieron ad honorem esa labor.

Hoy, las cosas han presentado un giro. La puesta en marcha de la reforma procesal penal hizo patente la necesidad de dar asesoría legal personalizada a las víctimas, las cuales no necesariamente son representadas por el Ministerio Público y sus fiscales.

La directora ejecutiva de la Fundación Pro Bono, Marcela Fajardo, deja en evidencia esta nueva realidad indicando que debieron armar una red de abogados penalistas para asumir el rol de querellante en casos de violencia intrafamiliar y escolar y delincuencia.

-¿Cómo explicas este giro que se ha dado?

“Sí, la fundación nace como apoyo legal en un ámbito social de personas que no tenían acceso a la justicia y hoy hemos asumido un rol de apoyo a las víctimas de delitos violentos que, si bien tienen al fiscal, que representa al Estado, quedan marginados del sistema como es en la petición de indemnización de perjuicio.

-Llama la atención este giro porque se pensaba satisfecha la protección de la víctima con la figura del fiscal, más considerando que el delincuente tenía a la Defensoría. ¿La reforma quedó coja?

“Sí, hay casos en que el fiscal los representa en sus reales e íntegros intereses, pero en otros no. Es patente cuando se trata de violencia intrafamiliar, dónde la víctima necesita medidas de protección y quedan marginadas del sistema y en muchos casos, para pedir una reparación económica tienen que esperar que termine el juicio penal, para partir con el civil cuando podrían hacerlo ahí mismo.

“Además, se da que los abogados querellantes que representan a la víctima tienen una sensibilidad distinta a la del Ministerio Público o donde se necesita un abogado que maneje bien algunos temas como el género. Hay casos que ameritan la intervención de un profesional en defensa de los intereses de la víctima”.

Para graficar esto, trae a colación el caso de un taxista que atropelló a un ciclista y a consecuencia de ello, éste falleció. El drama era mayor porque la viuda era una enferma terminal de cáncer con cuatro hijos. Pro Bono intervino y consiguió una reparación económica y hoy, ambos, chofer y viuda tienen una relación.

“Creemos que debemos estar cuando la presencia de un abogado es un plus para la víctima, con un enfoque distinto o va a ir un escalón más arriba que el fiscal”, explica Marcela.

-¿Esta labor no debiera asumirla el Estado con un corporación nueva de defensa de la víctima?

“Absolutamente, este es rol del Estado. El Estado es el llamado a dar una repuesta a la víctima y si bien no me gusta el concepto de Defensoría de las Víctimas- porque muchas veces el abogado que interviene en su favor sin ser necesario, lo entorpece-. Muchas veces basta el fiscal, pero hay que tener ojo con las situaciones especiales que hay que ir previéndolas, acogiéndolas y dándole una repuesta adecuada.

“Esta posibilidad hoy el Estado no la está brindando y debería hacerlo en muchos casos. Si bien en el Ministerio Público hay unidades especializadas, no dan abasto como es en el caso de abusos de menores. Nosotros atendemos muchos casos en donde se necesita una mirada distinta que vele por los derechos de los niños”.

-¿Estamos, entonces, ante un vacío o los fiscales están superados?

“Es una mezcla de las dos, creo que hay fiscales superados y el sistema funciona con fiscales que pueden ver todo el caso y no donde algunos llegan a la primera audiencia y recién ahí leen el expediente. Se requiere fiscales que tengan una participación en el juicio y no algo tan despersonalizado como se da hoy”.

La misma profesional aclara que Pro Bono no postula que los abogados se conviertan en psicólogos de las víctimas, cuestión que deben asumir otras instituciones y así quedó explicitado en el convenio que se firmó con el Ministerio del Interior. “Si bien el abogado busca una reparación psicológica, no debe ser ese el objetivo para ponerse y por eso deben intervenir otras instituciones, pero sí, el abogado debe poner ciento por ciento su expertise en el caso”, afirma.

Marcela Fajardo también aclara que como fundación “no pretenden convertirse en el brazo armado del Estado” destinado a ‘secar’ a los delincuentes en la cárcel. El foco está puesto en las víctimas, insiste.

