A CORUÑA.- Los empresarios pesqueros chilenos agrupados en Sonapesca y el gremio de armadores nacionales de Chile rechazan el permiso concedido a los barcos españoles para arribar a puertos nacionales en el marco del acuerdo sobre la población de pez espada en el Pacífico sudeste suscrito por la cancillería de Chile y la Unión Europea en octubre de 2008.
Con este convenio, Chile autoriza que buques españoles dedicados a la captura de pez espada fuera de sus aguas nacionales puedan utilizar los puertos chilenos para abastecerse, tal y como contempla la Organización Mundial de Comercio. Los pescadores chilenos lamentan la tardanza en enterarse del acuerdo y el desconocimiento de su alcance.
El presidente de Sonapesca, Federico Silva, afirmó haber recibido la noticia con "sorpresa y preocupación" y añadió que lo más grave es que "Chile está entregando los puertos sin que se sepa qué recibe a cambio y sin que quede claro si se está protegiendo la sostenibilidad del recurso".
Competencia desleal
En la misma línea, el presidente del gremio de armadores, Hugo Arancibia, denunció que esta autorización significará "una competencia desleal, porque los buques españoles disponen de una mejor tecnología" que los chilenos. Además, aseguró que al recalar en puertos nacionales, no mandarán sus capturas a España sino a EEUU, "que es el país que nos compra el 95% de la captura nacional, lo que significa que nos van a expropiar el mercado".
El dirigente de los armadores chilenos se queja de que no disponen de medios para controlar si los buques españoles entran en la Zona Económica Exclusiva (200 millas de la costa) y que algunos albacoreros "ya han sido vistos en puertos del país".
La Administración chilena admite la existencia de un preacuerdo pero matiza que debe ser ratificado por los Gobiernos de Chile y España para que pueda entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2010. Además, el Ejecutivo chileno pone en duda que los buques españoles estén atracando actualmente en las instalaciones portuarias de Chile. Este preacuerdo establece que los puertos de recalada serán designados por Chile y que el número máximo de buques autorizado a tal acceso no será superior al que existía cuando se firmó el acuerdo.
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