- Relacionado: Alan García insinía que Chile promueve las protestas y violencia en Perú - OEA condena violencia en Perú y pide respeto a garantías judiciales
El rollo increíble del ‘salvador de la patria’.
Antes que un gobierno apesadumbrado por todas las muertes dolorosas ocurridas en Bagua –cuyo recuento aún no termina–, lamento percibirle oportunismo para ocultar sus errores a través de la construcción de un respaldo en base a la aceptación –sin chistar– de que la crisis de la Amazonía es una conspiración contra la democracia; de que, frente a ese complot, el único salvador de la patria es Alan García; y de que todos los que discrepen de él pueden ser considerados hasta terroristas.
Ese ha sido el discurso oficial desde que se conocieron las primeras muertes. El presidente García –con sus ministros y medios que lo apoyan a ojos cerrados– sostiene que la protesta de los nativos es “una agresión que es producto de una conspiración de los que no quieren que el Perú progrese, o por intereses externos o por ignorancia elemental”. Agrega que son terroristas que quieren armar “otro Andahuaylazo”.
Para aceptar una acusación de esa gravedad no es suficiente que la anuncie el presidente, sino que debería esforzarse por darle credibilidad. Sus seguidores aceptan sus dogmas de fe sin preguntar, pero el resto de peruanos –empezando por la prensa independiente– tiene la obligación de exigir pruebas.
No se puede aceptar tan fácilmente que son terroristas los nativos que han peleado en las guerras contra Ecuador y que sufren una antigua intolerancia e indiferencia de los gobiernos centrales. El origen de sus reclamos es legítimo, aunque sin duda no las matanzas que realizaron. El ‘Estado limeño’ debió escucharlos con atención y no pelotear el tema, por dos meses, entre el Ejecutivo y el Congreso. Ahí radica una responsabilidad crucial de lo ocurrido. Cuando un gobierno recurre al balazo como instrumento de solución de conflictos está renunciando a su misión de gobernar y revelando una gran debilidad.
El gobierno no puede mentir como cuando cuenta muertos, ni violentar el debido proceso como quiso, para detener a Alberto Pizango, la ministra de Justicia, siempre apurada por la tinterillada que satisfaga al presidente. Hizo bien, por ello, en responderle con energía el presidente de la Corte Suprema.
El gobierno erró en la ejecución de la incursión, no consideró los informes de inteligencia y envió como carne de cañón a valerosos policías. Tampoco supo manejar el fondo de la negociación con los nativos amazónicos principalmente porque no tiene vocación sincera de diálogo con los que considera ‘perros del hortelano’.
Que el gobierno no lo reconozca no implica que se le deba aceptar, por ingenuidad o interés, sus engaños. Pero ya están advertidos lo mal que van a pasarlo todos los que, a partir de ahora, no se traguen el sapo presidencial con su ‘verdad oficial’. Pueden acabar hasta de terroristas.
Artículo original
No hay comentarios.:
Publicar un comentario