“Tenemos súper claro que esto es rol del Estado, pero si éste no lo hace no nos podemos cruzar de brazos y decir pucha, qué pena”, señala, cuando aclara que son otras ONG llamadas a hacer el lobby para encontrar una solución a través de un proyecto específico de institucionalidad.

-¿Sin considerar la estratificación económica, todas las víctimas tienden a conformarse con la presencia de un fiscal o recurren a un abogado particular?

“Diría que los de estrato alto recurren a un abogado particular, aunque no todos los hacen. Los otros estratos no tienen ni una posibilidad de hacerlo.

“Hay un tema cultural que hace que todos quieran contar con un abogado, y además, el fiscal puede perseguir un resultado distinto al que desea la víctima. Tu abogado es tu voz en el juicio, el fiscal no lo es. Puede que tenga la misma voz en algunos casos, pero como no es tu abogado no lo puedes dirigir. De hecho, el fiscal puede querer cerrar el juicio y sin un abogado querellante la víctima no tiene derecho a pataleo”.

En todo caso, la profesional hace una confidencia: “a nosotros, y esto es positivo, nos ha llamado la misma Fiscalía pidiéndonos que en ciertos casos pongamos un abogado querellante” lo que permite una colaboración.

Uno de las demandas que más se han incrementado en Pro Bono es la asistencia a padres que quieren una solución a los casos de bullying que se da en los colegios. “Siempre ha existido el bullying, pero no tenía una cara tan mediática y los padres nos comenzaron a llamar preguntando por la responsabilidad de los establecimientos”, dice.

Cuenta que en las primeras gestiones, las autoridades educativas explicaban que se trata de casos en donde la víctima era niño problema que tenía que ser derivado al psicólogo y sino, que los padres debían arreglárselas entre ellos, pero hoy el panorama ha cambiado y persiguen una reparación.

Marcela Fajardo cuenta también que el año pasado consiguieron la primera sentencia efectiva en Chile por un caso de grooming, donde una niñita de 11 años fue acosada por Internet y esto a pesar de que no existe la figura penal. Para eso se necesitaba abogados súper especializados.

-¿Qué explica este fenómeno?

“Que las cosas van pasando muy rápido en la sociedad y requieren una respuesta, donde las instituciones no las están entregando. Cuando partimos con el tema de bullying, hace dos años, era algo sumamente desconocido y sin legislación y pensamos que esto iba a explotar, por lo que quisimos adelantarnos.

“Esto se tradujo en un manual que elaboró el estudio Grasty Quintana Majlis. Ellos investigaron derecho comparado, qué estaba pasando en Chile y emitieron un documento que está muy vigente. El bullying fue creciendo, entre hombres y mujeres, además se suman las plataformas donde se hace más masivo como Internet y son muchas las formas como se puede vulnerar a un niño, no sólo los golpes, sino que con la exclusión o discriminación. Previmos que esto iba a derivar en un foco de violencia porque hay un brote manifiesto en la sociedad de solucionar todos los conflictos con la pelea”.

Al respecto, dice que si los colegios no asumen una postura frente a esto y promueven un cambio cultural, esto se va a convertir en algo complejo porque es transversal, no hace distingo ni de género, edad ni estrato socioeconómico.

“En mi época más de alguno sufrió con un sobrenombre, y alguna humillación, pero nosotros hemos constatado abusos sexuales entre escolares dentro de los colegios y muchos son delitos”, señala.

-¿Y qué reparación buscan?

“Bueno, primero hay que hacer entender al colegio que tiene que accionar, hay que hacer entender a los colegios que sí son responsables; algunos dicen es un juego, pero tú sabes que no lo es y por algo no permites que en tu casa tus hijos jueguen con patadas y puñetes.

“Ahora, si no lo quieren entender hay que actuar y pedir una indemnización de perjuicio y accionar civilmente. La sanción puede ser administrativa como el cierre o suspensión del sostenedor además de la indemnización económica. Además, está el castigo penal que le corresponde, en forma personal, al victimario si dejó lesiones graves o leves”.

