Artículo argentino: Chile y la otra realidad argentina

Mientras todo el mundo mira a Chile y se asombra con las imágenes que proyecta la televisión sobre un país que se empeña en ser muy serio y desarrollado, el gobierno argentino se empecina en esterilizar todo debate político y social.

A nadie se le ocurre en Chile discutir la propiedad con la que se mueven los medios. Nadie pretende declarar de interés público la producción de papel para diario -un tema que, sorpresivamente, será tratado en un plenario de comisiones en Diputados, el martes próximo-. Tampoco se busca desarticular a los medios, ni se les echa la culpa a los mineros por estar en las entrañas de la tierra. Simplemente, la imagen que proyecta Chile es sólida porque el país es sólido.

En la Argentina las cosas discurren por otros carriles. El Senado debatió ayer el proyecto de ley para elevar las jubilaciones al 82 por ciento del salario mínimo. Es cierto que el oficialismo facilitó el quórum que la oposición no podía lograr: el kirchnerismo buscaba no ser el responsable de trabar ese debate, pero también intentó poner freno al proyecto aprobado por los diputados de la oposición. Pero lo cierto es que, detrás de esta discusión, hay un fallo de la Corte (caso Badaro) y más de 400.000 juicios.

Hace seis años, el tribunal ordenó que se pague a un jubilado una actualización por los períodos 2002 y 2006 y, como consecuencia de una intimación de la Corte, en octubre de 2008 el Congreso fijó una fórmula de reajuste que resultó insuficiente. Por eso, el proyecto, más allá del resultado en el recinto, es la punta para hallar una solución más global y resolver el corazón de aquellos cientos de miles de juicios pendientes.

Hasta ahora, el Gobierno prefirió convocar el mismo fantasma que despertaba el menemismo: pagarles a los jubilados pone al país al borde del default. Sólo hubiera faltado que se acuse a los jubilados, quienes aportaron toda la vida, de ser infames traidores a la patria. Equivale a haber culpado a los mineros por haber bajado a la mina.

En la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados se dio otro debate, más silencioso: los constitucionalistas María Angélica Gelli, Alberto García Lema, Juan Sola y Antonio María Hernández explicaron a algunos diputados de la oposición -no estaban presentes los del oficialismo- que los fallos de la Corte deben ser cumplidos y que, para reponer al ex procurador Eduardo Sosa en su cargo, hay que sancionar una intervención, si se quiere leve y progresiva, sobre Santa Cruz.

Lo importante no es tanto que se reponga a Sosa, sino cumplir las sentencias del alto tribunal, árbitro final del sistema. El principio es elemental, pero el debate se degradó tanto que parece una exigencia incumplible.

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