La Cámara de Diputados ratificó el miércoles por mayoría el Estatuto de Roma y ahora Chile podrá adherir a la Corte Penal Internacional (CPI) que juzga los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Chile tardó 10 años en ratificar la CPI y era el único país latinoamericano que faltaba por realizar el trámite.
Los diputados aprobaron el Estaturo de Roma por 79 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención. El Senado lo hizo en mayo.
"Aquí nosotros entregamos voluntariamente a un Tribunal Internacional el derecho a procesar crímenes que no están en condiciones de procesar los tribunales nacionales. No se cede un ápice de soberanía y se está contribuyendo al bienestar y a los derecho humanos internacionalmente", dijo el canciller Mariano Fernández tras la votación.
La adhesión a la CPI no es retroaciva y sólo podrán juzgarse los crímenes de su competencia luego de que sea promulgado en los próximos días por la presidenta Michelle Bachelet y reciba el visto bueno del tribunal Constitucional.
En Chile no podrá ser llevado a la CPI ningún militar o civil acusado de haber violado los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) porque tratarse de hechos anteriores a la adhesión a la Corte.
El Estatuto de Roma data de 1998 y la CPI funciona desde el 2002, cuando fue ratificado por más de 60 naciones.
La demora en la aprobación chilena se debió a que el gobierno no contaba con los votos necesarios en el congreso y debió negociar con la oposición derechista. También debió reformar su Constitución para reconocer la jurisdicción de la CPI.
"Es un momento histórico para Chile en materia de los avances que hemos hecho en este país en asuntos relativos a los derechos humanos. El Tribunal Penal Internacional no solamente tendrá una gravitación importante respecto de crímenes sino también va a terminar con la preparación de tribunales ad hoc. Ya no habrá más tribunales especiales", añadió Fernández.
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