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Rosende por bombas: "La investigación debe concretarse en resultados judiciales"

Nota: Parece una verguenza que hayan puesto ¡100 bombas! y no sepan quienes son los responsables. Esto es resultado de la falta de una agencia de inteligencia nacional, de verdad (la existente sólo opera dentro de 4 paredes, supuestamente analizando información... a mi me da la impresión que no hacen nada). Los atentados de ayer son graves, porque fueron contra dos gimnasios que estaban con clientes. Y el gobierno, ¿qué hace? denunciar los actos como delictuales y decir que "se investiga"... lo mismo que llevan haciendo 3 años. Afortunadamente, no se han producido heridos ni muertos. Hasta ahora, la única "víctima" ha sido el anarquista al que le explotó una bomba mientras la transportaba. La verdad es que uno de los peores puntos de los gobiernos concertacionistas ha sido la SEGURIDAD (o mejor dicho, la INSEGURIDAD), de la cual esperan nuestra conformidad por ser "menos inseguros que los países vecinos" ("problema de muchos, consuelo de tontos").

El Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, condenó a nombre del Gobierno los dos atentados explosivos que anoche afectaron, con un ahora de diferencia, a gimnasios de la comuna de Las Condes.

Rosende señaló que las características de los artefactos indican que “ estamos en presencia de dos artefactos de fabricación artesanal, de muy escasa capacidad explosiva con el mismo mecanismo, de modo que estamos en presencia del mismo grupo”.

Hace una semana la autoridad de Gobierno había manifestado que a los implicados “ los tenemos muy arrinconados”, pese a que hasta ahora se registra más de 100 bombazos. En este sentido, Rosende remarcó que “estamos en una etapa en que la investigación policial debe concretarse en resultados judiciales” y por ello confirmó que mañana se reunirá a primera hora con el fiscal Nacional, Sabas Chahuán y los fiscales del caso para analizar el curso de la investigación.

Anoche a dos gimnasios en el sector oriente de la capital. El primero afectó al gimnasio SportLife ubicado en Camino el Alba, en Las Condes, a eso de las 21.00. Una hora más tarde, detonó el segundo artefacto explosivo en el Balthus de Monseñor Escrivá de Balaguer, sector de Borde Río.

"INVESTIGACION AVANZADA"

A su vez la ministra vocera de gobierno, Carolina Tohá, condenó los atentados y señaló que "no vamos a tolerar que este tipo de conductas se siga desarrollando".

"En democracia no se necesitan poner bombas para plantear ninguna idea, existen los canales para poder expresarse sin intimidar ni amenazar la integridad de las personas", añadió.

A juicio de Tohá "hay una investigación bastante avanzada y que tiene que dar sus frutos. Pero es la labor de los organismos a cargo de la investigación la que debe identificar a los responsables".

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Sobre la Pena de Muerte y la Cadena Perpetua Efectiva

Nota: Ayer en el noticiero pasaron el video de cuando se derogó la pena de muerte en Chile. Aparecían alegres y aplaudiendo los congresistas de la Concertación, contestando con ironía a los abucheos de la Alianza. La mayoría concertacionista de la época se había impuesto, terminando con la máxima pena para los peores criminales. Que no vengan ahora a intentar diluir responsabilidades porque en Chile no hay pena de muerte. Esa fue una imposición de la Concertación.

Moreira: “Chile aplica la pena de muerte sólo a las víctimas inocentes y no a los asesinos"

El diputado aseguró que la colectividad hará todo lo posible para aprobar una ley de quórum calificado que permita reponer este castigo.

"No debemos esperar que hayan más crímenes horrendos para actuar". De esta manera el diputado de la UDI, Iván Moreira llamó a apoyar la ley presentada esta semana por un grupo de parlamentarios de la Alianza que busca reponer la pena de muerte en Chile.

El diputado dijo que el gobierno de Bachelet ha desestimado el debate sobre la reposición de esta condena, pero explicó que existen argumentos de destacados profesionales que demuestran que se puede aplicar esta sanción nuevamente.

