(Infodefensa.com) Santiago de Chile – La Corporación del Cobre (CODELCO) informó de que durante el primer semestre de este año entregó por concepto de la Ley 13.196 un total de 491 millones de dólares para la adquisición de equipo militar, lo que representa una disminución del 16,8 por ciento (99 millones de dólares menos) en comparación a igual período de 2013.La Ley 13.196, también conocida como Ley Reservada del Cobre (LRC), es un cuerpo normativo creado en 1958, y modificado posteriormente en los años 1973 y 1985, que obliga a la empresa estatal minera CODELCO a entregar el 10 por ciento de las ventas de cobre y de sus subproductos al Ministerio de Defensa para la compra de sistemas de armas y equipos asociados.
El uso de los fondos de esta ley requiere la dictación de un decreto supremo reservado que está exento del trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República, y la aprobación de los Ministerios de Defensa y Hacienda y del Presidente de la República. La existencia de estos recursos no implica necesariamente que sean utilizados en el período que se generan, ya que anualmente la cartera de Hacienda determina cierto nivel de gasto en función del análisis del marco presupuestario global del país.
Nuevo mecanismo de financiamiento
Desde el año 1990 se han discutido distintos mecanismos de financiamiento para reemplazar esta ley que es considerada por parte de la opinión pública como perjudicial para los intereses nacionales, al excluir en el análisis y en la toma de decisiones al Congreso en un tema de especial relevancia para la seguridad del país
En 2011 el entonces presidente Sebastián Piñera envió al Congreso un proyecto de ley que establecía que el presupuesto de las Fuerzas Armadas estaría integrado por la Ley de Presupuesto de la Nación, que generaría los recursos económicos para las actividades generales de las Fuerzas Armadas. La Ley contemplaba un presupuesto plurianual de cuatro años discutido y aprobado previamente en el Congreso –destinado a la inversión de equipamiento bélico y sus gastos de operación y mantenimiento asociado– y un Fondo de Contingencia Estratégico (FCE) que financiaría el uso y el sostenimiento del material militar en caso de guerra externa o crisis internacionales que afectaran la seguridad exterior del país. Este fondo también se encargaría de la recuperación de equipo militar destruido o dañado por desastres naturales y la compra de ocasión de armamento en caso de existir opciones válidas en el mercado internacional.
En el caso del FCE, sus recursos estarían constituidos por los saldos transitorios de caja provenientes de la LRC no comprometidos en proyectos ya aprobados y que desde el año 2011 son administrados por el Ministerio de Hacienda. Se estima que en la actualidad bordearían los 2 mil millones de dólares.
Esta iniciativa fue aprobada en 2012 en la Cámara de Diputados. Sin embargo, desde el año 2013 no ha tenido mayores avances en el Senado en donde actualmente está radicada. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet enviará antes de finalizar este año una indicación sustitutiva que eliminará el denominado “piso” de financiamiento que el proyecto fija en 500 millones de dólares anuales por considerarlo injustificado, y buscará también terminar con los excedentes de uso exclusivo de Defensa y la inflexibilidad en su administración, a fin de optimizar la eficiencia financiera y presupuestaria
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