Cinco puntos tiene la nota diplomática de protesta que el 4 de octubre envió la Cancillería al gobierno de Argentina. En ella, junto con señalar que "el Gobierno de Chile se hace el deber de manifestar que no comparte en absoluto y lamenta profundamente" el asilo otorgado a Galvarino Apablaza, agrega que éste "es prófugo de la Justicia por dos gravísimos delitos: el único asesinato en la historia de Chile de un senador de la República y por el secuestro terrorista del señor Cristián Edwards, hechos ocurridos en 1991 en plena democracia".
En sus párrafos centrales se señala que "la República de Chile goza de un Estado de Derecho que da plenas garantías lo cual es desconocido por la Conare".
"La Conare, sin razón justificada, demoró por más de cinco años la resolución por la solicitud de Apablaza, presentada por éste sólo con posterioridad a la solicitud de extradición de la Corte Suprema y después de haber residido en ese país de forma clandestina por 10 años".
"Ella, asimismo, dificulta la administración de justicia, entorpece la lucha contra la delincuencia y vulnera el ejercicio de los familiares de las víctimas. Todo lo anterior constituye un duro golpe a los DD.HH. y a la justicia en Chile".
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