"Hay muchos juristas que sostienen que sí se puede hacer, porque en Chile no se ha abolido la pena de muerte, sólo se ha derogado y gracias a que está considerada en el código de justicia militar podemos reponerla”, argumentó Moreira.

El diputado hizo un duro llamado a “no esperar que hayan crímenes horrendos para actuar” y que casos como el asesinato de Francisca Silva de 5 años, quien fue lanzada viva al mar por n vecino en Valparaíso, no se “conviertan en casos comunes”.

"En Chile no hay cadena perpetua definitiva, siempre hay mecanismos donde terminan teniendo beneficio estos asesinos (…) En Chile se aplica la pena de muerte sólo a las víctimas inocentes y no a los asesinos que gozan de privilegiados derechos humanos", enfatizó.

Frente al sondeo publicado hoy por un medio de comunicación Moreira señaló que “a la Concertación sólo le gustan las encuestas electorales y cuando se trata de un 63% de los chilenos, que quieren la pena de muerte, las desestiman".

Moreira anunció que “vamos hacer todos los esfuerzos necesarios para que aprobemos la ley de quórum que reestablecerá esta sanción", en referencia al proyecto presentado por los diputados UDI Marcelo Forni, María Angélica Cristi, Alejandro García Huidobro, Felipe Ward y Javier Hernández, el que modifica el Código Penal restituyendo la pena de muerte.

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Presentarán proyecto de cadena perpetua efectiva

Nota: Me parece lo mínimo. Que los peores delincuentes sepan que ni siquiera tendrán la esperanza de tener algún beneficio en 40 años más (una esperanza que podría hacer más llevadero el encarcelamiento), que sepan que van a morir presos.

Como un intento de contrarrestar la iniciativa que busca reponer la pena de muerte en el país, pero también para aumentar el castigo a criminales despiadados, diputados buscarán crear una sentencia que condene de por vida a la cárcel, sin posibilidad de beneficios.

Los diputados Antonio Leal y Tucapel Jiménez, elaboraron un proyecto de ley que contempla la abrogación del presidio perpetuo calificado y lo cambia por un presidio perpetuo efectivo sin beneficios.

Cuando en 2001 se abolió la pena de muerte, la ley 19.734 en el artículo 32 bis número 1 estableció que a los 40 años de pena de presidio perpetuo calificado, el condenado puede pedir la libertad condicional, decisión queda en manos del pleno de la Corte Suprema.

Pero ante la iniciativa que la semana pasada presentaron parlamentarios de la Alianza buscando reponer la pena capital, el diputado Leal, indicó que la pena de muerte no es una sanción que desincentive los crímenes, sino que victimiza al delincuente y atribuye al Estado un rol asesino que no va en contra del respeto a los derechos humanos.

“Debe eliminarse el 32 bis Nº 1 para no sea posible que una persona pueda salir de la cárcel. Una persona puede cometer un crimen a los 20 años y, con esta ventana, a los 60 años estaría caminando con libertad por las calles del país. Queremos cerrar esa ventana. El presidio perpetuo calificado debe ser permanente y no permitir que una persona salga en libertad”, afirmó Leal.

El proyecto va a ser presentado el martes ante la Cámara de Diputados y el parlamentario Tucapel Jiménez indicó que la idea del proyecto no es dar una impresión de impunidad, sino de un castigo ejemplar y de por vida para criminales como el asesino y violador de Francisca Silva de 5 años, hecho que conmovió al país.

“Los asesinos de esta calaña deben pagar en vida el daño que hicieron a la pequeña Francisca, a sus papás y a la sociedad. El mejor castigo es que pasen sus últimos días en la cárcel”, sentenció el diputado.

Jiménez advirtió que si los parlamentarios son coherentes en sus expresiones, el proyecto debiera tener una aceptación transversal en la Cámara, puesto que representantes de diversas bancadas están en contra de la idea de la pena de muerte.

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Descubren billetes falsos de Chile y Bolivia en Perú

Los pesos chilenos estaban en billetes de $5000 y $10.000, mientras que el dinero boliviano en billetes de $200 pesos cada uno.

