Gobierno delinea nueva política migratoria: flexibilizará visas, pero agilizará expulsiones

Hoy las causales de expulsión son muy restrictivas y los ilegales pueden recurrir a la Corte Suprema para dilatar el proceso.

Chile pasó de ser un emisor a ser un receptor de flujo migratorio. El 3% de la población y el 6,7% de la fuerza laboral son inmigrantes, cifras que aún están lejos de España, por ejemplo, donde el 12% de sus habitantes son extranjeros.

Más de 365 mil extranjeros viven legalmente en Chile, cifra que representa un aumento de 50% respecto de lo que se observaba en 2004.

Si a estos datos de Extranjería se suman las estimaciones que hace la Policía o el propio Comité de Refugiados respecto de los indocumentados, el total de inmigrantes en Chile se aproxima fácilmente a las 500 mil personas.

Pese a este salto extraordinario, la legislación chilena en materia migratoria se ha mantenido prácticamente intacta desde 1974. Por esto, el Gobierno está delineando modificaciones de fondo, las que apuntarían a flexibilizar el sistema de visas temporales y, como contrapartida, agilizar los procesos de expulsión de los que se mantengan indocumentados.

Actualmente, las causales de expulsión son altamente restrictivas, y una vez que los irregulares son notificados por parte de la policía tienen la opción de recurrir hasta la Corte Suprema para dilatar el proceso.

Plan en estudio

La Policía estima que la población de extranjeros irregulares asciende a 23 mil personas de todas las colonias, mientras que el presidente del Comité de Refugiados, Rodolfo Noriega, habla de, al menos, 50 mil indocumentados, sólo considerando a los peruanos.

El principal flujo de información que maneja el Comité de Refugiados es el número de expulsiones que se producen cada mes: entre 200 y 500 personas, las que son puestas en la frontera, pero que generalmente vuelven a ingresar irregularmente dado que sus familias están avecindadas en Chile.

Esta situación es precisamente la que pretende atacar el Gobierno, con la elaboración de una nueva política migratoria.

En el plano legislativo, la idea sería actualizar la Ley de Extranjería y ponerla a la par de los cánones de un país que, en las últimas dos décadas, pasó de ser un emisor de emigrantes a ser un receptor neto de flujo migratorio.

Los extranjeros representan un 3% de la población total del país, cifra que todavía está lejos del 12% de España o de la media europea, que es de 6%. Si se analiza como porcentaje de la fuerza de trabajo, los extranjeros en Chile son un colectivo relevante, que alcanza el 6,7% del total.

Política defensiva

El sistema para obtener visas de trabajo es tan engorroso, que un número importante de inmigrantes opta por mantenerse en la informalidad en lugar de buscar los medios para regularizar su situación, dice el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla.

Para obtener una visa de residencia temporal, los inmigrantes deben acreditar un contrato de trabajo vigente. El problema es que si ese contrato vence o si cambian de trabajo a los pocos meses, ese permiso caduca automáticamente y deben realizar todo el trámite de nuevo, con el costo que ello implica.

Este trámite tiene un valor que en algunos casos representa casi un sueldo completo de un trabajador. Para los inmigrantes bolivianos, una visa temporal cuesta US$ 281; para los colombianos, US$ 205; para los ecuatorianos, US$ 155, y para los peruanos, US$ 80.

El tema no es menor si se considera que el 85% de los extranjeros avecindados en Chile desempeñan tareas de temporada -obreros y jornaleros-, y cambian de empleador varias veces al año.

La idea que estudia la autoridad es implementar un sistema de visa más flexible.

"No se elimina la exigencia del contrato para obtener la primera visa. La modalidad que estamos estudiando es que los inmigrantes adquieran un periodo de residencia temporal que les dé la posibilidad de conseguir un segundo contrato, sin pasar inmediatamente a la condición de ilegales", explica Ubilla.

Finalmente, se evalúa la creación de una nueva visa para aquellos residentes de países que vienen a atenderse en clínicas y hospitales chilenos. Al no tratarse de turistas ni residentes temporales, se encuentran en una zona gris que dificulta fiscalizar su tiempo de permanencia.

Esto facilita el nacimiento de niños extranjeros que, bajo el actual esquema, ostentan la condición de apátridas y se convierten en un dilema complejo para el Estado chileno. Esto, porque el único mecanismo que existe para que una pareja de indocumentados pueda regularizar la situación de sus hijos es reportarse en la policía internacional y exponerse a una expulsión. En ese caso, no pueden volver a Chile, por mucho que una parte de sus respectivas familias sigan avecindadas acá.

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