The Economist: Haga lo que le digo

La pareja gobernante de Argentina ha hecho que llevar a juicio la violencia política del pasado sea un tema emblemático. Néstor Kirchner, quien fue Presidente en 2003-07, y Cristina Fernández de Kirchner, su esposa y sucesora, a menudo piden “memoria” y “justicia” por las víctimas de la dictadura del país entre los años 1976 y 1983. Durante sus períodos, se ha arrestado a cientos de ex soldados acusados de atrocidades.

Esa justicia no se ha extendido a las víctimas (mucho menos numerosas) de las guerrillas de izquierda de Argentina. De hecho, varios antiguos miembros de tales grupos se han desempeñado en los gabinetes de los Kirchner. Pero la pareja asegura que no hay doble estándar, porque la Corte Suprema aprobó la reapertura solamente de casos de crímenes contra la humanidad, los que pueden ser cometidos formalmente sólo por el Estado. No obstante, el 30 de septiembre, Fernández saboteó su propia afirmación para apoyar un ajuste de cuentas apolítico con el pasado, cuando sus subalternos le recomendaron que diera asilo a un ex líder guerrillero chileno.

En 2004 Chile emitió una orden de arresto para Galvarino Apablaza, fundador de un grupo guerrillero comunista que combatió contra la dictadura de Augusto Pinochet. Los crímenes de los cuales se le acusa, sin embargo, tuvieron lugar después de la restauración de la democracia: haber planeado el secuestro de un hijo del dueño de un periódico y el asesinato de Jaime Guzmán, un senador pro Pinochet, en 1991.

Las autoridades argentinas pronto capturaron a Apablaza, quien estaba viviendo cerca de Buenos Aires con su esposa, Paula Chaín. Chile solicitó su extradición, y Apablaza pidió asilo. La Corte Suprema señaló que no fallaría sobre su extradición hasta que se solucionara el problema del asilo. El 1 de septiembre, uno de los ex compañeros de Apablaza lo acusó de ser el cabecilla en el asesinato de Guzmán. En respuesta, la Corte Suprema cambió su decisión, y determinó que debía proceder la extradición a menos que al ex guerrillero se le otorgara asilo.

Eso dejó a Fernández en un aprieto. Ella es una estrecha aliada de las Madres de la Plaza de Mayo, un grupo que protestaba contra los secuestros de sus hijos durante la dictadura de Argentina, pero que más tarde se convirtió en una organización de extrema izquierda. Ellas sostienen que Apablaza no puede tener un juicio justo en Chile porque todavía está en vigor una severa ley antiterrorista de la época de Pinochet. Fernández tiene sus propios vínculos con el ex guerrillero: Chaín trabaja en la oficina de prensa de la Presidenta.

Sin embargo, el otorgamiento de asilo a Apablaza plantea sus propios riesgos. Pondría tensas las relaciones con Chile y obstaculizaría las propias solicitudes de extradición de Argentina; tal como aquella por ocho iraníes acusados de un atentado explosivo contra un centro de la comunidad judía en Buenos Aires en 1994. Además, los Kirchner ya están recibiendo críticas por clasificar como víctimas de la “guerra sucia” a ocho guerrilleros que murieron cuando atacaron una base del ejército en 1975, lo que habilita a sus familiares a cobrar grandes sumas. Proteger a Apablaza haría que sus peticiones de justicia se vieran incluso más como una excusa para ajustar viejas cuentas.

Fernández manifestó que seguiría el consejo de la Comisión Nacional de Refugiados, un organismo nominalmente independiente cuyos miembros con derecho a voto son todos funcionarios de gobierno. El 30 de septiembre, la comisión respaldó debidamente la solicitud de asilo de Apablaza. Ésta declaró que como “un militante político” y “combatiente contra la dictadura” él “no era un ciudadano común”; lo que sugiere que los ex guerrilleros están por sobre la ley.

Chile llamó a su embajador en Argentina y postergó las reuniones bilaterales. Su Presidente, Sebastián Piñera, calificó el fallo como una “derrota para la justicia y los derechos humanos”. Su coalición incluye un partido que fue fundado por Guzmán. A varios ex guerrilleros de América Latina les agradará saber que pueden refugiarse en un país cuyos “principios inalienables”, según las palabras de Kirchner, incluyen “la lucha constante contra la impunidad”. A aquellos que les interesa la justicia tendrán que mirar para otro lado.

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