La respuesta a la compra de armas de Chile.La carrera armamentista en la que está Chile desde hace mucho tiempo es imposible de camuflar y volvió a asomarse con la adquisición de los 18 aviones F-16 y el anuncio de que, en los días siguientes, gastarán US$450 millones más que se sumarán a uno de los stocks militares más potentes del continente.
El comandante en jefe del ejército chileno, Óscar Izurieta, ha descartado que dichas compras sean parte de una carrera armamentista, y sostiene que la única intención de las mismas es lograr el nivel de defensa que les permita vivir en paz, y que cada país es soberano para determinar cuál es ese nivel.
Pero, por más justificaciones que ofrezcan las autoridades chilenas, es obvio que su objetivo es –si ya no lo han conseguido– convertirse en la principal potencia militar de la región. Lo que también es evidente es que uno de los múltiples objetivos eventuales de dichas adquisiciones incesantes es su vecino país del norte, es decir, nosotros.
¿Qué hacer? Una respuesta posible es, como ahora están sosteniendo –con insistencia chillona– algunos parlamentarios, militares y periodistas, meternos a la carrera armamentista. Eso satisfaría a los que están legítimamente preocupados por el armamentismo chileno, pero también le daría en la yema del gusto a uno de los lobbies tradicionalmente más dañinos y corruptos en la historia peruana: los vendedores de armas.
Estos se taparon de plata con el fujimontesinismo –y hoy andan de lo más campantes como si nada hubiera pasado–, pero siempre han estado dando vueltas en todos los gobiernos, cobrando y pagando unas comisiones sensacionales.
El Perú viene haciendo algunas compras de armamento dentro de las posibilidades, que no son muchas, pero meternos a competir con Chile en ese campo tiene varios obstáculos.
El primero es que la diferencia que ese país le ha sacado al nuestro en equipamiento militar es tan grande que tomaría demasiado tiempo siquiera acercarnos. El segundo es que no tenemos tanta plata. Junto con las necesidades militares, el Perú tiene un enorme atraso de inversión social vinculada a la calidad de vida de la población y, también, a asuntos de seguridad interna; vean nomás lo que está pasando en el VRAE.
Es obvio que hay que hacer un gasto militar, pero este debe ser hecho con fines defensivos y dentro de los planes ya diseñados desde los tiempos del ex ministro Allan Wagner. El financiamiento debe provenir de recursos públicos y no de un canon especial como el aprobado en la Comisión de Defensa del Congreso, pues el criterio de ‘caja única’ es indispensable para el orden de las finanzas públicas y para evitar la ‘privatización’ de los recursos públicos.
Artículo original
No hay comentarios.:
Publicar un comentario