La policía desbarató a una banda de delincuentes que falsificaban billetes de Chile, Bolivia y Perú, luego de intervenir un taller artesanal donde se retocaba el dinero en sus últimos detalles.

Un oficial de la división de estafas de la policía dijo el sábado a la AP que el taller fue ubicado en Comas, un populoso distrito al norte de Lima, "donde lo más sorprendente fue la minuciosidad del trabajo de los falsificadores que lograron reproducir elementos del billete que solo se detecta con luz ultravioleta".

"El caso aún no termina", añadió el oficial que prefirió guardar en reserva su nombre por no estar autorizado para declarar.

El diario La República publica en su edición del sábado fotos con una gran cantidad de billetes dispuestos sobre una mesa, mientras que el diario El Comercio informó que en el lugar de la intervención se encontró 1,40 millones de pesos chilenos y 9,60 millones de pesos bolivianos en billetes falsos.

Los pesos chilenos estaban en billetes de $5.000 y $10.000, mientras que el dinero boliviano en billetes de $200 pesos cada uno. Además se halló billetes de Perú valorizados en US$333.000.

Según las versiones periodísticas, La policía presume que la banda delincuencial pertenece al mismo grupo que fue capturado el 2008 con US$647.000 y $20.600 euros, tras una investigación en la que participó el servicio secreto de Estados Unidos.

En el taller se capturó al líder de la banda identificado como Felipe Mamani, de 44 años, quien podría recibir entre 5 y 14 años, según la ley penal de Perú.

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Cadena perpetua... pero ¡perpetua!

Nota: Esta es una de esas GRANDES MENTIRAS de los políticos. EN CHILE NO EXISTE LA CADENA PERPETUA. Cuando mucho, una bestia criminal como la de este caso, puede pasar hasta 40 años preso. Entonces, ¿por qué llaman PERPETUA a una condena que SI TIENE TERMINO?

Esta es la definición de "perpetua", según el diccionario de la Real Academia Española: Que dura y permanece para siempre.

SI EL GOBIERNO SE OPONE SIQUIERA A DISCUTIR LA REPOSICION DE LA PENA DE MUERTE, yo exijo que se modifique la ley y QUE LA CADENA PERPETUA SEA PERPETUA, para que un degenerado de 25 años, no salga a los 65 años a violar y asesinar a otra niña como Francisca.

¿Por qué las bestias o psicópatas (que no se sanan) van a tener otra oportunidad de asesinar? ¿por qué el gobierno se preocupa más de la vida de animales depredadores que de los ciudadanos y niños inocentes?

No sé si alguien me de "bola", pero yo voy a iniciar una campaña por ese cambio. Que animales como este, se sequen en la carcel para siempre.


La legitimidad de la pena de muerte ante el cinismo y puritanismo ético y político

El reciente y brutal crimen de la menor de 5 años, Francisca Silva, que habría sido ultrajada, asesinada y arrojada al mar por un vecino, interpela la conciencia de todo un país que se pregunta: ¿Hasta cuándo nos quedaremos de brazos cruzados sin hacer nada eficaz frente a los asesinos y violadores?. Por esta razón, me parece fundamental restablecer la discusión sobre la aplicación de la pena de muerte frente a este tipo de delitos y otros de igual magnitud ¿Por qué entonces la autoridad política reacciona visceralmente ante la posibilidad de reinstalar dicho debate en nuestro país? ¿La criminalidad creciente que “deambula” libremente por nuestras calles, especialmente la violación, secuestro y asesinato de menores no amerita la aplicación de dicha pena? ¿Por qué la autoridad no actúa con la misma vehemencia contra los delincuentes? ¿Por qué descalifica a quiénes exigen tan solo justicia frente a crímenes horrendos que destruyen a personas y familias enteras para el resto de sus vidas?

Para eliminar la pena de muerte de nuestro ordenamiento jurídico se recurrió a una serie de sofismas y afirmaciones ideológicas, sobre todo de abogados que confunden habitualmente los derechos de la persona humana con los derechos políticos. Se llegó incluso al extremo de señalar que dicha pena era un signo de “barbarie”, una “venganza institucionalizada” o una “tortura legalizada”. Para ello, se empleó como supuesto argumento una interpretación falsa del principio ético: ¡No matarás! Sosteniendo, que en democracia, “nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie”. Ni siquiera se dieron el trabajo de pensar que el principio sobre el cual se sustentaba la legitimidad de la pena de muerte es el mismo que permite el uso de la legítima defensa ¡No hay peor soberbia que la del ignorante!

Detrás de estos planteamientos falaces hay graves confusiones. La primera de ellas y la más evidente, es la confusión entre lo que pertenece a la ética individual y lo que es propio de una ética social, lo que los autores clásicos llamaban política. Lo específico de la ética social o política es la idea de bien común, siendo la tarea prioritaria de la autoridad garantizar y promover el bien integral de cada uno de los miembros que componen la sociedad. Esto implica necesariamente proteger la vida de los inocentes, sobre todo de los más débiles, como son los niños, contra los violadores y asesinos. Aquí no estamos hablando de si la pena pondrá fin o no a dichos delitos (esa es otra discusión), sino de la realización efectiva y la aplicación eficaz de la justicia. Tampoco se trata de caer en la confusión burda entre justicia y rehabilitación…tan manoseada en estas discusiones, cómo si para rehabilitar a un delincuente fuese necesario suspender la aplicación de la justicia, y esto en el caso de que dicho delincuente sea objetivamente rehabilitable o quiera realmente rehabilitarse (sobre lo cual tengo más que una duda razonable).

Por esto no es válido racionalmente (otra cosa son las emociones o las “visceras”), sostener que nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie basándose sobre el principio no matarás, porque en ese caso el bien común sería irrealizable. Lo que es argumentable, es que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a un inocente o quitarle la vida a alguien de manera injusta. Por esto el principio no matarás, se refiere explícitamente a la persona del inocente. En este sentido, es de suma gravedad identificar jurídicamente la vida de un asesino o violador con la vida de una persona inocente. Esto constituye la negación misma de la justicia y de la democracia.

Todos sabemos, que muchas veces por exigencias mismas de la justicia, todo ser humano debe recurrir al uso legítimo de la fuerza (no confundir con la violencia) para defender su integridad personal o la de su familia, y en dicho acto corre el riesgo de matar al agresor, y hasta donde sabemos eso no lo configura en una suerte de “semi-dios”, sino en una persona que simplemente defiende el bien más preciado: su vida. Del mismo modo, la sociedad política puede y debe recurrir a la aplicación de la pena de muerte en situaciones debidamente calificadas, cuando el bien común está amenazado por una criminalidad creciente. Lo que seria impresentable e inmoral es que la autoridad no hiciese nada, o se “lavara las manos”. Esto representaría una actitud de “cinismo” o “puritanismo” moral y político, que el filósofo Jacques Maritain criticara de manera genial al señalar, que no hay que tener temor a “ensuciarse” las manos por defender la justicia y a los más débiles, sino a ensuciarse el corazón.

Como señalaba Tomás de Aquino, inscribiéndose en una larga y sabia tradición intelectual: “El bien común es mejor que el bien particular de uno. En consecuencia, el bien particular de uno sólo ha de sacrificarse para conservar el bien común. Pero la vida de algunos hombres perniciosos (criminales) impide el bien común, que es la concordia (la buena convivencia o la paz) de la sociedad. Luego tales hombres han de ser apartados de la sociedad humana mediante la muerte”. Ciertamente, muchas veces las penas efectivas de privación de libertad son eficaces, pero sabemos que en otros casos no ¿Cuántos crímenes cometieron los narcotraficantes colombianos estando tras las rejas?

En un mundo tan convulsionado intelectualmente como el nuestro, no debemos dejarnos engañar por los “ciegos conductores de ciegos”, que confunden superficialmente lo que pertenece al mundo de la barbarie con aquello que pertenece al mundo civilizado. En efecto, ahí donde algunos piensan que la aplicación de la pena de muerte es un signo de barbarie presente en un mundo civilizado, tiendo a pensar lo inverso. Es decir la no aplicación de la pena de muerte, en aquellas situaciones debidamente calificadas que así lo ameritan, es un signo auténtico de barbarie. Esta convicción personal no tiene nada de arbitrario como podría pensarse. Al contrario, ella nace de la certeza y de la urgente necesidad de responder de manera justa a interrogantes que me parecen fundamentales para la subsistencia de estado de derecho: ¿Podemos llamar civilizada a una sociedad que no es capaz de realizar la justicia? ¿Podemos llamar civilizada a una sociedad que se preocupa primero de los derechos de los delincuentes, asesinos y violadores y que no hace prácticamente nada realmente eficaz para defender a las víctimas que abandonadas en su dolor y en su sufrimiento solo esperan algo de justicia?

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El colmo: Menor que asaltó vivienda registra más de 50 detenciones

Nota: ¿Cuando el gobierno se decidirá a combatir de verdad la delincuencia? Decir que Chile es más seguro que otros países del vecindario sólo es un consuelo de tontos y una justificación que sólo puede hacer que las cosas empeoren con el tiempo. Los chilenos tenemos DERECHO a vivir tranquilos, sin temer a los delincuentes que entran y salen de las cárceles como si nada, muchas veces, sin siquiera cumplir con sus sentencias. Además, ¿qué país nos espera con chicos como este? No hacer a los menores de 14 años responsables de sus actos, sólo hará el problema más grave. Obviamente la solución no pasa por METERLOS PRESOS (saldrían peores), pero sí contribuiría a controlar el problema, que reciban un castigo que los disuada de seguir delinquiendo. Por ejemplo, ponerlos a hacer trabajo comunitario supervisado (para asegurar que lo cumplan); desde pintar fachadas (que estos mismos chicos rayan), barrer calles, etc. Que aprendan desde NIÑOS que delinquir te puede traer un mal rato (aunque sea 2 o 3 horas de aburrimiento). Es la única forma de corregir esto. Lamentablemente, el gobierno tiene la concepción equivocada de que estos chicos actuan así por ser "VICTIMAS" del sistema. Cuando la verdad es que son así, simplemente, porque pueden serlo... sin tener ningún costo para ellos (ahora, si eres menor de 14 años y asaltas a una familia en su casa, te mandan para la casa). La Concertación promueve mucho el tema de los DERECHOS, pero cuando se trata de RESPONSABILIDADES... ahí dicen poco o nada. Recién ahora comienzan a "decir" algo con las licencias de conducir con puntaje, luego de miles de muertos. Lo que ocurre es que DAR DERECHOS DA POPULARIDAD, EXIGIR RESPONSABILIDADES NO. Es una manera populista de gobernar.

El Garra, de 16 años, lideraba la banda de 5 menores que anoche ingresó hasta una casa del sector oriente, donde intimidaron con armas blancas a los residentes y escaparon en un vehículo robado.

Los delincuentes ingresaron a la residencia, ubicada en calle Camino del Misionero, Lo Barnechea, y maniataron al jardinero que se encontraba afuera del hogar. Una vez al interior del recinto, amenazaron con los cuchillos de la cocina a la dueña de casa, a los 6 hijos y a la empleada.

Sin embargo, y mientras los delincuentes registraban la casa, uno de los hijos escapó por la ventana y con el celular de su hermana llamó a Carabineros.

La policía llegó en menos de 5 minutos, pero los sujetos tomaron un auto marca Toyota Yaris Sport, que tenía encargo por robo, para escapar, iniciándose una persecución que terminó en la intersección de calles Santa Blanca con José Alcalde Delano, cuando los adolescentes chocaron el vehículo, siendo detenidos 4 de ellos.

En tanto, esta mañana quedó en libertad el menor de los delincuentes de sólo 13 años y que fue catalogado como es más violento de todos.

El líder de la banda, un menor de 16 años identificado con las iniciales F.N.O.E, alias "El Garra", presenta más de 50 detenciones y 4 órdenes de aprehensión.

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